La hora decisiva: los líderes del golpe a la Constitución afrontan el juicio del Supremo

Arranca un juicio histórico. El “más importante que ha afrontado la democracia española” en palabras de la Fiscalía y del propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. La razón es que, con total probabilidad, la sentencia que resulte del mismo determinará la configuración de España durante las próximas décadas. Será la respuesta judicial del Estado al desafío independentista en Cataluña.

En el banquillo de los acusados del majestuoso Salón de Plenos del Alto Tribunal se sentarán el ex vicepresidente Oriol Junqueras; el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, que se enfrentan a altas penas de prisión por delitos de rebelión y sedición. Todos ellos se encuentran en situación preventiva y serán conducidos este martes desde las cárceles madrileñas de Soto del Real y Alcalá Meco a los calabozos de la Audiencia Nacional y, de ahí, al Supremo.

Los acusados sostienen que se enfrentan a un "juicio político" donde se están vulnerando derechos fundamentales

También serán juzgados los ex miembros del Govern Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás, quienes se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía de 7 años de prisión por delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos y permanecen en libertad.

La vista oral arrancará a las diez de la mañana con la fase de cuestiones previas. Las defensas de los líderes independentistas alegarán nuevamente vulneración de derechos fundamentales por parte del Supremo y pedirán que se incorporen más pruebas de las admitidas por el tribunal en el auto dictado la semana pasada por la Sala, así como la nulidad de la vista oral. Los acusados entienden que se enfrentan a un “juicio político” y que se les acusa de una “violencia que nunca existió”. Pedirán, además, declarar en catalán con traducción simultánea.

Violencia o meros altercados

Por su parte, la Fiscalía, representada este martes por los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, sostendrá que tras los actos del 20-S, el referéndum del 1-0 y la declaración unilateral de independencia por parte del Parlament se cometió un delito de rebelión puesto que hubo “actos violentos” encaminados a derogar el orden constitucional en España.

El Ministerio Público defiende que, desde el Govern de la Generalitat, las formaciones políticas independentistas con representación parlamentaria y las entidades sociales soberanistas (Asamblea Nacional Catalana-ANC, Omnium Cultural-OC), se “urdió un plan” con el que “orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional”. La rebelión se consumó puesto que este tipo penal es de consumación anticipada o resultado cortado, indican fuentes fiscales.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, defiende que no hubo violencia en el denominado procés sino tan sólo, los días previos a la proclamación de la independencia unilateral de Cataluña, “incidentes contra el orden público” calificados de “altercados, tumultos y disturbios”. De ahí que las penas solicitadas para los líderes independentistas sean considerablemente menores que las pedidas por la Fiscalía por el delito de sedición.

Para Vox, acusación popular en el procedimiento, estamos ante “un golpe de Estado” de quienes trataron de romper España. La formación de Santiago Abascal solicita penas de hasta 74 años de cárcel por delitos de rebelión, organización criminal y malversación de caudales públicos.

Torra se desplaza al Supremo

Sobre cuál de estos relatos es el que sucedió en Cataluña hace 16 meses se deberá pronunciar el Supremo en los hechos probados de su sentencia. La Sala que juzga desde este martes el desafío independentista la presidirá el magistrado Manuel Marchena, ponente del asunto. Además, el tribunal estará integrado por seis jueces más de distintas sensibilidades: Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta y Andrés Palomo.

Los líderes del procés se enfrentan a delitos de rebelión, sedición, organización criminal y malversación

La Sala, en palabras de su presidente, ha optado “por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario” al retransmitir el juicio por streaming desde la página web del Poder Judicial. En total se han acreditado 600 periodistas de 150 medios diferentes, de los que medio centenar son extranjeros, siendo los más numerosos los alemanes y franceses, seguidos de holandeses y suizos, aunque también asistirán periodistas de EEUU, Rusia y China.

Está previsto que a la vista acuda este martes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien será recibido en la puerta principal del Supremo por la jefa de gabinete de Carlos Lesmes, Ana Murillo. El presidente del Alto Tribunal lo recibirá después en el interior antes de acceder al Salón de Plenos, donde ocupará un asiento preferente. También se espera que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se desplace al tribunal para apoyar a los doce líderes independentistas que van a ser juzgados.

Inicialmente está previsto que el juicio se celebre los martes, miércoles y jueves en sesión de mañana y tarde. El plazo que se baraja de duración de la vista oral es aproximadamente de tres meses. En el espíritu del Supremo está no interferir en las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.