La carta del Vaticano revela que el Gobierno manipula su postura sobre la exhumación de Franco

La Santa Sede ha dejado claro al Gobierno de Pedro Sánchez que no se inmiscuirá en la exhumación de los restos de Franco por estar sujeto el conflicto a la "jurisdicción española", lo que despeja definitivamente dudas y apuntala la idea de que será el Tribunal Supremo quien tendrá que resolver si el cadáver embalsamado del dictador ha de salir de su actual sepultura en el Valle de los Caídos.

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El Independiente desvela el contenido íntegro tanto de la carta enviada por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, como la que ésta le había remitido al purpurado 26 días antes con tono de contrariedad para poner en su conocimiento que el máximo responsable de la abadía benedictina del Valle de los Caídos (Santiago Cantera) había rechazado el permiso para acceder al templo y pedirle que tomara las decisiones oportunas "a fin de remover los obstáculos que la referida abadía ha creado con su decisión" y evitar "un conflicto jurídico y político" indeseado.

La literalidad de la misiva firmada por el cardenal Pietro Parolin -fechada el pasado 14 de febrero, la víspera de que el Consejo de Ministros acordara el traslado de Franco- desvirtúa la versión aventada con la que se ha tratado de proyectar la idea a la opinión pública de que la Santa Sede no sólo apoya expresamente la exhumación sino que está decidida a torcer la voluntad del prior para que los operarios puedan abrir la losa de granito de tonelada y medio de peso que tapa la sepultura del dictador para complacer así la voluntad expresada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2017.

La Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española", le responde Parolin a Calvo

Junto a los nietos de Franco, Sánchez ha tropezado con el firme rechazo del prior en su camino para pasar a la historia como el presidente del Gobierno que sacó al dictador de Cuelgamuros, enterrado hace más de 43 años en el crucero de la basílica. El religioso fundamenta la denegación de la autorización para proceder a la exhumación en la "patente oposición” de la familia al traslado de los restos, alegando que de lo contrario incumpliría "principios religiosos y morales".

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En la carta, el número dos de la Santa Sede recuerda que la "controversia" está "sometida al Derecho y a la Justicia españoles", después de que los descendientes del dictador interpusieran el pasado mes de noviembre un contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y solicitaran la suspensión cautelar del acuerdo por el que el Consejo de Ministros acordó continuar el procedimiento administrativo que ha instruido. El Alto Tribunal rechazó entonces tal pretensión de los Franco con el argumento de que el Gobierno no había tomado una decisión final que hiciera irreversible el recurso de los familiares.

Con todo, el cardenal reitera a Calvo lo que ya le dijo cuando la recibió en el Vaticano el pasado 29 de octubre: "La Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del General Franco si la autoridad competente así lo dispone". De sus palabras debe entenderse que la "autoridad competente" es el Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional competente para resolver el contencioso.

"Es distinto decir que la Iglesia no se opone a decir que apoya la exhumación”, ha matizado este jueves en declaraciones a la Cope el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ante la especie difundida de que el Vaticano desea que Franco salga del Valle de los Caídos y de que obligará al prior a permitirlo.

"Observar el ordenamiento"

La carta a la número dos del Gobierno no denota tono imperativo y Parolin se limita a recordarle a la comunidad benedictina -instalada en Cuelgamuros en virtud del convenio firmado por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos con la Abadía de Silos el 29 de mayo de 1958- "su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles".

Tras subrayar que en los despachos vaticanos se sigue "con gran atención" todo lo concerniente al "traslado de los restos mortales del general Franco", Pietro Parolin aprovecha también la carta para trasladar otro mensaje al Ejecutivo español que no deja lugar a interpretaciones y que no ha debido de colmar los deseos de Calvo. "En cumplimiento del principio de no intervención en asuntos que pertenecen esencialmente a la competencia interna de otro Estado, la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española", zanja.

