Y Vila rompió el relato

La segunda semana del juicio del procés ha evidenciado las diferentes estrategias de defensa en el banquillo de los acusados. Del "somos presos políticos" del ex conseller Raül Romeva y el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez al "despropósito" de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Santi Vila, el ex consejero 'arrepentido'.

El proceso encara la recta final de los interrogatorios a los procesados -sólo faltan ya los de Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) y Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament- antes de que desfile por el salón de plenos del Tribunal Supremo una veintena de testigos políticos. Es el caso del ex presidente Mariano Rajoy; la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ex president Artur Mas; los diputados Joan Tardà y Gabriel Rufián y el actual lehendakari, Íñigo Urkullu. Ellos centrarán la atención.

El desarrollo de las dos primeras semanas de juicio ha dejado entrever estrategias y ha permitido escuchar la particular versión de los encausados sobre los acontecimientos vividos en Cataluña entre septiembre -cuando se aprobaron en la Cámara autonómica las leyes de desconexión y tuvo lugar el asedio a la Conselleria de Economía y Hacienda- y octubre de 2017, cuando los dirigentes independentistas lograron celebrar el referéndum (1-O) y declararon la independencia durante menos de un minuto (27-O). Éstas son algunas de las claves:

• Junqueras y Romeva callan ante la Fiscalía. Los miembros de ERC han sido los dos únicos acusados hasta ahora que han rehusado contestar al Ministerio Público al considerar que están inmersos en un "juicio político". Dicha estrategia jurídica –muy criticada dentro del mundo judicial– dista de la que han seguido los miembros del PDCat en el banquillo y Jordi Sànchez, que aun habiéndose presentado como "preso político" respondió a las exhaustivas preguntas del fiscal Javier Zaragoza.
• El diálogo con Rajoy. Los acusados han criticado al unísono la falta de voluntad política del Ejecutivo del Partido Popular por buscar una solución dialogada al "conflicto catalán". Todos los que han declarado ya, excepto el ex conseller de Empresa y Conocimiento Santi Vila, que ha reconocido que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy "mantuvo siempre vías de diálogo abiertas". Vila, acusado por malversación y desobediencia pero no por rebelión al haber dimitido antes de la DUI, lamentó que ni desde un lado ni desde el otro hubieran sido capaces de crear "las condiciones de confianza para que eso precipitara algún tipo de negociación". Es el primero de los acusados que sostiene que el ex líder del Ejecutivo apostó claramente por el diálogo, lo que rompe la línea argumental que muchos de los procesados han mantenido. La silla de enfrente siempre estaba "vacía", se quejó Junqueras en el interrogatorio de su defensa. El relato construido por los acusados es que el 1-O se convocó después de que el Estado hubiera rechazado todas las opciones que se pusieron encima de la mesa para tratar de canalizar el "sentimiento" de un sector de la población por ejercer el "derecho de autodeterminación".

• La DUI, una especie de 'plan B'. La ex consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, Dolors Bassa, declaró que la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada por el Parlament en septiembre de 2017–también conocida como Ley de Desconexión- era una especie de plan B por si alcanzaban un "pacto" a favor de la independencia. "La ley de transitoriedad bebía del programa electoral que nunca fue cuestionado", recalcó Bassa. "Si llegamos a un pacto tenemos que tener algo preparado (…) Siempre con la idea de un pacto de después del referéndum". "Prevenir no es ningún problema", remachó.
• La abogada del Estado acorrala a Bassa. Durante el interrogatorio del pasado miércoles, Dolors Bassa negó que se destinaran fondos públicos a la celebración del 1-O aunque cuando fue interpelada por la abogada del Estado, Rosa María Seoane, se quedó sin argumentos. "¿Se pensaba celebrar el referéndum sin medios?", preguntó la representante de los servicios jurídicos del Estado. "Pensábamos que podíamos celebrarlo", insistió la acusada. "Ya, pero ¿con qué medios?", repreguntó Seonae. "Cada uno debía pensarlo a su manera. El pensamiento es libre", añadió Bassa. "¿Y cuál era su pensamiento para celebrar el referéndum?", subrayaba la abogada del Estado. "Sobre mi pensamiento no quiero revelar. Yo lo que le puedo decir es que no se materializó ninguna acción tras la suspensión de la ley", zanjó la ex consellera.
• Las urnas y los "mecenas catalanistas". Los interrogatorios de las acusaciones han girado en gran parte en la búsqueda de confesiones incriminatorias para acreditar el delito de malversación, derivado presuntamente de la disposición de caudales públicos para sufragar gastos del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Todos los encausados que han declarado han negado que se cargaran dichos costes al erario. La explicación más llamativa salió de labios de Santi Vila. Según éste, debieron de ser "mecenas catalanistas" comprometidos con la causa soberanista los que pagaron las urnas, las papeletas y los sobres. La Fiscalía y la Abogacía del Estado seguirán insistiendo cuando lleguen los testigos, caso del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
• La "concentración pacífica" del 20-S. "Estábamos ejercitando el legítimo derecho de manifestación, reunión, expresión y de autodeterminación del pueblo de Cataluña", se defendió Jordi Sànchez ante el incisivo interrogatorio del fiscal sobre los hechos acaecidos en la tarde-noche del 20 de septiembre de 2017, cuando decenas de miles de ciudadanos se concentraron a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat para protestar por las detenciones y los registros que llevaba a cabo la Guardia Civil. Para defenderse del delito de rebelión, que exige alzamiento "violento y público, Sànchez trató de hacer ver que fue una concentración "pacífica" y "cívica" y que si se destrozaron tres coches de la Guardia Civil fue por la acción de una minoría.

• El fiscal Zaragoza despunta. De los cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo está siendo el más elogiado por cómo está desarrollando los interrogatorios. Es, quizás, el más experimentado en juicios mediáticos ya que participó en vistas orales como el caso Nécora o el de los atentados del 11-M. Durante el extenso interrogatorio al que sometió el pasado jueves a Jordi Sànchez, el presidente del tribunal Manuel Marchena le interrumpió en sucesivas ocasiones para pedirle que no hiciera aseveraciones sobre la tipificación del delito. El representante del Ministerio Público, no obstante, siguió interrogando al ex presidente de la ANC con el mismo tono incisivo con el que comenzó el interrogatorio.
• El uso del catalán. Los diez encausados que ya han declarado en el juicio lo han hecho en castellano, no sin antes protestar por el hecho de que no se hayan podido desenvolver en su lengua materna. La Sala ha rechazado la traducción "simultánea" con el argumento de que ello restringiría el principio de publicidad de la vista, si bien ha dispuesto que haya dos intérpretes por si alguno de los acusados quisiera responder en catalán. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, está extremando las garantías desde el inicio.