Los 'pecados capitales' de Pedro Sánchez con el traslado de Franco

Terminada la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez abandona el hemiciclo y en el patio del Congreso de los Diputados es abordado por un grupo de periodistas antes de montarse en el vehículo oficial y volver a La Moncloa. En la breve conversación informal hay tiempo de lanzarle una pregunta por la exhumación de Franco -asunto entonces ya en la agenda política- y el jefe del Ejecutivo responde de forma sucinta: "Tranquilos, os pillará trabajando". Interpretando esas palabras, el titular que salió de aquel corrillo es que el Gobierno trasladaría los restos del dictador antes de las vacaciones de agosto.

La escena descrita tuvo lugar el 27 de junio de 2018, cuando Sánchez no había cumplido aún su primer mes como presidente del Gobierno. Nada más iniciado su mandato, la medida tenía un efecto propagandístico formidable en el electorado de izquierdas y lo catapultaría como el gran 'referente democrático'. La Historia, sin duda, lo recordaría como el líder político que sacó a Franco del Valle de los Caídos después de más de cuatro décadas.

No se consumó en verano, tampoco a finales de año ni en enero de 2019, las otras fechas que aventuraron miembros del Ejecutivo sin ningún éxito. Salvo giro inesperado, tampoco se podrá levantar la losa de granito de una tonelada y medio de peso que tapa la sepultura del dictador en la basílica de Cuelgamuros antes del próximo 28 de abril, cuando se celebrarán anticipadamente las elecciones generales. La exhumación se materializará "si tiene tiempo" el Gobierno, ha reconocido este viernes la ministra portavoz (Isabel Celaá).

Cautivo (de su promesa) y desarmado (por la inminencia electoral), el gabinete de Sánchez ha tratado de disparar un último cartucho a la desesperada: presionar al Vaticano para que desautorizara al prior del Valle de los Caídos y le abriera las puertas del templo para poder exhumar el cuerpo embalsamado de Franco. Lejos de la idea que ha tratado de proyectar de forma interesada el Ejecutivo, la cúpula eclesiástica ha dejado claro por escrito que no se inmiscuirá por estar sujeto el conflicto a la "jurisdicción española" y que la solución pasa por el Tribunal Supremo. Son palabras de la Santa Sede.

Plazos incumplidos, manipulación epistolar, dificultad jurídica minusvalorada, trámites ad hoc, interpretación cuestionable de la normativa... El Independiente analiza los 'pecados capitales' cometidos por Sánchez en el camino emprendido para sacar al dictador de Cuelgamuros, una imagen icónica que ocho meses después -en la antesala de unos comicios que podrían desalojarlo de La Moncloa- ha sido incapaz de lograr.

• Una fecha tras otra. El pecado original fue, sin duda, ponerle fecha a un proyecto sobre el que no tenía el control. Al menos todo el control. No lo dijo de forma explícita, pero aquellas enigmáticas palabras al grupo de periodistas en el patio del Congreso a finales de junio se interpretaron unánimemente como que la exhumación se acometería durante el mes de julio. El anunció resultó sorprendente, toda vez que tan sólo unos días antes la ministra de Defensa -en una entrevista concedida a este diario- había declarado: "Es una decisión que el Gobierno quiere llevarla a cabo pero con tranquilidad, con serenidad y cuando llegue su momento. ¿Cuándo y cómo? Será siempre con prudencia y siendo muy respetuosos con el marco jurídico", defendió Margarita Robles. Nada de calma. Los asesores monclovitas debieron de reparar en los positivos efectivos de la medida para el futuro electoral de Sánchez y resucitar la momia de Franco se convirtió definitivamente en una prioridad. Poco a poco el gabinete empezó a encontrarse con dificultades que había subestimado y, el pasado 7 de noviembre, Pedro Sánchez ya se vio obligado a reconocer que el traslado se posponía a enero. Esta idea la replicó al día siguiente la ministra Celaá, que cinceló una frase lapidaria: "El año 2019 arrancará, desde luego, sin que España tenga un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público". Febrero está llegando a su fin y no se ve cerca la consumación de la promesa. La portavoz ha admitido que el proceso ha sido "más largo" de lo que el Ejecutivo “imaginó al principio” y ha justificado la demora por la necesidad de ser "garantista". "Ojalá las víctimas del dictador hubieran tenido las mismas garantías que la familia de Franco", ha lamentado.

