El Gobierno acuerda exhumar los restos de Franco pero sin saber cuándo podrá hacerlo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado este viernes proceder a exhumar los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos pero sin saber cuándo podrá materializar este "proyecto de Estado". La familia del dictador ha anunciado ya que solicitará al Supremo la suspensión cautelar del acuerdo hasta que el alto tribunal resuelva el fondo del asunto, lo que probablemente no tendría lugar hasta 2020.

El Consejo de Ministros ha dado por "culminado" el procedimiento administrativo puesto en marcha el pasado 31 de agosto para que los huesos de Franco se depositen en una sepultura lejos de Cuelgamuros, donde permanecen desde el 23 de noviembre de 1975. El Ejecutivo da ahora dos semanas a los siete nietos del dictador para que digan dónde quieren inhumarlo, excluyendo de forma expresa la cripta de la Catedral de la Almudena por razones de "orden público" y para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica.

En caso de que los descendientes opten por el silencio administrativo o no se pongan de acuerdo entre ellos respecto al lugar de enterramiento de su abuelo, sería el Consejo de Ministros quien decidiría el emplazamiento. De momento, el único plazo que controla el Gobierno es el de los 15 días que tiene la familia para señalar la ubicación. Ir más allá es moverse "en el mundo de la hipótesis", como ha reconocido la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El Ejecutivo pretende entrar en la basílica del Valle de los Caídos y retirar la momia del dictador pese a no tener el consentimiento de la familia ni la preceptiva autorización eclesiástica por  tratarse de un espacio sagrado, lo que supondría una posible vulneración del Canon 1213 del Código de Derecho Canónico: "La autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en los lugares sagrados". Delgado ha defendido que el hecho de que sea un lugar de culto "no excluye la actividad de la autoridad civil".

La ministra de Justicia interpreta que el hecho de que sea un lugar de culto "no excluye la actividad de la autoridad civil"

Esta interpretación dista mucho de la que hizo la comisión a la que el socialista Rodríguez Zapatero solicitó en 2011 una propuesta de actuaciones de futuro para el Valle de los Caídos. En su informe, los especialistas ya advirtieron de que cualquier intervención en el interior de la basílica sería "difícil" por la condición de lugar sagrado del recinto y la "inviolabilidad" del templo derivada del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede, suscrito el 3 de enero de 1979.

A preguntas de El Independiente, el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, ha avanzado que la familia no va a detallar ninguna alternativa para la inhumación y que se limitará a comunicar al Gobierno su intención de solicitar al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del acuerdo adoptado este viernes para que no sea irreversible y se frustre la finalidad del recurso que se interpondrá.

Los Franco no indicará alternativa para la inhumación y comunicará al Gobierno que va a pedir la suspensión cautelar del acuerdo ante el Supremo

La familia dispone de dos meses para pedir dichas medidas cautelares, si bien reconoce que la solicitud se formalizará "cuanto antes". El letrado sevillano calcula que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resuelva antes de finales de marzo.

Los nietos de Franco ya pidieron al Alto Tribunal a principios del pasado mes de diciembre que suspendiese el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre por el que se aprobó la continuación del procedimiento para sacar el cuerpo embalsamado del Balle de los Caídos. El alto tribunal rechazó esa pretensión al entender que dicho acto administrativo no justificaba por sí mismo la exhumación ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso.

Con todo, el Supremo ha advertido al Gobierno de que el acuerdo no podrá ejecutarse sin que previamente la familia “haya podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar”, en aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Expresado en otras palabras, el acuerdo que ha adoptado este viernes el Consejo de Ministros no podrá ejecutarse previsiblemente hasta que no se resuelva la impugnación de las partes interesadas -la familia y posiblemente la abadía benedictina del Valle de los Caídos y la Fundación Nacional Francisco Franco- y el Supremo se pronuncie sobre ella.

"Justicia-ficción"

"No se puede hacer Justicia-ficción. Hasta que no transcurran los plazos, hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir", ha tratado de zanjar Delgado este viernes ante la insistencia de los periodistas por conocer si el Gobierno teme que el Supremo pueda paralizar la exhumación.

"Hemos cumplido un acuerdo de convivencia, de reencuentro, de conciliación con nuestra memoria histórica. Se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, en el tiempo que se debía hacer y con la seriedad procesal y jurídica que esta decisión importe merecía", ha defendido la titular de Justicia. Y ha añadido: "Ha sido una responsabilidad histórica de este Ejecutivo que nos marcará a todos como españoles en un momento de reconciliación con nosotros mismos  y en una deuda de futuro con la historia".