Las defensas convierten el Supremo en una 'primera instancia' de Estrasburgo

La primera sesión del juicio al denominado 'procés' en el Tribunal Supremo ha estado marcada por la imagen de los doce líderes independentistas sentados por primera vez en el banquillo de los acusados. Pasadas las 10.23 horas de este martes comenzó en el majestuoso Salón de Plenos la vista oral quizás más importante de la historia reciente de nuestro país.

En el banquillo estaban el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa -todos ellos en situación de prisión preventiva-, y los ex miembros del Govern Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás, en libertad.

Tan sólo Jordi Sánchez decidió exhibir el lazo amarillo como símbolo de protesta por la privación de libertad que atraviesa desde octubre de 2017. En la sala de vistas también lució el lazo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se desplazó a Madrid para mostrar su apoyo a los líderes encausados y fue recibido en las puertas del Alto Tribunal por la jefa del Gabinete Técnico, Ana Murillo. Una vez dentro, conversó con el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, según indican las fuentes consultadas por El Independiente.

También estuvieron en el Salón de Plenos del Alto Tribunal la consellera de Justicia, Ester Capella, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet, portadores de dichos símbolos a favor de los presos, que fueron consentidos por el tribunal en un acto de garantías y como blindaje ante el Tribunal de Estrasburgo.

En líneas generales, las defensas alegaron al unísono vulneración de derechos fundamentales a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la libertad ideológica o  la libertad de expresión, entre otros. Si bien es cierto que no todas las intervenciones de los letrados del 'procés' tuvieron la misma intensidad política. Sí tuvieron como denominador común la constante alusión a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El primero en intervenir ante el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena fue el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van der Eyden, quien alegó vulneración flagrante de derechos fundamentales en una extensa exposición donde señaló estamos ante un “juicio excepcional”, “político”, donde se persigue a la "disidencia" y se aplica "el derecho penal del enemigo".

“En este procedimiento se han restringido todos los derechos de la Constitución. Me cuesta encontrar qué derecho no se han restringido”, señaló en letrado de ERC. “Estoy diciendo restricciones, no violaciones, del derecho a la libertad, inviolabilidad del domicilio, secretos de las comunicación, libertad de expresión, reunión y manifestación, libertad ideológico, libertad de culto, etc. ¡Hasta la libertad de culto se ha violado porque al señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión!”, remachó.

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"Causa general al independentismo"

El letrado sostuvo, durante sus 84 minutos de intervención, que “lo que hacen los catalanes es protestar y lo hacemos porque estamos políticamente excluidos de determinados derechos”. Asimismo, el letrado Andreu van der Eyden afirmó que con el procés se ha creado “una causa general y prospectiva contra el independentismo catalán”.

Por su parte, la defensa de Josep Rull y Jordi Sànchez, ejercida por el letrado Jordi Pina, sacó a relucir el 'whatsapp' del senador del Partido Popular Ignacio Cosidó que dinamitó el acuerdo entre el Gobierno y la formación conservadora para renovar el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ). Esta parte argumentó que los acusados no tienen "tampoco" culpa de que “un senador del PP diga que va a controlar la Sala Segunda desde atrás".

El abogado invocó entonces la jurisprudencia del TEDH que exige no sólo que los jueces sean imparciales sino que además gocen de "apariencia de imparcialidad”. En concreto, la defensa de Rull y Sánchez aludió a la reciente condena que recibió España por no someter al ex líder de Batasuna Arnaldo Otegi a un "juicio justo".

"Tengo la sensación de que los magistrados que están aquí tienen el deber de defender la unidad de España. Yo les pido que hagan de jueces no de salvadores de la patria", sostuvo Pina, que denunció a su vez la contaminación de cuatro miembros del tribunal que formaron parte de la Sala de Admisión de la querella del procés.

Felipe VI y Puigdemont

Este letrado volvió a defender la necesidad de que declare en el juicio el rey Felipe VI, en contra del criterio que mantiene el tribunal. Lo justificó con el argumento de que, igual que el Ministerio Fiscal “ha utilizado” el discurso que el jefe del Estado dirigió a la nación el 3-O, es “razonable” que los procesados puedan interrogar al Rey “por lo que dijo y por lo que no dijo aquel día”.

