La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes indujo a la falsificación del acta "a sabiendas" de que acreditaba una supuesta defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.
Así lo sostiene la Fiscalía de Madrid en el escrito de acusación, en el que solicita para la ex dirigente popular una pena de tres años y tres meses de prisión como autora de un delito de falsedad en documento oficial en el marco del caso máster.
El Ministerio Público dirige la acusación contra otros tres investigados. Así, el fiscal señala a la profesora Cecilia Rosado como autora material de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, pena inferior a la solicitada por la ex jefa del Ejecutivo madrileño porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
Del mismo modo, el Ministerio Público atribuye al catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde -director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que impartió el curso de posgrado- ser coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión, mientras que para la profesora María Teresa Feito el Ministerio Público solicita otros tres años y tres meses de prisión.
El objetivo: resolver la crisis política
En su escrito de acusación, la Fiscalía también destaca el relevante papel desempeñado Feito -procesada en la causa y ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid- después de que eldiario.es desvelara el 21 de marzo de 2018 que Cifuentes había obtenido el título de máster con dos notas falsificadas.
"Dada la situación que dicha noticia le provocó a la acusada, la señora Cifuentes, ésta se puso en contacto con la también acusada María Teresa Feito, dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado", añade la Fiscalía.
Según la acusación pública, Feito y el catedrático Álvarez Conde se concertaron para confeccionar un acta a la que se le daría “apariencia de verosimilitud” en un intento de acreditar ante los medios de comunicación que la presidenta madrileña había defendido el TFM y había superado la otra asignatura en la que inicialmente le constaba un 'No presentada'.
"Así, el 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el Rector de la Universidad, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional -quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público- llamó a Cecilia Rosado “dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado (secretaria), Clara Souto (vocal) y Alicia López de los Mozos como presidente", expone.
El rector desconocía la falsedad
La Fiscalía prosigue explicando que Rosado, dada la “fuerte jerarquía” existente entre ella y Álvarez Conde y “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía”, accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas. Es más, hizo constar “mendazmente” tras los datos de identificación del Master de la alumna Cristina Cifuentes Cuenca el nombre del Director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal que: “Reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7´5)”, estampando en la misma su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras citadas, Clara Souto, y Alicia López de los Mozos.
A continuación creó un correo electrónico a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, Javier Ramos, “que ignoraba las manipulaciones realizadas”. Ese mismo día, además, de forma “insistente” y “agobiante” Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado “indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza”.
La pena que el Ministerio Público solicita para Cifuentes es ligeramente inferior a la reclamada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), -cuatro años de cárcel- la institución que impartió el curso de posgrado y que ejerce la acusación particular en el caso investigado por el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid.
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