Los servicios jurídicos del Senado han dictaminado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está obligado a comparecer ante esta Cámara cuando así se lo pida, como sostenía el PP al exigir que informara al pleno de su cumbre bilateral de diciembre con el presidente catalán, Quim Torra.
Se trata de un informe "contundente", según el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, quien ha explicado tras la reunión de la Mesa de la Cámara Alta que los letrados concluyen que se trata de un "deber constitucional" del Gobierno someterse al control parlamentario.
"El Senado, en el ejercicio de su función de control de la acción del Gobierno, tiene la potestad de reclamar la presencia de los miembros del mismo ante el pleno de la Cámara con fundamento en el artículo 110.1 de la Constitución", apunta el dictamen.
Concluyen los servicios jurídicos que "consecuentemente, una vez reclamada dicha presencia, sobre el Gobierno pesa un deber constitucional de comparecer ante el Senado".
El documento da respuesta a una petición cursada por el grupo popular tras la ausencia del jefe del Ejecutivo en el pleno que se celebró en el Senado el pasado día 24 de enero, convocado para que el propio Sánchez informara sobre su cumbre bilateral con Quim Torra pese a que ese día estaba en Davos (Suiza). Un "pleno fantasma" cuya celebración fue forzada por el PP y muy criticada por los demás grupos parlamentarios.
Convocatoria del PP
La sesión había sido convocada por la mayoría absoluta de senadores del PP -con carácter extraordinario porque enero es mes inhábil en el Parlamento- y ahora, ya en período ordinario, este grupo ha vuelto a pedir que Sánchez explique sus "pactos" con Torra.
Aparte de subrayar el "deber constitucional" de comparecencia de los miembros del Ejecutivo, el dictamen sugiere la conveniencia de que el procedimiento para estas comparecencias sea regulado en el Reglamento de la Cámara.
Y hace notar que si bien no está previsto en esta norma, los precedentes "han venido a configurar un procedimiento que permite al Senado el ejercicio de su potestad constitucional de control al Gobierno".
Pedro Sanz ha hecho hincapié en que los letrados entienden que es un deber que el Gobierno comparezca en la Cámara "y que lógicamente el presidente también" lo haga, y ha apuntado que su regulación se podía incluir en la reforma del Reglamento para determinar "con mayor precisión" cómo hacerlo.
Antes de llegar a sus conclusiones, los servicios jurídicos del Senado analizan las competencias que respecto al jefe el Gobierno tienen las dos Cámaras legislativas, de manera que aunque son exclusivas del Congreso la moción de censura o la cuestión de confianza, el control al Ejecutivo puede "ejercerse en pie de igualdad" por ambas.
Entienden además que aunque el Senado no haya desarrollado en su Reglamento esta potestad no le impide que "ejerza una facultad que la Constitución le confiere de forma directa y explícita", como de hecho ha ocurrido con varios comparecencias de presidentes "plenamente regulares desde la perspectiva del Derecho constitucional y parlamentario".
Con este informe ya entregado, queda ahora pendiente de respuesta por parte del Gobierno la nueva comparecencia de Sánchez reclamada por el PP sobre las "cesiones" que hizo a Quim Torra en diciembre.
Por otro lado, en la reunión de la Junta de Portavoces se ha planteado la posibilidad de que Sánchez compareciera cada seis meses para tratar asuntos previamente pactados, como ya se comentó al inicio de su mandato, ha explicado Pedro Sanz.
Además, se ha rechazado otra comparecencia monográfica de Sánchez que había solicitado la senadora de Nueva Canarias María José López Santana para que el presidente tratara la situación de las Islas Canarias.
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