Impunidad y olvido: la doble 'condena' de las víctimas de ETA

Algunos no tienen nada, ni culpables, ni documento alguno que indique cómo pudo haber sucedido. Han sido expurgados. Sólo les han legado el dolor de décadas de olvido y un oscuro vacío judicial como único pésame del Estado de Derecho. Son casos que han muerto en la indiferencia, en el último lugar de la lista de asesinatos olvidados y crímenes impunes. De entre ellos, algunos ya ni siquiera podrán reactivarse, otros sólo lo harán muy parcialmente y en la práctica totalidad nunca llegarán a esclarecerse del todo. El tiempo transcurrido volvió a matarles en vida. Son apenas una veintena de sumarios de entre los 307 asesinatos de ETA que siguen sin autoría conocida.

En su mayor parte, los 20 'sumarios del olvido' hacen referencia a atentados cometidos por la banda terrorista ETA. Conviven con otros que en aquella década gris y dolorosa se asignaron a grupos de extrema derecha que operaban en el País Vasco a finales de los 70 y comienzos de los 80. El caso más reciente se remonta a 1989.

La Audiencia Nacional se ha propuesto rescatarlos, darles, al menos, una última oportunidad para 'enterrarlos' con dignidad. La veintena de sumarios rescatados del olvido de la Justicia y que ahora han sido reabiertos corresponden a procesos que se incoaron en su día por diversos juzgados de instrucción del País Vasco y que han permanecido inactivos e incompletos durante décadas tras sobreseerse provisionalmente. Se trata de crímenes cometidos principalmente por ETA y que tuvieron lugar entre el quinquenio 1977-1981, lo que hace pensar que la mayoría ha prescrito ya. Lo que no caduca es el derecho a la verdad que tienen los familiares de los asesinados a conocer quiénes fueron los pistoleros y que la Audiencia Nacional aspira a paliar en la medida que sea posible.

La reapertura de estos casos ha sido posible gracias al trabajo de la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional, que ha recabado los datos de todas las víctimas y ha completado el listado aportado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Ello ha permitido conocer la existencia de procedimientos que se iniciaron en su día en diversas provincias y que no se habían elevado a la Audiencia Nacional, órgano jurisdiccional creado en enero de 1977 y el único competente para la investigación de los delitos de terrorismo en España. En algunos casos se trata de sumarios cuya vinculación con el terrorismo se llegó a poner en duda.

Con esa información, la Fiscalía abrió diligencias de investigación y solicitó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil informes que acreditaran que todos los casos eran de naturaleza terrorista, antes de presentar las correspondientes denuncias. Interpuestas éstas, las causas se han repartido entre los seis juzgados centrales de instrucción para que lleven a cabo las pesquisas que permitan identificar a los autores de los crímenes, cometidos en mayor número por ETA (17) pero también por otras organizaciones terroristas como el Batallón Vasco Español o los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

La Audiencia Nacional reabre una veintena de causas que juzgados del País Vasco sobreseyeron de forma provisional y que han permanecido olvidadas durante décadas

Magistrados y fiscales libran una batalla contra el reloj, dado el tiempo transcurrido desde que se perpetraron los hechos objeto ahora de investigación y la (casi) certeza de que esta veintena de casos -cuyas víctimas se suman a los 307 casos sin autoría conocida contabilizados por la AVT- no podrá llevarse a enjuiciamiento al estar ya extinguida la responsabilidad penal de los autores de los atentados.

El Código Penal fija en 20 años el plazo de prescripción del delito de asesinato, por lo que todas las acciones terroristas cometidas antes de 1999 quedarán sin sentencia. Al menos sobre el papel. La única posibilidad para sentar a los autores en el banquillo de los acusados es que exista una diligencia judicial que hubiera interrumpido la prescripción.

Es lo que permitió a finales del pasado año al fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo de Azcárraga -nombrado en junio de 2018 coordinador de los crímenes terroristas sin esclarecer- evitar que prescribiera el atentado sufrido por un policía nacional el 30 de enero de 1990 en la localidad vizcaína de Galdakao tras estallar una bicicleta bomba que le alcanzó de lleno cuando se disponía a montarse en su coche. Una providencia judicial acordando que se dedujera testimonio tras la confesión de un acusado en otro procedimiento permitirá que los tres integrantes de aquel comando etarra terminen siendo juzgados.

