Carmen Calvo explica que "es compatible" que Pedro Sánchez cobre por su libro

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado este jueves que es compatible legalmente que Pedro Sánchez cobre por la venta de su libro siendo jefe del Ejecutivo. En una entrevista en el Programa de Ana Rosa, Calvo ha asegurado desconocer si el presidente ganará un dinero extra por su Manual de Resistencia, aunque ha defendido que es una opción legal.

"Desconozco si ha cobrado, habrá hecho lo que corresponde en el ámbito de lo que es legal. A los cargos públicos, de las pocas cosas que tenemos con compatibilidad son dar conferencias y escribir libros. Todo lo demás es incompatible", ha respondido la vicepresidenta. "Lo último que quiere el presidente Sánchez en la posición que tiene en este momento es nada que ver con el dinero", ha añadido, asegurando que lo importante para el presidente con sus memorias es "contar su propio relato".

De momento, a consultas de los periodistas, ni el presidente ni la editorial han mostrado la intención de Sánchez de renunciar a las remuneraciones que le corresponden por la publicación y venta de su libro, Manual de Resistencia, el primero que lleva a las tiendas un jefe del Ejecutivo en ejercicio en España. Para cobrar su derechos de autor, Pedro Sánchez se puede acoger a las excepciones establecidas en la ley que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración del Estado para percibir esos ingresos, que incluirá en la actualización de su declaración de bienes.

El artículo 13 de la ley, que establece las incompatibilidades del cargo, dicta que los miembros del Gobierno y altos cargos podrán compatibilizar algunas actividades privadas “siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función, sin perjuicio de la jerarquía administrativa”. Entre ellas se incluye la “producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia ocasional y excepcional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes”.

El presidente debe incluir los ingresos que perciba por la venta de su libro en la declaración de bienes que publicó el pasado mes de septiembre, y que sea actualizará pasado un año. En esa declaración, Sánchez asegura tener un patrimonio de 180.794 euros en bienes inmuebles y un pasivo (créditos, préstamos y deudas) por importe de 192.026 euros. El jefe del Ejecutivo afirmaba contar entonces con 21.434 euros en depósitos en cuenta corriente y otros productos financieros y 5.667 euros en acciones y participaciones. Además, declaró 135.093 euros en otros “bienes y derechos de contenido económico”.

La vicepresidenta ha reconocido que la petición del cambio de colchón en la Moncloa que relata Sánchez también es innecesaria, ya que esos cambios se realizan por protocolo cuando cambia el presidente del Gobierno o el ministro que ocupa una residencia oficial. "Si se trata de un libro que está contando un relato que tiene que ver con su persona y no con el ejercicio del cargo, tiene que estar trufado de cosas personales, no tiene más", ha explicado.

Carmen Calvo también ha negado que las memorias de Sánchez puedan causar malestar dentro del PSOE por la versión tan personal que ofrece del enfrentamiento interno que mantuvo con los barones desde 2014 hasta 2017. "El libro no abre ninguna herida", ha asegurado, para desmentir que la publicación pueda generar enfado o división interna en plena precampaña electoral. "El libro cuenta una historia con verdades contrastables y con hechos verificables que ha vivido en primera persona. El presidente Sánchez es un político que ha vivido una experiencia muy singular. Está en su perfecto derecho a quererlo contar y a hacer una revisión de cómo ha sido eso para él", ha defendido Calvo, que ha echado de menos en la política española más entrevistas y retratos de carácter personal de los políticos.

Otro de los aspectos delicados de la publicación del libro es la posible incompatibilidad en que pueda incurrir a la hora de tomar decisiones que afecten a la editorial con la que ha firmado el contrato, Península, perteneciente al Grupo Planeta. En su página web, Planeta se define como “el primer grupo editorial y de comunicación español de capital familiar que lidera una amplia oferta al servicio de la cultura, la formación, la información y el entretenimiento audiovisual. Desde la fundación de Editorial Planeta en Barcelona por José Manuel Lara Hernández, en 1949, el Grupo se ha convertido en una multinacional que combina una sólida tradición empresarial con una gran capacidad de innovación y una vocación europea e internacional, con una presencia especialmente destacada en España, Francia, Portugal y América Latina”.

Entre sus negocios, Planeta cuenta con el periódico La Razón, y el conflomerado de medios audiovisuales Atresmedia, que incluye las emisoras de radio Onda Cero y Europa FM, y los canales de televisión Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, Atreseries y Objetivo Bienestar, entre otros. En este sentido, en Moncloa explican que el presidente se inhibirá de cualquier decisión del Consejo de Ministros que afecte a la editorial por la que ha fichado.

La ley reguladora del ejercicio del alto cargo establece que estará incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos. Como intereses personales se consideran los propios, los de sus familiares, los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente, los de sus amigos o enemigos, los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento o a los que esté vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.

Existe un claro antecedente en este sentido protagonizado por Manuel Chaves cuando era presidente de la Junta de Andalucía en 2009. El presidente socialista vulneró la ley de incompatibilidades de altos cargos de Andalucía cuando su Consejo de Gobierno aprobó un incentivo de 10,1 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matsa, en la que traba su hija. Paula Chaves aceptó en nombre de Matsa la subvención firmada por su padre. En octubre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a la empresa minera a devolver de forma íntegra ese dinero junto a los intereses acumulados desde su concesión, 11,8 millones de euros.