Política

REALES DECRETOS

El Gobierno negocia ya con otros partidos para asegurar el 'sí' a sus reales decretos

Pedro Sánchez sólo llevará al Consejo de Ministros aquellos decretos que cuenten con apoyos para evitar el desgaste electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la penúltima sesión de control de la legislatura en el Congreso, con la convocatoria de elecciones anticipadas como eje principal de las preguntas de los líderes de la oposición.
Pedro Sánchez, a su llegada a la penúltima sesión de control de la legislatura en el Congreso. | EFE

Pedro Sánchez hará campaña por la vía del decretazo pero quiere evitar fiascos parlamentarios. El Ejecutivo está decidido a aprobar sólo en el Consejo de Ministros medidas aquellas propuestas que tengan asegurado el 'sí' de una mayoría. Es por ello que en los últimos mantiene ya conversaciones con el resto de partidos en materia de vivienda, igualdad o empleo.

El Gobierno socialista ya ha adelantado que gobernará "hasta el último minuto", y para ello se valdrá de los reales decretos que podrán convalidarse con las Cortes ya disueltas y en plena pre campaña ante los comicios del 28 de abril. El ejecutivo socialista tiene margen de maniobra para materializar sus políticas y demostrar la “utilidad” del Ejecutivo, gracias a la Diputación Permanente, el órgano encargado de asumir las funciones del Pleno cuando éste se ha disuelto y con una representación proporcional al Pleno del Congreso.

Es por eso que, pese al rechazo de ERC y PdeCat a los Presupuestos socialistas, Sánchez podrá sacar adelante medidas de calado gracias al apoyo de los partidos nacionalistas, además de Unidos Podemos, Compromís, EH Bildu y PNV. De esta forma, los decretos que se hayan aprobado en el Consejo de Ministros antes de que el Gobierno entre en funciones, podrán ser votados y convalidados en esta Diputación Permanente. Eso sí, prescindiendo del debate parlamentario debido a la disolución de las Cortes y la falta de Plenos por el adelanto electoral.

Con el rumbo puesto en el 28 de abril, el Gobierno podrá aprobar sus Reales Decretos en dos Consejos de Ministros, el que se celebrará este viernes 22 de febrero y el del viernes que viene, 1 de marzo. Estos decretos leyes se enviarán después al Congreso, que a partir del 5 de marzo estará disuelto, pero será entonces cuando la Diputación Permanente se haga cargo de la convalidación de estas medidas.

El Ejecutivo no está dispuesto a arriesgarse a llevar a la Diputación Permanente unos decretos que no tienen asegurada una mayoría. La situación para los socialistas se ha vuelto más frágil en los últimos días, en los que Podemos ha decidido romper con Sánchez y marcar distancias con el PSOE de cara al 28A para reconquistar el voto más radical de la izquierda.

Podemos sólo aprobará aquellos decretos de máximos, poco dispuesto a hacer concesiones

Los de Pablo Iglesias reconocen que sólo aprobarán las medidas del Gobierno si cumplen todas sus expectativas y que no harán concesiones una vez estén las cámaras disueltas, por lo el PSOE se ve obligado a negociar y asegurar una mayoría que impida un fracaso que podría evidenciar su soledad parlamentaria. En este sentido, sólo darán luz verde a aquellos decretos de los que puedan, junto al Gobierno, atribuirse el mérito. Es el caso del relativo al alquiler y al subsidio de desempleo para mayores de 52 años, dos propuestas que estaban contempladas en el pacto presupuestario.

Este mismo miércoles el Gobierno y Unidos Podemos mantuvieron una reunión en el Congreso de los Diputados para acordar medidas relativas al alquiler, según adelantó eldiario.es, y lo hizo después de que los de Pablo Iglesias rechazaran el último paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros. En estas negociaciones, el escollo está en lo relativo a los precios de alquiler, donde Podemos no transige y sólo acepta la regulación de las tarifas.

Junto a esta medida, el Gobierno quiere aprobar un decreto para implantar una regulación de la jornada laboral y evitar abusos de las horas extra que en muchos casos no se cobran ni se cotizan. Ésta sería una de las propuestas que baraja Sánchez para cumplir con su promesa de acabar con los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral del PP.

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