No se recuerda entre los miembros de la judicatura un procedimiento donde se haya hecho un mayor esfuerzo por la transparencia y el respeto “a la dignidad” de unos presos como el juicio a los líderes independentistas del ‘procés’ en el Tribunal Supremo.
A lo largo del último año y medio el mundo independentista ha repetido hasta la saciedad que estamos ante un “juicio político” donde se están vulnerando los derechos fundamentales de los acusados que promovieron la celebración del referéndum ilegal del 1- O y proclamaron de forma unilateral la independencia de Cataluña en octubre de 2017. Asimismo, el discurso soberanista se ha centrado en “internacionalizar el conflicto” y extender la idea de que la justicia española va a ser condenada “con total probabilidad” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulneración de derechos fundamentales.
De ahí, que tanto desde el Ministerio del Interior como desde el poder judicial se hayan adoptado una serie de medidas –en muchas ocasiones con escaso precedente- para dotar de “máximas garantías” la celebración del juicio oral. En primer lugar, para contrarrestar la idea de que España es un país que viola derechos de los acusados y, en segundo, como claro blindaje ante la Corte de Estrasburgo.
El Supremo está contrarrestando la idea de que en España no se respetan los derechos de los acusados a la par que la Sala se blinda ante Estrasburgo
Estas circunstancias han llevado a algunas voces a calificar de ‘presos VIP’ al ex vicepresidente Oriol Junqueras; al ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y a los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Incluso el traslado desde la prisión de Lledoners (Barcelona) a las prisiones madrileñas se produjo de la forma más favorable para los presos preventivos: en furgones de la Guardia Civil nuevos, sin escalas entre dichos destinos y escoltados por una ambulancia.
Lo habitual es que los traslados de presos entre cárceles de la península se prolonguen varios días pese a que la distancia entre las prisiones sea escasa. Por ejemplo, cuando los líderes de la trama Gürtel, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez El Bigotes, fueron llevados desde la prisión de Picassent (Valencia) a Valdemoro (Madrid) en febrero de 2017 la conducción se prolongó casi tres días pese a que el recorrido en vehículo es de 363 kilómetos. Crespo y El Bigotes salieron el 16 de febrero de Picassent y llegaron el 18 a Valdemoro previo paso por las prisiones de Teruel, Daroca, Zuera, Álava, Burgos, Dueñas, Valladolid y Segovia.
Con los presos del ‘procés’ se evitó cualquier periplo similar, entre otras cuestiones por motivos de seguridad. Así es cómo están siendo tratados los acusados que están gozando de un plus de garantías procesales:
La prisión en Madrid. Desde Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, se ha extremado el cuidado para que los líderes independentistas estén lo más cómodos posibles en las prisiones madrileñas. A diferencia de otros presos se les permite que despachen con sus abogados sin cristal y que tengan ordenadores portátiles en sus celdas para poder estudiar el procedimiento. “La mayoría de internos esperan meses hasta que pueden utilizar un ordenador para estudiar su causa”, denuncian fuentes del módulo 10 de la prisión de Soto del Real. “Además, desde un primer momento han estado ubicados en celdas individuales, algo que tampoco es habitual. Han reservado hasta tres mesas del comedor para ellos”, agregan las mismas fuentes. Desde Instituciones Penitenciarias sostienen que el juez Llarena autorizó la comunicación de los internos con los abogados sin barrera física así como el uso de ordenadores para acceder exclusivamente al sumario del ‘procés’ en formato pdf. Por otro lado, los presos se quejaron de que las celdas de Soto del Real eran "auténticas neveras" e Interior se comprometió a solucionar el problema.
Traslados al tribunal. Fuentes cercanas a los presos recalcan el “trato exquisito” que reciben cada día cuando son trasladados hasta la plaza de la Villa de París, en el centro de Madrid. Los doce líderes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo se levantan a las 6:00 horas y abandonan las cárceles madrileñas de Soto del Real –los hombres- y Alcalá Meco –las mujeres- a las 7:30 horas. El pasado martes, primer día de celebración del juicio, los guardias civiles que conducen los furgones que los transportan a la sede judicial se presentaron a los presos y les dijeron que estaban a su disposición y que cada día serían ellos mismos quienes se encargarían de sus traslados al Alto Tribunal.
