Los representantes de los policías nacionales y los guardias civiles se han llevado este martes una sorpresa cuando responsables del Ministerio del Interior les han ordenado que les entregaran sus móviles y dispositivos electrónicos antes del inicio de la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial, firmado en marzo de 2018 y cuyo segundo tramo está pendiente de concretarse.
Fuentes presentes en el encuentro han mostrado a El Independiente su malestar por la "falta de confianza" que denota -en su opinión- la medida y por el hecho de que los altos cargos de Interior sí han podido utilizar sus teléfonos. Con todo, la reunión se ha llevado a cabo.
Según han informado los sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) en un comunicado conjunto, los representantes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han reiterado el compromiso del Gobierno para pagar el tramo correspondiente a 2019 el próximo mes de abril a pesar de que no ha salido adelante la propuesta de presupuestos que el Ejecutivo mandó al Congreso de los Diputados. Según se ha detallado, no es necesaria la activación de ninguna norma y el dinero llegará a las nóminas en aplicación del artículo 21 del Real Decreto 24/2018 de medidas urgentes en materia de retribuciones en el sector público. Ese precepto abría la puerta a incrementar la partida para recortar la brecha con las policías autonómicas en caso de prórroga presupuestaria, como ha ocurrido.
"El compromiso de Interior es materializar el pago en abril, como dijo en el Congreso de los Diputados. Para ello, la CECIR [Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones] trabaja ya en la modificación correspondiente de nuestro Catálogo de Puestos de Trabajo", han indicado los representantes de los agentes.
Interior insiste en que el pago del acuerdo sobre la equiparación salarial se llevará a cabo en abril
Interior había consignado una partida de 250 millones de euros para avanzar en el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ahora un año con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para recortar la brecha en los sueldos de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los de los mossos y ertzainas. En 2018 se destinaron a este fin 310 millones y en 2020 está previsto dedicar otros 247 millones para ejecutar el acuerdo, lo que totaliza 807 millones incluyendo los 250 millones de 2019.
Lo que no se ha decidido aún es cómo se repartirán los 250 millones de euros entre ambos cuerpos policiales. Según ha expuesto la Secretaría de Estado de Seguridad, se está pendiente de determinar el porcentaje concreto puesto que "hay discrepancias sobre esta materia a nivel técnico" y, en todo caso, se mejorará "el supuesto de partida".
Tras la reunión de este martes con la Secretaría de Estado de Seguridad, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, Unión GC, APROGC y la Asociación Profesional de Cabos) se han apresurado a exigir que se mantenga el criterio de distribución que se manejó para calcular la cantidad total de la equiparación: 59 % para la Guardia Civil y 41 % para la Policía Nacional. "A día de hoy no existen criterios objetivos que desvirtúen los cálculos que se hicieron para establecer esos porcentajes", han defendido en una nota conjunta.
Los guardias civiles exigen que se respete el criterio con que se cerró el acuerdo: el 59 % del dinero para ellos y el 41 % para los policías
Con datos referidos a 30 de abril de 2018, el catálogo de puestos activos de la Policía Nacional estaba formado por 78.179 agentes (63.964 disponibles), mientras que el Instituto Armado tiene una dotación teórica de 85.430 personas si bien cuenta en la práctica con 76.981.
Lo que sí ya está confirmado es que, a diferencia del pago de 2018, la distribución de esta anualidad en el seno de la Policía Nacional será "proporcional por escalas" (básica, subinspección/técnico, ejecutiva/facultativo y superior) y no lineal. Los sindicatos han sido convocados este miércoles a una reunión de la comisión técnica del acuerdo en el seno de la Policía Nacional.
Distribución "proporcional", no lineal
En el caso de la Guardia Civil, las distintas asociaciones profesionales no han fijado una posición única sobre cómo debe distribuirse el dinero de la equiparación en el Cuerpo al existir "varias posibilidades". Ante estas divergencias, la dirección general ha citado a los representantes este miércoles a las 16.30 horas para tratar de establecer una "postura común".
De lo que no han obtenido detalles por ahora los representantes de los funcionarios policiales del Estado es sobre el trabajo que realiza la consultora Ernst&Young Abogados SLP (por 193.600 euros). "Nos informan que está siendo ultimado y que la ingente cantidad de información que se debe integrar, puesto a puesto, exige ser muy puntilloso para que ningún compañero se vea perjudicado por un cálculo que no haya tenido en cuenta todas las partidas de la nómina", señalan en la nota.
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