El ex conseller de Interior Joaquim Forn ha negado este jueves que hubiera dado órdenes a los Mossos d'Esquadra para que incumplieran las instrucciones dictadas por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para tratar de evitar que se celebrara el referéndum el 1-O y ha defendido que era “difícil” llevar a cabo aquel día otra actuación distinta a la que se hizo por la aglomeración de personas en los colegios electorales.
Forn, a lo largo del interrogatorio de casi cuatro horas en el Tribunal Supremo, ha reconocido que, como cualquier otra, aquella actuación pudo ser “mejorable” pero ha insistido en que el plan diseñado por la Policía de la Generalitat fue conocido previamente tanto por el coordinador de los tres cuerpos policiales -el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos- como por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no se recibieron observaciones para que se modificara.
El titular autonómico de Interior cuando tuvo lugar la consulta ilegal ha rechazado ante el tribunal que lo juzga por rebelión y malversación que el papel de los Mossos el 1-O hubiera sido de "inactividad" y que prueba de ello –ha mantenido– es que la Policía Autonómica movilizó aquella jornada al mayor número de agentes desde su creación: unos 8.000 funcionarios, más que el dispositivo diseñado con motivo del atentado terrorista de agosto de 2017. Según los datos expuestos, aquéllos levantaron 6.700 actas.
"Se pusieron todos los efectivos que estaban en disposición, nunca se habían utilizado tantos para un referéndum; en este caso ilegal como decía el auto de la magistrada del TSJ de Cataluña, se actuó de una manera absolutamente correcta por parte de los Mossos d' Esquadra", recalcó el preso preventivo cuya estrategia procesal ha pasado por diferenciar sus convicciones políticas de su actuación como conseller. "No se les pidió que dejaran de hacer sus funciones para adherirse a una decisión política", insistió el acusado en una declaración llevada a cabo en castellano.
Según su versión, si los Mossos no pudieron hacer nada más aquel primero de octubre para impedir que se consumara la votación que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal semanas antes es por el hecho de que, aplicando el principio de proporcionalidad, una pareja de agentes no podía enfrentarse a la multitud de personas que se agolpaban en los puntos de votación.
Un gran despliegue de Mossos
A preguntas de su abogado, Forn ha puesto de relieve que ni con la suma de todos los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos se habría podido dar cumplimiento a la instrucción de la magistrada del TSJC para que no se pudiera votar, al tiempo que ha asegurado que nunca conoció la cuantificación de las necesidades operativas que hizo el Ministerio del Interior para cumplir las órdenes recibidas para tratar de frustrar la votación.
Para apuntalar su tesis, el encausado ha asegurado que el Gobierno mandó unos 6.000 agentes de refuerzo a Cataluña y que, en declaraciones periodísticas, el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha cifrado en 90.000 los funcionarios que se hubieran necesitado.
Forn, que ha declarado que la Policía de la Generalitat desconocía los planes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el 1-O, ha subrayado que la Policía Nacional y la Guardia Civil desoyeron la petición que los Mossos le lanzaron a primera hora de la mañana del 1-O para que intervinieran en más de 200 puntos de votación. “No fue atendida en su momento, cuando se había quedado en que darían apoyo cuando fueran requeridos por los Mossos", ha añadido.
El encausado ha reconocido que conocía el contenido del informe elaborado días antes del referéndum en el que la Comisaría General de Información de los Mossos advertía de riesgos si se llevaba a cabo la consulta por la potencial actuación de grupos violentos. “Eran previsiones de riesgo, no de que podía ocurrir”, ha tratado de matizar.
Además, a preguntas de su letrado, Xabier Melero, Joaquim Forn relató la conversación telefónica que mantuvo con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el día del referéndum sobre las cargas policiales. “Recibí imágenes de un colegio del Eixample y le dije al delegado si eso era dar cumplimiento al auto de la magistrada del TSJC. Y le avisaba de que parecía que iba a haber una carga en las inmediaciones de la Escuela Industrial. Había gente mayor y niños y me llamaban para saber qué estaba pasando. Finalmente me llamó y tuvimos una discusión elevada de tono y le hice una demanda muy concreta: que se pararan esas actuaciones que estaban creando una situación de violencia extrema. Él me dijo que haría una gestión y al rato recibí un guasap, diciendo que había hecho lo que tenía que hacer”, recalcó durante la tercera sesión del juicio del 'procés'.
"Una votación sin efectos jurídicos"
En varias ocasiones a lo lardo del interrogatorio, tanto a preguntas del fiscal Fidel Cadena como de la abogada del Estado, Joaquim Forn ha descargado la responsabilidad del diseño y dirección de los operativos –tanto del desplegado a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 ante los registros practicados por la Guardia Civil- como el del día del referéndum en los mandos policiales. “No participé en el operativo policial”, ha afirmado reiteradas veces.
Asimismo, el ex conseller Forn restó validez a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada el 27 de septiembre de 2017 por el Parlament. "Se hizo una votación que no tenía efectos jurídicos ya que solo se votaba la parte resolutiva donde se rechazaba el 155 y se abría el proceso constituyente”, remachó.
En los días previos al 1-0, Joaquim Forn declaró a los medios de comunicación que la función de los Mossos d’Esquadra ante el referéndum iba a ser la de facilitar la votación, lo que desencadenó la dimisión de Albert Batlle como director general de Interior. La Fiscalía ha pedido para él 16 años de prisión y de inhabilitación como autor de delitos de rebelión y malversación.
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