Ignacio González niega que ordenara el espionaje del PP y dice que el afectado es él

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado hoy en el juicio del caso espías que ordenara realizar seguimientos en 2008 a rivales políticos dentro de su propio partido, el PP, y ha asegurado: "El único espionaje que conozco es del que yo fui objeto en esas fechas".

Ignacio González, investigado en el caso de corrupción Lezo, ha comparecido en la Audiencia Provincial de Madrid para declarar como testigo en el juicio de seis acusados de realizar seguimientos a cargos del PP enfrentados con la expresidenta de la Comunidad madrileña Esperanza Aguirre como el exvicepresidente regional Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

Al comienzo de su declaración la presidenta del tribunal, Paz Redondo, ha pedido disculpas a Ignacio González por el error administrativo de la Sala que le tenía entre los testigos de ayer lo que llevó a la magistrada incluso a advertir de que enviaría a la Policía a localizarlo, aunque luego rectificó al comprobar que realmente estaba citado para hoy. González ha sido preguntado por lo declarado en el juicio por uno de los guardias civiles acusados que dijo "por especial interés" de él recibieron en 2008 "órdenes ilegales" de realizar "seguimientos" a políticos del PP como la exdelegada del Gobierno y expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.

"Ni conocía ni ordené nada", ha mantenido Ignacio González sobre el supuesto espionaje a políticos del PP entre marzo y mayo de 2008, cuando él era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre la presidenta. Ha añadido que nunca despachó con el entonces director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, el también acusado Sergio Gamón, que según el citado agente fue el que les trasladó dichas órdenes.

Ignacio González ha asegurado que la única noticia que tuvo de todo este asunto fue la información que publicó en 2009 el diario El País y ha recordado que a raíz de la misma la Asamblea de Madrid constituyó una comisión de investigación que no dio por acreditado tal espionaje. "No tuve conocimiento de ningún espionaje salvo uno, el que yo fui objeto en esas fechas y que denuncié", en referencia a seguimientos que le habrían realizado en Colombia. González ha recalcado que ni Alfredo Prada ni Manuel Cobo le comunicaron que hubieran sufrido seguimientos o actuaciones irregulares.

Olivera: 'Los seguimientos se hicieron'

Hoy también ha testificado José Luis Olivera, que en la época de los hechos era el comisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha mantenido: "No sé si los seguimientos eran legales o ilegales pero puedo acreditar que se hicieron", y respecto a los tres guardias civiles acusados de realizarlos ha estimado que "eran unos mandados".

José Luis Olivera ha explicado que confirmaron que los posicionamientos de teléfonos de guardias civiles acusados y de policías nacionales se correspondían con lugares donde se habían realizado supuestos seguimientos.

Por su parte, el periodista que publicó el caso en El País, Francisco Mercado, ha indicado que recibió en la redacción del periódico un sobre anónimo que contenía los partes de manuscritos de seguimientos a Prada y Cobo de sus agendas privadas. Francisco Mercado ha añadido que altos cargos de la Comunidad de Madrid "decían en privado que había seguimientos y vigilancias de rivales políticos más allá del protocolo de actuación". A juicio de Mercado los acusados se sientan en el banquillo "por la opacidad del Gobierno regional que no ha querido defender a sus funcionarios".

El subdirector de Nacional de El País cuando se publicó esta investigación, José Manuel Romero, ha señalado que les informaron de que el aparato de montado en la Comunidad madrileña para espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre en el PP también tenía entre sus objetivos el expresidente regional y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes.

Los acusados son, además de Sergio Gamón, el exsubdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la Administración regional, que se enfrentan a entre dos y cuatro años de prisión que pide el PSOE.