• Requisitos subestimados. El informe elaborado por la comisión de expertos a la que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en el Valle de los Caídos ya lo advertía en las recomendaciones formuladas para la iglesia del complejo monumental, de la que se encarga desde el inicio (1958) la orden benedictina. "Calificada por la ley como lugar de culto, la basílica es inviolable. Se trata de un lugar sagrado, sometido a la autoridad eclesiástica que es: la institución religiosa que atiende el culto y las autoridades religiosas superiores. La actuación en el interior de la basílica debe contar con su autorización", detalla el documento. Más explícitos fueron los tres firmantes del voto particular (Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Pedro González-Trevijano y Feliciano Barrios) emitido en relación con aquel informe, al dejar constancia de que cualquier intervención en el interior del templo sería "difícil" por la condición de lugar sagrado del recinto y su carácter inviolable. Pedro Sánchez puso fecha a la exhumación de los restos cadavéricos del dictador sin tener autorización de la familia -el Gobierno llegó a filtrar la existencia de dicho placet el pasado 18 de julio- ni del prior, requisitos imprescindibles para ejecutar el traslado como se está poniendo de manifiesto.
• Trámites no previstos en el procedimiento. Para ofrecer más garantías, el Ejecutivo acordó que el Ministerio de Justicia tramitara un procedimiento administrativo para darle a las partes la posibilidad de alegar, mucho después de que Pedro Sánchez anunciara que Franco saldría del Valle de los Caídos. Ese proceso, con final conocido antes de que se llegara a su fin, quedó tasado en el decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de agosto y que se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma no excluía de entrada ningún emplazamiento alternativo, motivo por el que los Franco expresaron su voluntad de que los restos de su ascendiente se inhumaran en la cripta familiar de La Almudena. Eso motivó que el Ejecutivo solicitara un informe a la  Delegación del Gobierno en Madrid -trámite no previsto en el decretazo- cuyas conclusiones ahora invoca para prohibir la catedral como futura sepultura: razones de "orden público". El Gobierno ha dado dos semanas de plazo a los nietos para que digan dónde quieren enterrar los restos cuando se saquen de Cuelgamuros y aquéllos responderán previsiblemente pidiendo al Supremo que suspenda cautelarmente la ejecución.

• Interpretación normativa cuestionable. El prior alegó sin éxito antes de que el Consejo de Ministros tomara el acuerdo el pasado 15 de febrero que la exhumación no podía llevarse a cabo en los términos planteados por el Ejecutivo si no era vulnerando el Código de Derecho Canónico (Canon 1213), el Acuerdo con la Santa Sede para asuntos jurídicos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y varios artículos de la Constitución española. El gabinete de Pedro Sánchez ha desoído esos argumentos y defiende que, sin desconocer la naturaleza de lugar de culto de la basílica y su 'carácter inviolable', son los poderes públicos los que deben decidir el uso que ha de dársele por ser un espacio de "titularidad pública". Su tesis es que la administración de todo el complejo monumental del Valle de los Caídos corresponde a Patrimonio Nacional, delegando la gestión del culto en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos "en su condición de beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos". Los especialistas en Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Canónico consultados por El Independiente coinciden en que el acceso al templo para sacar a Franco sólo puede llevarse a cabo si media autorización del prior -inexistente en este momento- o de la autoridad judicial. Las partes (nietos, comunidad benedictina, Fundación Nacional Francisco Franco y Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos) empezarán a solicitar en los próximos días al Supremo que paralice cautelarmente la ejecución hasta que analice el fondo, lo que podría demorarse a 2020.

• Manipulación epistolar. El último episodio ha sido el más bochornoso. El pasado miércoles, el Gobierno filtró a algunos medios fragmentos de la carta que el Secretario de Estado de Su Santidad, cardenal Pietro Parolin, envió a la vicepresidenta Carmen Calvo la víspera de que el Consejo de Ministros acordara la exhumación con la intención de proyectar ante la opinión pública la idea de que el Vaticano apoyaba el traslado de los restos del dictador y que obligaría al prior a autorizar la exhumación. El Independiente ha revelado el contenido íntegro de la misiva y ha constatado no sólo que la supuesta orden no es tal -sólo le ha recordado a la comunidad benedictina "su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles"- sino que el Vaticano le ha dejado claro que no se inmiscuirá en este espinoso asunto. "En cumplimiento del principio de no intervención en asuntos que pertenecen esencialmente a la competencia interna de otro Estado, la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española", zanja Parolin. A mayor detalle, el purpurado disipa las dudas respecto a quién tiene que resolver el conflicto planteado: la "controversia está sometida al Derecho y a la Justicia españoles", después de que los descendientes del dictador interpusieran el pasado mes de noviembre un contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y solicitaran la suspensión cautelar del acuerdo por el que el Consejo de Ministros acordó continuar el procedimiento administrativo que ha instruido. Expresado en otras palabras, el Ejecutivo ocultó fragmentos clave de la misiva que no se compadecen con la versión -mutilada- que Carmen Calvo ha filtrado. Pese a la insistencia de los periodistas, el Gobierno se ha negado este viernes a facilitar la carta íntegra -a la que sí ha tenido acceso este diario en exclusiva- y se ha enrocado en el argumento de que es "facultad del poder civil" la exhumación de los restos. Llueve sobre mojado. En una decisión extraordinariamente infrecuente, la Oficina de Prensa de la Santa Sede se vio obligada el pasado 30 de octubre a emitir un comunicado para desmentir a la vicepresidenta del Gobierno y dejar claro que "en ningún momento" de la conversación que Calvo había mantenido el día anterior en Roma con Parolin éste se hubiera pronunciado "sobre el lugar de la inhumación" de Franco.