Vila contradice al resto de acusados: “Rajoy mantuvo siempre abiertas las vías de diálogo”

El ex conseller Santi Vila ha defendido este jueves que el objetivo de la convocatoria del 1-O por parte del Gobieno catalán era realmente "tensar la cuerda, pero que no se rompiera" y tratar de "encauzar" el conflicto con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Vila ha prestado declaración durante 70 minutos ante en el Tribunal Supremo donde se le juzga como presunto autor de delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia por decisiones adoptadas por el Govern. El acusado ha ofrecido su particular interpretación de lo que sucedió antes de la consulta independentista y los hechos que se desencadenaron con posterioridad.

Vila presentó su renuncia como consejero de Empresa el 26 de octubre de 2017 por su rechazo a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y de que el Senado autorizara la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "Dimito. Mis intentos de diálogo nuevamente han fracaso. Espero haber sido útil hasta el último momento al presidente Carlos Puigdemont y a los catalanes", tuiteó aquel día.

Vila dice que Rajoy "mantuvo siempre vías de diálogo abiertas" y lamenta que no se crearan "las condiciones" para la negociación

El encausado ha presentado como una "exhibición de gran movilización política" la jornada del 1-O, que dejó de tener para él -ha enfatizado- la consideración de "referéndum" desde que el Tribunal Constitucional suspendió su celebración en la vísperas. Según ha expuesto, la intención es que sirviera de "palanca" en la confianza de que pudiera servir para tratar de "reformar y actualizar" los consensos institucionales que él daba por rotos desde el año 2010.

Santi Vila -que está siendo defendido por el mismo bufete de abogados que los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull y el ex líder de ANC Jordi Sánchez- ha negado que en su dimisión como consejero influyera el hecho de que se pudieran estar tomando decisiones de las que pudieran derivarse responsabilidades penales en el futuro y ha explicado que la decisión de salir del Govern se debió exclusivamente a su 'frustración' por haber "fracaso" en su intento de "encauzar el conflicto", tras haber realizado gestiones "discretamente" con el Gobierno del PP y con el PSOE para tratar de reconducir la situación. "Algunos pensábamos que debíamos ser el Gobierno de todos. Y por orden de Puigdemont fui a negociar con dirigentes del Gobierno de España para desinflar la tensión”, explicó.

Llamó a Puigdemont

De hecho, el encausado ha llegado a decir a preguntas del fiscal Fidel Cadena que se fue a dormir la noche del 25 de octubre -en víspera de la DUI- con el convencimiento de que el objetivo se había conseguido y que se aparcaría la vía unilateral para optar por la convocatoria de elecciones anticipadas. No fue así y consideró que la imposibilidad de cumplir con sus interlocutores le obligaba a dar un paso al lado.

El acusado ha narrado que el día 25 se fue a dormir "con esa sensación de paz interior" de que lo habían conseguido, de que "no vamos a tomar ninguna decisión unilateral" como "una declaración que, aunque fuera solo formal o política, pudiera resultar ofensiva o inflamatoria". Las elecciones eran ya la salida acordada, argumentó. Pero el desenlace de los acontecimientos transformó aquella jornada en "una noche que me acompañará toda la vida porque me ha costado la carrera política y ya veremos si algo más", dijo el ex miembro del Govern.

El día 26 de octubre, "el clima exterior era tan fuerte" que "la cosa se torció" y entonces llamó al expresidente Carles Puigdemont.  "Yo me he dado la mano con altos dirigentes del PP y del PSOE, he dado la palabra de que cumpliríamos, si ahora no podemos porque no nos vemos capaces de justificarlo ante nuestro electorado, ante los jóvenes... porque somos aprendices de mago ante la presión de las redes sociales, si no somos capaces de gestionar esto emocionalmente, yo, sintiéndolo mucho, me voy y dimito", le dijo.

El resultado es conocido por todos. Aquel día Puigdemont aplazó varias veces una convocatoria de rueda de prensa donde se descartaron las elecciones y se abocó a los catalanes a la DUI, que fue proclama por el Parlament el día siguiente.

El ex 'conseller' atribuye a su frustración por no haber podido "encauzar el conflicto" la causa exclusiva de su dimisión

En este sentido, Vila ha reconocido además que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy "mantuvo siempre vías de diálogo abiertas", al tiempo que ha lamentado que ni desde un lado ni desde el otro supieron crear "las condiciones de confianza para que eso precipitara algún tipo de negociación". Es el primero de los acusados que sostiene que el ex líder del Ejecutivo apostó claramente por el diálogo con los miembros de la Generalitat de Cataluña en contraposición a lo declarado por los ocho procesados que declararon con anterioridad a él.

"Gobierno de todos"

La base de esa renuncia fue las discrepancias en la lectura de lo que ocurrió el 1-O en Cataluña en el movimiento separatista. En este sentido, el procesado ha explicado que el Ejecutivo autonómico tenía la obligación de escuchar a los dos millones de catalanes que votaron a favor de la ruptura con el país, pero también con los más de dos millones y medio de ciudadanos que se quedaron aquella jornada "en casa". "Algunos considerábamos que era la obligación del gobierno ser el gobierno de todos", ha remarcado.

Con la perspectiva que da el tiempo, Santi Vila ha reconocido que hoy "igual haríamos las cosas de otra manera y habríamos encauzado el conflicto de otra manera" a fin de evitar tener que estar sentado ahora en el banquillo de los acusados junto con otros 11 líderes independentistas y enfrentarse a pena de prisión.

El interrogatorio del fiscal Cadena y de la abogada del Estado Rosa María Seoane ha girado en gran parte en torno al dinero público que eventualmente se hubiera podido destinar desde la Generalitat a la consulta soberanista -suspendida por el Tribunal Constuitucional- para tratar de acreditar que pudo haber incurrido en un delito de malversación.

"Mecenas catalanistas"

En este sentido, Santi Vila ha defendido que no se destinaron fondos del erario a ningún gasto relacionada con la consulta y ha interpretado que la compra de sobres y papeletas que la Guardia Civil intervino en la sede de la empresa Unipost debieron sufragarla "mecenas catalanistas" comprometidos con la causa de la independencia. También ha negado que su departamento autorizara la utilización de instalaciones como puntos de votación.

El ex consejero de Empresa y Conocimiento se enfrenta a una petición de pena de siete años de prisión y 16 de inhabilitación como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos, al tiempo que se le pide una multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el de desobediencia.