Localización de documentos

Cuando el representante del Ministerio Público localizó ese documento quedaba tan sólo un mes para que se cumpliera el plazo de prescripción. El caso está pendiente de que se señale la fecha de juicio y de que Francia acceda a entregar a uno de los terroristas, a lo que se negó inicialmente alegando prescripción. Y eso pese a que desde hacía años estaba vigente el Convenio de Dublín (1996), que, en su artículo 8, establece que no se puede denegar la extradición por el hecho de que la acción o la pena hayan prescrito "con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido".

Un caso similar es el del asesinato del teniente coronel del Ejército del Aire Juan Romero Álvarez el 21 de junio de 1993 en Madrid. ETA colocó un coche bomba al paso del microbús en el que viaja camino del trabajo. La explosión provocó la muerte de siete de sus ocupantes. En 2013, y a escasos días de que el caso prescribiera, su hijo Pablo logró reactivarlo tras localizar nueva información sobre el atentado. Durante varios años continuó investigando por su cuenta y rescatando del olvido y la desidia del Estado el expediente de su padre. El caso sigue pendiente de ser juzgado.

La situación en la que se encuentran los sumarios ahora 'resucitados' por la Audiencia Nacional es muy dispar. En algunos de los atentados apenas se logró abrir diligencias y recabar una información ínfima. En otros es más abundante, varios tomos, pero tampoco suficiente como para determinar lo que sucedió, las autorías y todas las circunstancias del crimen. Incluso en varios de ellos los sumarios ni siquiera existen; fueron expurgados, destruidos.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo recuerdan que la remisión de esta veintena de casos desde los juzgados del País Vasco a la Audiencia Nacional y su reapertura en ningún caso supone que puedan ser esclarecidos ni que se pueda avanzar mucho en sus diligencias. Se trata de casos muy antiguos, de finales de los años 70 y comienzos de los 80. Además de haber podido prescribir, será difícil poder recabar nueva información o documentación: "Reabrir un sumario no quiere decir que se vaya a esclarecer. No se puede asociar una cosa y la otra. Quizá se puedan solicitar algunos informes, intentar recabar más información que puedan tener los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado u otras instancias en cada caso, pero eso no quiere decir que vaya a dar frutos", asegura Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT.

Un fiscal de la Audiencia Nacional, sobre los 'papeles de ETA': "La labor es ardua y frustrante. La esperanza no debe perderse, pero tampoco hay que crear falsas expectativas"

El proceso ahora en marcha al menos podría contribuir a arrojar más luz sobre qué sucedió y acercar a las víctimas a la verdad de estos atentados que acumulan casi cuatro décadas de olvido. La mayor parte de los sumarios proceden de juzgados de Bilbao y San Sebastián, donde se produjeron los atentados. Fueron años en los que la actividad terrorista era tan intensa que complicaba sobremanera la investigación e instrucción de los casos y su seguimiento, a lo que hay que sumar la carencia de medios y la menor preparación de los investigadores en relación a la formación que tienen hoy. En ese periodo la actividad de ETA no era la única. Diversos grupos de extrema derecha (Triple A, Batallón Vasco español), el Grapo o incluso los Grupos Antiterroristas de Liberación convivieron en un periodo convulso para la sociedad vasca en particular.

La instrucción que ahora pueda ampliarse se llevará a cabo mientras guardias civiles y policías nacionales expertos en ETA analizan los papeles aportados por Francia hace ahora justo un año. Hay trabajo por delante. Marcelo de Azcárraga descarta que esa labor pueda acabarse durante 2019, dado el volumen del material a verificar y la minuciosidad de la tarea.

307 crímenes de ETA sin autoría

Se confía en que los miles de documentos y dispositivos (cintas de casete, disquetes, CPU, pendrives...) que se analiza desde hace meses ayuden a esclarecer alguno de los 307 crímenes de ETA aún sin autoría, según la AVT. "La labor es ardua y frustrante. La esperanza es lo último que debe perderse, pero tampoco hay que crear falsas expectativas", señala De Azcárraga, que no oculta que se trabaja con "la espada de Damocles de la prescripción".

Décadas después de que se perpetraran los atentados, y con la banda terrorista ya extinguida, familiares de decenas de víctimas que integran el sanguinario historial de ETA siguen a la espera de conocer quiénes fueron los que activaron el coche bomba o apretaron el gatillo. Quizá la responsabilidad penal nunca se podrá depurar, pero al menos se confía en satisfacer el derecho a la verdad de lo ocurrido.