El portazo del independentismo a los planes de Pedro Sánchez para asegurarse la continuidad de la legislatura mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año no pilló desprevenido del todo al presidente del Gobierno, que intentó salvar la situación mediante distintos acuerdos con el Partido Popular.
Se trataba de explorar una especie de "geometría variable" pactando a su izquierda con Podemos y a su derecha con los populares, cuyo concurso resultaba indispensable para sacar adelante cuestiones en las que se necesitan mayorías parlamentarias reforzadas. El secretario de Organización y "número dos" del PSOE, José Luis Ábalos, se dirigió a su homólogo popular, el secretario general Teodoro García Egea, pero también desde los distintos ministerios se lanzaron "cantos de sirena" para sacar adelante una serie de iniciativas.
Por un lado, el Gobierno socialista intentó volver a la mesa negociadora para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), malogrado tras el rechazo del elegido para presidir este órgano, el juez Manuel Marchena, que ahora dirige al tribunal que juzga a los imputados por la declaración de independencia de Cataluña. Marchena tiró abajo el acuerdo, tras trascender su nombre y conocerse el contenido de un wasap que reenvió el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, respecto al control político del Supremo "por la puerta de atrás".
El PSOE ha intentado conseguir la mayoría en el CGPJ para los próximos cinco años
Aquel acuerdo daba la mayoría en el Consejo a los magistrados progresistas, con un PP que puso el nombre de Marchena sobre la mesa. Tras al escandalera producida, Genova se sumó a una propuesta de Ciudadanos para que fueran los propios jueces, y no el Parlamento los que eligieran a los miembros de su órgano de gobierno por lo que, la renovación está congelada a pesar de los intentos del PSOE por asegurarse la mayoría en un mandato de cinco años.
Radio Televisión Española también ha sido objeto de interés por parte del Gobierno de Sánchez pues está pendiente la renovación de su Consejo de Administración después de un concurso público que debiera haber culminado a finales de año con una nueva cúpula. Sin embargo, parece que los plazos se alargan y nada hace pensar que haya una resolución a corto plazo, ni siquiera antes de las elecciones generales si éstas fueran en abril o en el "superdomingo", esto es, el 26 de mayo.
Precisamente, los socialistas querían también que el PP firmara el acuerdo sobre las recomendaciones para la reforma de las pensiones, en el marco del Pacto de Toledo, antes de las celebración de las elecciones locales, autonómicas y europeas. Sin embargo, los principales escollos vienen en este caso de la mano de Podemos la separación de fuentes de financiación o no se aclare cuál será el modelo de revalorización de las mismas.
Pues va a ser que no", ha sido la respuesta de los populares al Gobierno
Otra renovación pendiente con pocos visos de salir adelante en el periodo preelectoral que ahora se abre es la del Consejo de Seguridad Nuclear. La respuesta de los populares al Ejecutivo fue la misma que en los casos anteriores: "pues va a ser que no". Al PP, que se ha sentido maltratado por los socialistas en estos ocho meses de convulso gobierno de Pedro Sánchez, no le corre especial prisa renovar al presidente de este Consejo, Fernando Martí, elegido en diciembre de 2012 gracias a la mayoría absoluta que el PP tenía por entonces en el Congreso de los Diputados.
Sacar adelante cualquiera de estos temas o, tener la esperanza de poderlos abordar en los próximos meses, habría dado al inquilino de la Moncloa un argumento para intentar alargar una legislatura agónica, pendiente del anuncio que haga el próximo viernes tras la reunión del consejo de ministros, cita obligada antes de una disolución de las Cámaras, tengan lugar antes o después.
Carpetazo a la comisión de la "caja b" del PP
De momento, parece que en lo único en que se han puesto de acuerdo, de manera harto sorpresiva, PP y PSOE es en cerrar la comisión de financiación de partidos sin la comparecencia en la misma de Mariano Rajoy. En calidad de ex presidente del Gobierno ha dejado de ser una pieza a abatir. La decisión ha contado con el rechazo tanto de Podemos como de Ciudadanos. El voto decisivo a favor de dar carpetazo a una comisión nacida hace año y medio ha sido del presidente de la misma, el canario Pedro Quevedo. Los grupos volverán a reunirse el 26 de febrero para intentar pactar sus conclusiones, que tendrán que aprobar antes del 11 de marzo, informa Europa Press.
Todo ha pasado bastante desapercibido en mitad de la derrota presupuestaria de Pedro Sánchez de este miércoles. En el aire queda si el Grupo Popular en el Senado sentará a Sánchez en la comisión que estudia la financiación de los partidos -y que nació como venganza a la del Congreso- y a la de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, que carecería de todo fundamento si no cuenta con su testimonio.
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