Los ex consellers Bassa, Borrás y Mundó niegan el destino de fondos públicos para el 1-O

Quinta sesión del juicio del ' procés' con la declaración de hasta cuatros miembros del Govern. Tras la declaración del Josep Rull, fue el turno de Dolors Bassa, consejera del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, ha comparecido este miércoles en el juicio del ‘procés’ que el referéndum ilegal del 1 de Octubre “no era un acto concluyente para la independencia” y que se pensó en su convocatoria con el convencimiento de que, si eran capaces de movilizar a un porcentaje mayoritario de la población, podría “ayudar en la negociación” con el Estado. “La prueba es que estamos aquí y no hay independencia”, ha defendido la antigua miembro del Govern en su declaración en castellano.

La ex dirigente de ERC se ha desmarcado en el Tribunal Supremo de la estrategia de los otros dos dirigentes de dicho partido, Oriol Junqueras y Raül Romeva, que se acogieron a su derecho a no contestar a la Fiscalía y la Abogacía del Estado al entender que se encuentran ante un “juicio político”. Se ha negado a responder a Vox "por respeto a las mujeres de España". La acusada, en respuestas al fiscal de Sala Fidel Cadena, ha explicado que no valoraron la opción de desconvocar el referéndum “porque pensábamos que no era delito”.

"Creo que si estábamos en un conflicto íbamos a resolverlo, nunca pensé que era un delito y continuamos avanzando con esta idea. Tampoco hice nada para no cumplir las sentencias del TC. Sí que me las notificaron, pero ahí se quedaron. A partir de la suspensión de la ley no hicimos ninguna acción, no hacemos nada más, incluso acatamos la desautorización de la Sindicatura Electoral", ha subrayado la acusada que se enfrenta a 16 años de prisión por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Durante su discurso, Dolors Bassa ha negado cualquier tipo de desobediencia o desacato a las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución. "A partir del 7 de septiembre, en que la ley del referéndum es suspendida, no se materializa ningún otro acto que tenga que ver con el referéndum. Lo acatamos todo".

La actuación de la Policía y Guardia Civil

Sobre la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada por el Parlament en septiembre de 2017–también conocida como Ley de Desconexión- ha manifestado que era una especie de plan B por si alcanzaban un “pacto” a favor de la independencia.  “La ley de transitoriedad bebía del programa electoral que nunca fue cuestionado”, recalcó Bassa que añadió lo siguiente: “Si llegamos a un pacto tenemos que tener algo preparado (…) Siempre con la idea de un pacto de después del referéndum”. "Prevenir no es ningún problema", remachó.

Asimismo, Bassa ha defendido que “nunca” pensó que podrían producirse “enfrentamientos violentos” el 1-O, entre otros motivos porque tenía como “referencia” la consulta del 9-N (2014) y entonces no hubo incidencias. La ex consellera argumentó que su convencimiento de que no habría problemas era mayor en los días previos, después de que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas dictara un auto en la que instaban a los Mossos d’Esquadra a mantener la “convivencia ciudadana”.

La ex titular de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia -actualmente en prisión preventiva- ha mantenido que la “única variable” inesperada aquella jornada fue la actuación “totalmente equívoca de algunos” integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En su opinión, había “mil maneras” de que se hubiera impedido la celebración del referéndum “sin atacar a la gente que estaba allí”.

Además, la acusada ha negado que se destinaran fondos públicos a la celebración del 1-O aunque cuando ha sido interpelada por la abogada del Estado, Rosa María Seoane, se ha quedado sin argumentos. “¿Se pensaba celebrar el referéndum sin medios?”, preguntó al representante de los servicios jurídicos del Estado. “Pensábamos que podíamos celebrarlo”, insistió la acusada. “Ya, pero ¿con qué medios?", repregunta Seonae. "Cada uno debía pensarlo a su manera. El pensamiento es libre", añadió Bassa. “¿Y cuál era su pensamiento para celebrar el referéndum?”, insiste la abogada del Estado. "Sobre mi pensamiento no quiero revelar. Yo lo que le puedo decir es que no se materializó ninguna acción tras la suspensión de la ley". finalizó la ex consellera.

Cuando fue preguntada por la cesión de centros cívicos para la celebración del 1-O, Bassa ha dicho que las actividades en los mismos "no tenían que ver nada" con la consulta ilegal y añadió que no podía negarse a ceder los centros porque era para “bailes de gente mayor, o partidas de ajedrez, o butifarradas”.

Borrás resta importancia a la DUI

Durante la sesión de este miércoles, también ha declarado la exconsellera de Gobernación Meritxell Borrás, una de los tres únicos acusados que permanece en libertad del banquillo de los acusados. La ex miembro del Govern, que ha respondido a Fiscalía, Abogacía del Estado y su defensa, ha señalado que la DUI fue "una expresión política que no tiene consecuencias legales".

La acusada, que se enfrenta a una petición de prisión de siete años de cárcel por parte del Ministerio Público por los delitos de malversación y desobediencia, ha señalado que la DUI tampoco tenía “consecuencias jurídicas”. “Fue un preámbulo” y “un preámbulo no obliga a nada ni establece nada", recalcó.

Asimismo, a lo largo de su interrogatorio, que se ha extendido sobre una hora y media, ha hecho un alegato a favor del pacifismo y de hacer política: “Creo en la necesidad de pactar el acuerdo, sobre todo cuando partes de ideas distintas y hay un mandato claro a través de los votos de los catalanes. Entiendo que esto expresa una realidad existente. Creo que las situaciones políticas se tienen que resolver siempre políticamente”.

Por otro lado, Borrás ha negado haber malversado dinero público de la Generalitat para el referéndum del 1-O. "No se gastó ni un euro público por el referéndum. Ni mi departamento ni el de nadie más", aseveró. Durante su comparecencia, la acusada rompió a llorar cuando se le interrogó sobre las notificaciones que le había enviado el Constitucional, ya que un día antes de enviarse las mismas había fallecido su padre.

También compareció este miércoles en la vista oral el ex conseller de Justicia, Carles Mundó, acusado también de desobediencia y malversación, dice que él "atendió los requerimientos del Tribunal Constitucional" y desde que se le notificó la suspensión del referéndum independentista no hizo “nada” en el “ámbito de sus competencias” para que se realizara. Asimismo, ha señalado que "no existe por parte del departamento de Justicia un gasto destinado al referéndum”.