Catering en el Supremo. Lo habitual hubiera sido que en el receso del juicio los presos hubieran sido conducidos a los calabozos para almorzar hasta que se reanudase la vista oral. Sin embargo, debido a que el Supremo carece de los mismos –hay que recordar que es un tribunal de casación- se decidió que en vez de llevarlos durante esa hora y media a los calabozos de la Audiencia Nacional se les acondicionaría una sala en el mismo tribunal. En concreto, los presos están siendo conducidos para descansar y almorzar al habitáculo conocido como ‘la rotonda’ que se encuentra en la planta baja del Supremo y que ha sido utilizado en otras ocasiones para celebrar, por ejemplo, Plenos de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Es la única zona del edificio que conserva el suelo original del que fuera palacio de la reina Bárbara de Braganza, hoy sede del Alto Tribunal. Normalmente, durante la celebración de los juicios los presos reciben ‘un picnic’ como almuerzo consistente en un bocadillo y una pieza de fruta. En este caso, el Supremo entendió que los acusados no podían estar tres meses comiendo bocadillos así que se ha encargado a un catering que les sirva un menú diario por un módico precio. Según ha podido saber El Independiente, el menú del primer día de vista oral para los presos fue tortilla de verduras y bufé de ensaladas.
Biombo para evitar a la prensa. En cada receso de la vista oral, la Policía que vela por garantizar que el juicio transcurra sin incidentes en el Tribunal Supremo impide que los periodistas accedan al Salón de Plenos o sus inmediaciones mientras los presos son conducidos a 'la rotonda'. Además, se pone un biombo en uno de los pasillos del tribunal para evitar que los líderes independentistas puedan ser fotografiados fuera del banquillo de los acusados durante ese recorrido.
Proximidad a los abogados. El tribunal, a petición de varias de las defensas, ha permitido a los presos que, en vez de sentarse en el banquillo de los acusados, si lo desean lo hagan en el estrado detrás de sus letrados. Durante las dos primeras jornadas del juicio oral, la imagen de los doce acusados sentados en el banquillo pudo fotografiarse por todos los medios de comunicaciones que cubren la vista oral. El Supremo justificó su decisión al percibir "el permanente esfuerzo de los procesados por comunicarse con sus abogados e intercambiar documentos". La Sala ha decidido que "si alguno considera que su defensa es más efectiva colocándose en la parte de atrás pueden hacerlo", concluyó Marchena.
Lazos amarillos. El segundo día de juicio, durante la fase de cuestiones previas, el abogado de Vox, Pedro Fernández, pidió a la Sala que se pronunciara sobre el uso del lazo amarillo tras constatar que el acusado Jordi Sánchez lo llevaba en su chaqueta. Desde la formación de Santiago Abascal se consideró dicho símbolo como “una falta de respeto a la Justicia” al representar una protesta contra la prisión preventiva de los líderes del ‘procés’. El presidente Manuel Marchena respondió que no se obstaculizaría la utilización del lazo amarillo por parte de los acusados, tras recordar las condenas a Bélgica (2017) y Bosnia-Herzegovina (2018) por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por hechos con cierta similitud. En ambos casos las condenas recibidas desde Estrasburgo fueron por prohibir símbolos religiosos, asimilables a los de naturaleza ideológica, según lo establecido en el Convenio de Roma. “El criterio está extraído del tratamiento jurisprudencial y normativo”, concluyó el magistrado recalcando que "el rango axiológico con el que lo contempla el Tratado de Roma es el de símbolo religioso o ideológico".
Doble interrogatorio. En un acto poco habitual, y para reforzar el derecho de defensa, la Sala también ha anunciado que permitirá que se incluya en el juicio una segunda vuelta de interrogatorios a los acusados para dar la oportunidad a los abogados de los líderes independentistas a que, en el caso de que se admita alguna nueva prueba, puedan interrogar sobre la misma.
Declarar en catalán. "Cualquiera que quiera responder en su lengua materna podrá hacerlo", dijo Manuel Marchena al resolver las cuestiones previas durante la tercera jornada del juicio añadiendo que la Sala, tras hacer un "ejercicio de balanceo y ponderación", reconocía las razones de "carácter emocional" de los acusados para responder en catalán. No obstante, los magistrados rechazaron el sistema de traducción simultánea así como que los abogados formularan a sus clientes las preguntas en catalán durante los interrogatorios. El presidente del tribunal dijo además que "llevamos un año y cuatro meses de causa especial en castellano y no se ha hecho la más mínima alusión a la reivindicación de responder en lengua catalana; no se ha hecho cuando ha estado en juego ni más ni menos la aplicación de medidas cautelares". Finalmente, tanto el ex vicepresidente Oriol Junqueras como el ex conseller Joaquim Forn optaron por declarar en castellano. El líder de ERC manifestó que era "un placer" contestar en castellano mientras Forn protestó porque no se hubiera admitido la traducción simultánea en el plenario.
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