Los Franco dan por hecho que el TS frenará la exhumación y que no sentenciará en 2019

Los nietos de Franco tienen "plena confianza" en que el Supremo suspenderá cautelarmente la ejecución de la exhumación de los restos del dictador cuando interpongan el recurso y dan por seguro que el alto tribunal no dictará sentencia este año. En caso de que el fallo sea contrario a sus pretensiones, la familia anticipa que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Pedro Sánchez anunciará este viernes dos decisiones de gran relevancia. De un lado, despejará la incógnita de si adelanta las elecciones, tras fracasar este miércoles en su intento de que el Parlamento aprobara la tramitación de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Y, de otro, acordará el traslado de los restos de Franco, enterrados desde el 23 de noviembre de 1975 en la basílica del Valle de los Caídos.

De confirmarse la convocatoria electoral anticipada, hay muchas posibilidades de que la exhumación del cuerpo embalsamado del dictador -uno de los proyectos 'estrella' de Sánchez- no se concrete en esta legislatura. Desde luego, si los comicios se adelantaran a abril, sería prácticamente imposible. Tan sólo se consumaría en el improbable caso de que el Tribunal Supremo rechazara la paralización de manera cautelar, como pedirá la familia antes de presentar la demanda.

El acuerdo que adoptará el Consejo de Ministros este viernes para sacar a Franco de Cuelgamuros supone el fin del procedimiento administrativo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez -vía real decreto ley- puso en marcha a finales del pasado mes de agosto y el inicio de la batalla que los descendientes del dictador librarán en los tribunales para que el cadáver momificado de su abuelo continúe en el Valle de los Caídos.

Si Sánchez adelanta las elecciones a abril es casi imposible que el traslado de los restos del dictador, su proyecto 'estrella', tuviera lugar antes

El gabinete de Sánchez dará dos semanas a los nietos del dictador para que determinen un lugar de inhumación que no sea la Catedral madrileña de la Almudena, emplazamiento señalado por la familia en su escrito de alegaciones en caso de no poder frenar el traslado. Luis Felipe Utrera-Molina, el abogado de los descendientes de Franco, anticipa que no atenderán el requerimiento del Gobierno y que no detallarán ninguna sepultura alternativa.

El gran escollo al que se enfrenta el Ejecutivo para consumar su propósito es cómo sortear la falta de autorización de la comunidad benedictina que gestiona el templo a que se acceda al templo para ejecutar la exhumación. La orden religiosa se niega en redondo al no contar el proyecto con el beneplácito de los descendientes.

No autorización de la Iglesia

No es un argumento menor ni una cuestión desconocida. En el voto particular emitido por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Pedro González-Trevijano y Feliciano Barrios -tres de los 13 integrantes de la comisión de expertos a la que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en el Valle de los Caídos- ya se advertía de que cualquier intervención en el interior de la basílica pontificia sería "difícil" por la condición de lugar sagrado del recinto y la "inviolabilidad" del templo derivada del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979. "El último superior jerárquico del abad es el Sumo Pontífice, cuyo hipotético recurso supondría una negociación de carácter internacional", añadían.

A la espera de conocer el contenido del acuerdo motivado con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dará su visto bueno a la exhumación, de lo que no hay dudas es de que la familia del dictador recurrirá ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y solicitará la paralización cautelar de la ejecución hasta que el alto tribunal resuelva el fondo del asunto. "Lo razonable es que suspenda para evitar que se frustre la finalidad del recurso", señala Luis Felipe Utrera-Molina.

El Supremo enseña el camino

La familia pidió al Supremo a principios del pasado mes de diciembre que suspendiese el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre por el que se aprobó la continuación del procedimiento de exhumación de los restos mortales de Franco. El alto tribunal rechazó esa pretensión al entender que dicho acto administrativo no justifica por sí mismo la exhumación ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso.

Con todo, el Supremo ha advertido al Gobierno de que el acuerdo no podrá ejecutarse sin que previamente la familia "haya podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar", en aplicación de la doctrina del TEDH. Expresado en otras palabras, el acuerdo que adoptará este viernes el Consejo de Ministros no podrá ejecutarse hasta que no se resuelva la impugnación de la familia y el Supremo se pronuncie sobre ella.

Los descendientes del dictador aprecian motivos para que el alto tribunal eleve el caso al Tribunal Constitucional (TC), al considerar que la disposición legislativa utilizada por el Gobierno para tramitar el procedimiento -un decreto ley- vulnera varios preceptos constitucionales. Así, entienden que no concurre el supuesto de la "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Carta Magna (artículo 86) y que se produce una vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar (18).

¿Materia del Tribunal Constitucional?

En el caso de que el Supremo apreciara que el caso tiene sustancia constitucional, Utrera-Molina considera que la resolución del pleito se alargaría "un año más". En cualquier caso, aunque no se elevara al TC, el abogado ve improbable que el alto tribunal entre en el fondo del asunto este año: "Sería para poner una pica en Flandes; desde luego, fácil no es".

El abogado confirma que los nietos están dispuestos a agotar todas las instancias judiciales para evitar la exhumación. "Es una batalla por la dignidad y la van a dar hasta el final. No se perdonarían moralmente abandonar los restos de su abuelo. Que nadie busque intencionalidad política", concluye el letrado.