Los presos del 'procés' temen un cambio de Gobierno por los posibles indultos

El posible cambio del signo del Gobierno en el Palacio de la Moncloa llega en el “peor momento” para el banquillo de los acusados del ‘procés’. Así lo describen distintas fuentes próximas a los presos independentistas consultadas por El Independiente. No sólo eso. Las elecciones anticipadas por Pedro Sánchez dan al traste con la campaña organizada por partidos y entidades independentistas para convertir el juicio en banderín de enganche de la opinión pública europea en favor de su causa. En una semana, los presos independentistas han visto cómo se complica la aspiración a indultos y cómo se va al traste su protagonismo mediático, del que a la postre sólo habrán disfrutado Oriol Junqueras y Joaquim Forn.

Aunque la tesis defendida en público por PdeCat y ERC es que ha sido precisamente el juicio -"la muestra más dura de la represión" aseguran los independentistas- lo que ha impedido llegar a un acuerdo con el Gobierno del PSOE, en privado los nueve líderes del ‘procés’ que se encuentran en situación de prisión preventiva ven cómo el escenario de un posible indulto se aleja si Partido Popular o Ciudadanos gobiernan en coalición España a partir de la próxima primavera.

El Ejecutivo del PSOE estaba dispuesto a asumir el coste electoral de los indultos para buscar una solución a la crisis con Cataluña

Miembros del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez habían reconocido en privado que estaban abiertos a conceder la medida de gracia a los líderes independentistas - si finalmente son condenados por el Tribunal Supremo- para poder buscar una solución política en Cataluña. De hecho, el presidente estaba dispuesto -al menos antes de que las formaciones catalanas tumbaran los presupuestos- a otorgar los indultos si su Gobierno ganaba las próximas elecciones generales.

En contraposición, tanto el líder del Partido Popular, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, han propuesto la aplicación del artículo 155 en Cataluña si llegan a La Moncloa. Si a esa coalición se suma Vox, que ejerce de acusación popular en el ‘procés’ y solicita penas de prisión de hasta 74 años de cárcel para miembros del banquillo como Oriol Junqueras, el escenario se complica considerablemente. No porque la sentencia del Tribunal Supremo vaya a ser diferente con el cambio de Gobierno –los miembros del tribunal sentenciarán atendiendo exclusivamente a criterios jurídicos al margen del escenario político- sino porque la concesión del indulto se hace inviable.

Unos indultos pedidos de forma indirecta

En una entrevista reciente con este periódico, el líder de ERC Oriol Junqueras afirmó de forma rotunda que “no” pedirá la medida de gracia “por un delito que no ha cometido”. “Sería un contrasentido”, manifestó el ex vicepresidente de la Generalitat. Cuando El Independiente, entró la cárcel de Lledoners para entrevistar con el ex presidente de ANC, Jordi Sánchez, el pasado mes de octubre el preso recalcó lo siguiente: “Si soy condenado no voy a pedir ningún indulto. Es una cuestión de dignidad y coherencia personal y política”.

Sin embargo, se puede dar la circunstancia de que los líderes independentistas mantengan aparentemente su palabra y que los citados indultos sean solicitados por terceros. El artículo 19 de la Ley de Indulto establece que “pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación”.

Además, su artículo 21 añade que “podrá también el Gobierno mandar formar el oportuno expediente, con arreglo a las disposiciones de esta ley, para la concesión de indultos que no hubiesen sido solicitados por los particulares ni propuestos por los Tribunales de Justicia” abriendo la puerta a que el Ejecutivo no sólo conceda sino que promueva la medida de gracia.

Esta situación ya se dio cuando, por ejemplo, la asociación Medel (Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades) solicitó al Ministerio de Justicia la medida de gracia para el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, condenado a once años de inhabilitación por las escuchas ilegales del caso Gürtel.

En aquella ocasión, el ministerio que dirigía Alberto Ruiz Gallardón tuvo que preguntar al ex magistrado si aquella petición contaba con su “aval”. Garzón, que nunca pidió de forma directa el indulto, respondió al Gobierno que sí aunque matizó que aquella solicitud era “libre y soberana”.

Más allá de un eventual indulto, algunas voces del entorno próximo al independentismo apuntan con una condena mucho menor a las pedidas por la Fiscalía y la acusación de Vox, de modo que el año y medio cumplido ya en prisión preventiva les permitiría acceder a un segundo grado (artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario) o tercer grado en un tiempo relativamente rápido, lo que a su vez contribuiría a "desinflamar" el foco de tensión que genera en Cataluña la crisis de los presos.

Pero un Gobierno de PP y Cs, difícilmente será tan proclive al traslado de los presos a cárceles de Cataluña mientras no haya sentencia condenatoria por parte del Alto Tribunal, apuntan con voz sombría desde algunos ámbitos del entorno independentista. "No es solo un tema de indultos" concluyen, pese a reconocer que el cumplimiento de penas cerca del domicilio habitual o la concesión de beneficios penitenciarios están regulados y se fijan al margen de quien ocupe la Moncloa.

Exportar la causa independentista

Cuestión al margen es la campaña internacional con la que partidos y entidades independentistas querían aprovechar la celebración del juicio para exportar la causa independentista. Conscientes de la enorme expectación que genera en toda Europa, y también en Estados Unidos, el juicio a los líderes del 1-O, tanto ERC, como la Crida y la ANC habían anunciado campañas internacionales para explicar el juicio.

Unas campañas que se centraran oficialmente en las conferencias de Carles Puigdemont por Europa, en el caso de la Crida, la gira anunciada en paralelo por el conseller Alfred Bosch y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o las concentraciones organizadas por la ANC en una treintena de ciudades. Pero la parte más importante, y menos pública, de esa campaña es la dedicada a convencer a grupos políticos y medios de comunicación europeo de que las exigencias independentistas son justas.

Los presos creen que Puigdemont los ha vuelto a "contraprogramar" con el veto a los PGE que ha provocado el adelanto electoral

La ANC ha anunciado una campaña de 100.000 euros en medios europeos, y Esquerra quiere aprovechar el juicio para explicar su versión a todos los aliados políticos que tienen en Europa. Pero esa campaña parte de la base de que el juicio sea un foco de atención los suficientemente potente como para competir con el Brexit o la crisis italiana. Y no será así con una campaña electoral en España. La posibilidad de un nuevo cambio de Gobierno, con Vox como nuevo jugador estrella en el tablero, eclipsará el juicio a partir de ahora.

"Nos han vuelto a contraprogramar" se lamentan en el entorno de los procesados, como cuando Jordi Sánchez y Jordi Turull empezaron una huelga de hambre el pasado diciembre que debía monopolizar el relato independentistas, y dos días después Carles Puigdemont convocó a todos los dirigentes de JxCat, ERC y la CUP en Bruselas para tratar la división entre las fuerzas independentistas. Ahora, la mano de Waterloo sobrevuela claramente sobre el veto de los Presupuestos de Sánchez.