El "censo universal" para votar el 1-O, clave en la declaración de Turull en el Supremo

El juicio de los líderes el ‘procés’ se retoma este martes en el Tribunal Supremo con los interrogatorios de los acusados Jordi Turull y Raül Romeva, ambos ex consellers de la Generalitat cuando se promovió la celebración del referéndum ilegal del 1 de Octubre y se proclamó de forma unilateral la independencia de Cataluña. Está previsto que Turull responda a la Fiscalía, Abogacía del Estado y su defensa si bien Romeva tan sólo accederá a ser interrogado por su letrado Andreu Van der Eyden, según informan fuentes jurídicas a El Independiente.

El Ministerio Público –que este martes estará representado por los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal- sostiene que ambos procesados participaron “en múltiples reuniones mantenidas durante los años 2015 y 2016, siempre de forma reservada” donde se discutieron “los aspectos relativos al proceso para la independencia y la construcción de un Estado propio” siendo el resultado la convocatoria “de forma unilateral” del referéndum ilegal del 1-O.

La Fiscalía sostiene que tanto Turull como Romeva, entre otros ex consellers, eran “plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos, como los que habían sucedido el día 20 de Septiembre” pese a lo que “hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos –mediante entrevistas, en actos públicos y a través de las redes sociales- a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar, para proteger los centros de votación y evitar que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral”.

En concreto, tuvo especial importancia en la logística del referéndum la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que dependía de la Consejería de Presidencia encabezada por Jordi Turull. “Para favorecer la ejecución de la consulta ilegal, se crearon en su seno distintas páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos, que fueron utilizados para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre, dando soporte digital a la difusión de información, registro, publicidad, recuento de votos y operativa concreta del referéndum, cuyo control era final y realmente ejercido por el conseller Turull”, afirma la Fiscalía.

El mismo 1-O, Jordi Turull como portavoz del Govern dijo que los votantes iban a poder acudir a cualquier colegio electoral gracias a un sistema que permitía acceder al “censo universal”. Este fue el sistema elegido por la Generalitat para sortear las “dificultades” derivadas de las actuaciones policiales, que tenían la orden de intervenir todo el material electoral y clausurar los colegios electorales.

La Fiscalía solicita 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación para el ex conseller de Presidencia catalán por un delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado pide para Turull 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación mientras que la acusación popular ejercida por Vox eleva su reclamación a 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.