10-F: ¿Y ahora qué?

Guerra de cifras al margen, PP, Ciudadanos y Vox lograron sacar a la calle este domingo a varias decenas de miles de ciudadanos para denunciar las “intolerables cesiones” al independentismo catalán y presionar a Pedro Sánchez para que convoque ya los comicios generales. ¿Y ahora qué? Apagado el eco de las proclamas y recogidas las banderas, el país vive una semana decisiva con el inicio del juicio a los líderes secesionistas y la votación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados, cuyo éxito o fracaso determinará en gran medida el futuro electoral.

A la espera de constatarse si el jefe del Ejecutivo logra sacar adelante las cuentas y garantizarse su continuidad en La Moncloa hasta 2020, estos son los escenarios que se abren a corto plazo.

• Moción de censura. Fue la vía por la que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia hace ocho meses y el procedimiento que podría desalojarlo antes de que expire la legislatura… si la oposición sumara una mayoría parlamentaria. No es el caso, motivo por el que ni PP ni Ciudadanos han registrado aún moción en la Cámara Baja. “No descartamos nada porque el Gobierno no va a dejar de negociar [con los independentistas]”, ha declarado este lunes a Onda Cero el presidente popular, Pablo Casado, que reconoce que las mociones de censura se presentan “para ganarlas” y las cuentas hoy no le salen. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de una moción de censura, que ha de ser propuesta por al menos la décima parte de la Cámara y que requiere mayoría absoluta para su aprobación. Con la actual correlación de fuerzas, no parece el escenario más probable.

• ¿Del 155 al 102? Estrenado el artículo 155 tras el referéndum ilegal del 1-O, existe otro precepto constitucional que nunca se ha aplicado hasta ahora: el 102. Enmarcado en el Título IV (Del Gobierno y la Administración), la disposición abre la puerta a actuar contra los miembros del Ejecutivo en caso de delitos de traición o contra la Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, debatiéndose solamente si la iniciativa cuenta con el respaldo de al menos una cuarta parte de los diputados (88). ¿Ha traicionado Pedro Sánchez al Estado por sus negociaciones interrumpidas con el Govern, incluyendo la aceptación de la polémica figura del ‘relator’? ¿Tienen encaje la grandilocuencia de las declaraciones periodísticas con los hechos?  “Jurídicamente es difícil de montar, pero políticamente es una llamada de atención potente”, resume José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Fuentes consultadas por este diario dejan entrever que los servicios jurídicos del PP han analizado este punto de la Constitución y el artículo del Reglamento del Congreso (169) que lo desarrolla. Como sucede con la moción de censura, para que prospere la iniciativa de acusación -antes de elevarse a la Sala Segund del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional competente- se requiere también mayoría absoluta, lo que aleja la posibilidad en este momento.
• Más movilizaciones. Es la opción más probable, a la vista de la actual aritmética parlamentaria. La precampaña por la doble cita electoral de mayo permite intuir que PP y Ciudadanos mantendrán viva la confrontación contra Pedro Sánchez para desgastar al Gobierno y movilizar a su electorado con motivo de los comicios municipales y europeos del próximo 26 de mayo. Ya lo advirtió este domingo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera: “Si convoca elecciones, no hará falta movilizarse más, nos movilizaremos para las urnas. Pero si Sánchez permite que los separatistas marquen el camino, si pretende negociar los Presupuestos en la cárcel, si quiere negociar indultos y privilegios para ellos, nos tendrá enfrente”.
• Adelanto electoral. Si ERC y el PDeCat no cambian de postura, Pedro Sánchez tiene imposible sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Este miércoles se votan en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad y los dos partidos independentistas mantienen su rechazo a las cuentas, lo que impediría su tramitación al propiciar la mayoría absoluta con los votos de PP y Ciudadanos. Las dos formaciones catalanas han vinculado la negociación de los Presupuestos a una concesión inasumible por parte del Ejecutivo: que la Fiscalía rebaje la acusación contra los líderes secesionistas que desde este martes se sientan en el Tribunal Supremo como presuntos autores de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Ni el teléfono ni el guasap entre Gobierno de la nación y Generalitat han vuelto a estar operativos desde el pasado viernes, cuando se dieron por rotas las negociaciones. Ambas partes tienen aún hasta este miércoles para acercar posiciones.