Avanzan las horas y sigue tomando fuerza la fecha del 28 de abril como día de las próximas elecciones generales. Gana enteros así las tesis del sector del Gobierno y del PSOE que abogaba por celebrar los comicios lo antes posible para evitar que el desgaste del Ejecutivo pase factura a Pedro Sánchez en las elecciones. Liderado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a la sazón secretario de Organización del PSOE, ese sector del Gobierno defendió una pronta convocatoria electoral prácticamente desde que Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy el 1 de junio.
En el mes de agosto, El Independiente ya informaba de que Ábalos lideraba la corriente interna que abogaba por rentabilizar la luna de miel con su electorado que tuvo en sus inicios el Gobierno 'bonito' de Pedro Sánchez. El CIS del mes de julio -el primero bajo la dirección de José Félix Tezanos- mostraba un vuelco con motivo de la moción de censura que volvía a situar al PSOE como primera fuerza política del país. Con esos datos en las manos, ese sector del Gobierno y del partido abogaba por elecciones en el pasado otoño, antes de que el desafío independentista se enquistara con motivo del juicio a los líderes del procès.
Entonces, el poderoso gabinete del presidente abogaba por “avanzar” en la labor ejecutiva y hacer coincidir todos los comicios en primavera para explotar el “cambio de época” que según Pedro Sánchez representa su Gobierno. Esta tesis defendía que la confluencia de todas las elecciones supondría el cierre de una etapa política en España y el inicio de otra con un nuevo mapa en los ayuntamientos, las comunidades y el Congreso de los Diputados. El propio presidente del Gobierno se inclinaba más por esta opción. “Seguir es bueno para España y para nosotros”, aseguraba Sánchez.
A medida que el Ejecutivo se iba sintiendo a gusto en su labor, el propio presidente y el sector más institucional de su Gobierno abogaban por alargar la legislatura hasta el próximo otoño para dar estabilidad al país y desarrollar su gestión. Mientras, Ábalos, el gabinete del presidente y dirigentes del PSOE de la confianza de Sánchez, empezaban a estudiar un 'plan B' para abordar un escenario previsible a comienzos de este año: que la relación con los independentistas se hiciera inviable, que se tumbaran los Presupuestos o que incluso no se pudieran presentar.
Es entonces, el pasado otoño, cuando se empieza a contemplar la posibilidad de celebrar elecciones generales antes de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. La incipiente presión del independentismo catalán y el desgaste sufrido en sus cien primeros días llevan a Sánchez a plantearse la convocatoria en el mes de marzo para evitar que el PSOE pierda el puesto de primera fuerza política del país que le dan todas las encuestas. Pedro Sánchez incluso se plantea celebrarlas de forma conjunta con las andaluzas, una opción que espanta a Susana Díaz, que acaba adelantándolas a diciembre. Mientras, el Gobierno seguía avanzando en su negociación con Podemos y los independentistas y piensa que es factible sacar adelante el proyecto presupuestario.
Con los plazos de la tramitación presupuestaria ya fijados en el Congreso, el mes de marzo queda justo y se empieza a contemplar el de abril. En el Gabinete de Presidencia hacen cuentas desde el día en que se votan las enmiendas a la totalidad del Presupuesto y el primer domingo disponible que aparece es el día 14. Se pasa por alto su coincidencia con el Domingo de Ramos y no se cae en la importancia simbólica que tiene la fecha del aniversario de la proclamación de la Segunda República. Ambas cuestiones llevan al Gobierno a descartar ese día tras la manifestación por la unidad de España el domingo en Madrid. Consideran que las reminiscencias republicanas pueden movilizar más a la derecha que a la izquierda.
Superado el día 14, el 28 es el único que aparece en el calendario con la suficiente antelación a las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo como para justificar la convocatoria por separado. Sus ventajas son varias, a juicio de Moncloa: esa fecha tensa al PSOE, que se ve obligado a movilizarse a favor de Pedro Sánchez, incluso en federaciones adversas, porque la campaña prácticamente enlaza con la precampaña del resto de comicios, en los que barones autonómicos y alcaldes se juegan el puesto. Además, todos los gobiernos se negociarán después del 26 de mayo, facilitando acuerdos globales y situando a Ciudadanos en una posición muy incómoda en plazas relevantes.
A nivel discursivo, la inesperada ruptura de Sánchez con los independentistas pretende desacreditar las acusaciones de que el Gobierno realiza cesiones ante Quim Torra y proporciona al PSOE una agenda electoral -basada en las medidas tumbadas dentro de los Presupuestos- que muestra el proyecto de país y de gestión del candidato socialista. Esa "agenda social" o "agenda del cambio" pretende proporcionar a Sánchez un lugar preponderante en el centro sociológico para representar a los españoles que están hartos de enfrentamientos con Cataluña y de la crispación política y que abogan por un Ejecutivo que apueste por la "moderación".
Con todos estos argumentos que la Moncloa considera favorables, Sánchez dará cumplimiento este viernes al artículo 115 de la Constitución, que establece que el presidente decidirá la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral tras la deliberación del Consejo de Ministros. Tras su celebración está previsto que el propio Sánchez comparezca en rueda de prensa para explicar los motivos de su decisión y la fecha de las próximas elecciones generales.
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