El Gobierno insiste en manipular la carta del Vaticano sobre la exhumación de Franco

El Gobierno ha seguido manteniendo este viernes una interpretación interesada de la carta que el Vaticano envió a la vicepresidenta Carmen Calvo el pasado 14 de febrero al señalar que la Santa Sede atribuye al "poder civil" la facultad para acometer la exhumación de Franco cuando en realidad la jerarquía eclesiástica deja claro que será el Tribunal Supremo quien tendrá que resolver si el dictador sale del Valle de los Caídos.

"La Iglesia no se opondrá, así nos lo ha hecho saber, a la exhumación de los restos, entendiendo que es facultad del poder civil y que habrá de seguirse las instrucciones del poder civil", ha defendido la portavoz del Ejecutivo en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros. Isabel Celaá no garantiza que Franco salga de Cuelgamuros antes de las elecciones generales del próximo 28 de abril al asegurar que se hará "si tiene tiempo" el Ejecutivo antes de completar las "últimas garantías".

El Independiente ha desvelado este viernes el contenido íntegro tanto de la carta enviada por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, como la que ésta le había remitido al purpurado 26 días antes con tono de contrariedad para poner en su conocimiento que el máximo responsable de la abadía benedictina del Valle de los Caídos (Santiago Cantera) había rechazado el permiso para acceder al templo y pedirle que tomara las decisiones oportunas “a fin de remover los obstáculos que la referida abadía ha creado con su decisión” y evitar “un conflicto jurídico y político” indeseado.

La literalidad de la misiva firmada por el cardenal Parolin -fechada el pasado 14 de febrero, la víspera de que el Consejo de Ministros acordara el traslado de Franco- desvirtúa la versión aventada con la que el Ejecutivo ha tratado desde el viernes de proyectar la idea a la opinión pública de que la Santa Sede no sólo apoya expresamente la exhumación sino que está decidida a torcer la voluntad del prior para que los operarios puedan abrir la losa de granito de tonelada y medio de peso que tapa la sepultura del dictador para complacer así la voluntad expresada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2017.

La ministra portavoz no garantiza que el traslado se consume antes de las elecciones del próximo 28-A: se hará "si el Gobierno tiene tiempo"

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha persistido este viernes en su lectura. "Todos hemos podido ver que el cardenal Parolin, la cúpula eclesiástica, no se opone y le dice (sic) al del Valle de los Caídos [en alusión al prior de la abadía benedictina, Santiago Cantera] que no se puede oponer a la facultad que tiene el Gobierno de España, la autoridad civil, para poder exhumar los restos de Franco. En ese punto estamos", ha declarado Celaá.

La orden imperativa que la ministra pone en boca del Secretario de Estado de Su Santidad no aparece en ningún caso en la misiva con que Pietro Parolin respondió a la carta que le había enviado 26 días antes la vicepresidenta, Carmen Calvo. "A la comunidad benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles", escribió el purpurado.

El número dos del Vaticano escribía esas palabras después de afirmar que la Santa Sede "no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española" y de recordarle que la "controversia" está "sometida al Derecho y a la Justicia" españoles, dando a entender que será el Tribunal Supremo quien tendrá que resolver si el cadáver embalsamado del dictador ha de salir de su actual sepultura en el Valle de los Caídos tras el contencioso-administrativo que con seguridad interpondrán los nietos de Franco.

"Unos cuantos párrafos"

Celaá no ha podido dar una explicación convincente a los periodistas sobre el hecho de que el Gobierno no haya facilitado la carta de Parolin a Calvo para poder conocer el contenido íntegro -desvelado por este diario- y ha tratado de restarle importancia a ese hecho afirmando que en el Consejo de Ministros han "estado manejando unos cuantos párrafos".

La portavoz ha dicho no entender por qué se le preguntaba que no se hubiera proporcionado una copia de la misiva -La Moncloa se la ha negado en la mañana de este viernes a proporcionarla al menos una emisora de radio cuando se la ha solicitado- después de que El Independiente revelara que el Ejecutivo había hecho una lectura interesada de la carta. "No sé a dónde lleva la pregunta. ¿A que usted cree que la Iglesia no va a permitir...? Aquí vivimos en un Estado de Derecho. La facultad es del poder civil y obviamente las garantías en el tribunal, siempre", le ha contestado Celaá a una periodista.

El Gobierno dice que la Iglesia tendría un "daño reputacional de magnitud significativa" si termina plegándose a los "deseos" del prior

La ministra ha expresado que la Iglesia tendría "un daño reputacional como institución de magnitud significativa" si la cúpula eclesiástica "se sometiera a los deseos" del prior del Valle de los Caídos -éste ha denegado la autorización al Gobierno para entrar en la basílica y exhumar a Franco por la "patente oposición" de los familiares del dictador al traslado-, por lo que se ha mostrado convencida de que "no lo va a hacer".

La duda que no ha resuelto Celaá es si, antes de que los españoles acudan a las urnas para renovar las Cortes el próximo 28-A, Franco seguirá en su actual sepultura. "La cúpula eclesiástica conoce la facultad del poder civil para poder hacerlo. Éste es un Estado de Derecho; el ejecutivo tiene una facultad cual es la de no seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública. Es una facultad que tiene el poder ejecutivo y la de las garantías de las partes corresponde dictaminar al poder judicial, en este caso al Supremo. Ése es el camino por el que va avanzando el Gobierno: garantías de las partes, fin de la actuación administrativa como la propia ministra de Justicia explicó aquí el pasado viernes y el tiempo razonable que le queda a este Gobierno para concluir esta legislatura", ha expresado.

Con todo, la ministra portavoz ha indicado que el Gobierno "ha cumplido" tanto con el mandato del Congreso de los Diputados -después de que en mayo de 2017 se aprobara una proposición no de ley para instar al Gobierno a trasladar los restos de Franco- como con el decreto ley aprobado el pasado 24 de agosto por el Consejo de Ministros para modificar la Ley de Memoria Histórica y dar cobertura a la exhumación del dictador.

Celaá reconoce que la tramitación ha sido "más larga" de lo que Pedro Sánchez "imaginó al principio" por tratar de ser "garantistas"

Celaá ha reconocido que la tramitación del expediente administrativo ha sido "más larga" de lo que el Ejecutivo "imaginó al principio" -Pedro Sánchez dijo semanas después de alcanzar la Presidencia que el traslado se llevaría a cabo el pasado verano- y ha excusado la demora en un intento de ser "garantista". "Ojalá las víctimas del dictador hubieran tenido las mismas garantías que la familia de Franco", ha lamentado.

El Ejecutivo ha dado dos semanas de plazo a los nietos de Franco para que se pongan de acuerdo y señalen el emplazamiento alternativo en que desean inhumar los restos de su abuelo excluyendo la cripta que la familia tiene en La Almudena, invocando razones de "orden público" y para no convertir la catedral madrileña en un "símbolo de la sublevación, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura".

Es probable que antes de que expire dicho plazo las partes -los nietos, el prior de la Abadía benedictina, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos- soliciten a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la exhumación acordada el pasado viernes por el Consejo de Ministros hasta que se pronuncie sobre el fondo.