En paralelo, también pidió al tribunal que acceda a que testifique Carles Puigdemont, instalado en Waterloo (Bélgica) tras fugarse de la Justicia española. Como argumento favorable, Jordi Pina esgrimió que el Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona ha autorizado al ex presidente de la Generalitat a declarar por videoconferencia en un procedimiento que dirige por coacciones, motivo por el que no ve razones jurídicas que impidan que Puigdemont pueda también ser interrogado en esta vista oral.

Por su parte, la abogada de Jordi Turull, Ana Bernaola,  pidió a la Sala compuesta por siete jueces que suspenda los interrogatorios de los procesados hasta que se resuelvan recursos pendientes.

Entre tanto, la defensa de Joquim Forn –al frente de la Consellería de Interior el 1-O– planteó al tribunal que acuerde la acumulación a la causa que se juzga en el Tribunal Supremo contra 12 dirigentes independentistas el procedimiento que ha instruido la Audiencia Nacional contra altos mandos de los Mossos d’Esquadra, entre ellos el ex mayor Josep Lluís Trapero. El abogado Xabier Melero, que ha hecho un alegato puramente técnico, defendió la pertinencia de aunar los procedimientos con el argumento de que así se evitaría generar un “artefacto procesal inmanejable” y le permitiría conocer el “espectro de conductas y decisiones” que la Policía de la Generalitat adoptó con motivo de la consulta secesionista.

Entre sus cuestiones previas, Melero solicitó la testifical de Juan Ignacio Zoido, responsable político de la Policía Nacional y la Guardia Civil cuando tuvo lugar el referéndum independentista por su condición de ministro del Interior. Zoido, en su comparecencia en la comisión de Interior del Senado el 18 de enero de 2018, denunció la “absoluta pasividad” que tuvieron los Mossos a la hora de hacer cumplir las instrucciones que en los días previos habían dictado jueces y fiscales para impedir la consulta.

"Una derrota colectiva"

Tras un receso de casi dos horas de duración, la sesión de la tarde se reanudó a las 16:10 horas con la intervención de la defensa del líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Al igual que otras defensas, el letrado Benet Salellas hizo referencia a la jurisprudencia de Estrasburgo durante su intervención, en concreto, al fallo del TEDH que condenó a España a indemnizar a Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats, a quienes la Audiencia Nacional impuso 15 meses de cárcel en 2008 por un delito de injurias a la Corona por quemar una foto de los Reyes en Gerona.

Asimismo, la defensa de Cuixart criticó que entre los argumentos de la Fiscalía contra su cliente, recogidos en el escrito de acusación, está el hecho que el líder de Òmnium gritase el lema “no pasarán” durante el asalto a la Consellería de Economía y Hacienda el 20-S de 2017. El letrado Salellas sostiene que se está tratando de “criminalizar” un lema que tiene una “gran significación en la España contemporánea”. Este juicio es "una derrota colectiva al Estado de Derecho".

Igualmente, en una extensa exposición, que llevó al presidente Marchena a apremiarla para que terminara, la defensa de Carme Forcadell ha tratado de llamar la atención del tribunal sobre la “restricción del derecho de defensa” que se habría producido al inadmitir algunas de las pruebas solicitadas y no aceptar la traducción del catalán al español de parte de los documentos incorporados a las actuaciones.

La defensa de la ex presidenta de la Cámara catalana, Olga Arderiu,  manifestó que a su representada se le está aplicando un “drecho penal de autor”, por cuanto a Forcadell se le está juzgando en el Tribunal Supremo y, “por los mismos hechos”, al resto de los integrantes de la Mesa del Parlament en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su opinión, los hechos por los que ha sido procesada Forcadell son de “naturaleza parlamentaria” y consecuentemente amparados por la inviolabilidad de los diputados, al tiempo que ha negado que concurran los supuestos exigidos por el legislador cuando se redactó el tipo penal de la rebelión. Éste es el delito que le imputa la Fiscalía, que pide para esta acusada 17 años de prisión y de inhabilitación absoluta.

Antes de las 19 horas acabó la primera jornada del juicio. Este se retomará este miércoles a las 10 de la mañana con las exposiciones de las acusaciones: Fiscalía -representada por Javier Zaragoza y Fidel Cadena-, Abogacía del Estado y Vox. Después el tribunal deliberará y resolverá parte de las cuestiones previas planteadas en el plenario.