La vicepresidenta Carmen Calvo saluda al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, el pasado 29 de octubre en Roma. EFE

A la vicepresidenta del Gobierno le ha debido de quedar claro también por las palabras del prelado italiano que la más alta jerarquía eclesiástica "respeta plenamente el texto y el espíritu" del acuerdo sobre asuntos jurídicos que la Santa Sede firmó con el Estado español el 3 de enero de 1979 y que entró en vigor el 4 de diciembre de ese mismo año. El documento lleva las firmas de Marcelino Oreja Aguirre, entonces ministro español de Asuntos Exteriores, y del cardenal Giovanni Villaf, prefecto en aquellas fechas del Consejo para los Asuntos de la Iglesia.

De los ocho artículos, dos disposiciones transitorias y un protocolo final hay un precepto nuclear en dicho acuerdo -concretamente el 1.5- en relación con el pulso que dirimen los nietos de Franco y el prior de la abadía del Valle de los Caídos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Dicho punto dice textualmente: "Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes".

El Canon de Derecho Canónico otorga la consideración de espacio sagrado a los que "se destinan al culto divino o a la sepultura" -requisito que cumple el templo del Valle de los Caídos, elevado a la categoría de basílica menor durante el mandato de Juan XXIII (7 de abril de 1960)- y faculta a la autoridad eclesiástica a ejercer "libremente sus poderes y funciones" en dichos espacios, lo que incluye la posibilidad de denegar la autorización al poder ejecutivo para acceder a la iglesia con vistas a la exhumación de la momia de Franco.

"Nos causa una profunda inquietud la invocación de los referidos Acuerdos de una forma desviada respecto de sus propios fines, porque ello entorpece el cumplimiento de la ley que es el legítimo fin perseguido por el Estado español. Y, al mismo tiempo, privilegia la voluntad de los familiares del Dictador a que sus restos sigan reposando en el Valle de los Caídos, como si se tratara de un derecho absoluto, siendo así que ello colisiona directamente con la ley y el mandato del Parlamento español", exponía Carmen Calvo a Pietro Parolin en la carta del pasado 18 de enero.

La vicepresidenta pide al Vaticano que evite los "obstáculos" que está poniendo el prior para evitar "un conflicto jurídico y político"

Ese razonamiento se incluye también en el acuerdo motivado por el que el Consejo de Ministros adoptó hace justo una semana el acuerdo de exhumar a Franco, adoptado horas después de que Pedro Sánchez anunciara su intención de disolver las Cortes y convocar elecciones generales de forma anticipada el próximo 28 de abril. El Gobierno argumenta que la inviolabilidad del lugar de culto prevista en el acuerdo firmado con el Vaticano hace 40 años no puede interpretarse como si quedara "al margen" la autoridad civil, reconociendo que es preceptiva "la autorización eclesiástica" para acceder al espacio sagrado.

Carmen Calvo explica al cardenal en su misiva que la exhumación de Franco "que debe llevar a cabo el Gobierno es consecuencia" de la Ley de Memoria Histórica -modificada el pasado verano con la introducción de un nuevo apartado en el artículo 16- a fin de que los restos mortales del dictador "no pueden seguir reposando en un mausoleo de Estado con el contenido de exaltación de la Dictadura que ello conlleva".

La vicepresidenta censura duramente que los benedictinos impidan el traslado del cadáver embalsamado de Franco, lo que califica de "mandato legal". "No cabe invocar la voluntad de la familia, a quienes sólo corresponde la decisión posterior acerca del lugar de inhumación de los restos del dictador", apostilla la política socialista en la carta.

Diplomacia vaticana

Haciendo gala de diplomacia vaticana, el secretario de Estado de Su Santidad le ha respondido deseando un acercamiento de posturas a las partes, una posibilidad absolutamente improbable en este momento. "Por la concordia de la sociedad española, espero sinceramente que se pueda hallar una solución consensuada ante un tema tan sensible", escribe Parolin.

La familia, el prior, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos tienen decidido solicitar al Supremo la suspensión cautelar de la ejecución de la exhumación hasta que el Alto Tribunal entre en el fondo y dicte sentencia. La hipotética decisión judicial de paralización del traslado podría adoptarse en abril, en vísperas del inicio de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez aspira a mantenerse en La Moncloa.