Política

Santamaría: "Había un riesgo grave de derogación de la Constitución en Cataluña"

La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, al inicio de su declaración en el Tribunal Supremo.
La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, al inicio de su declaración en el Tribunal Supremo. | EFE

La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avalado en su declaración de dos horas como testigo en el juicio del ‘procés’ punto por punto la tesis de la Fiscalía sobre el proceso independentista. Hubo “una estrategia absolutamente concertada” para lograr la independencia de Cataluña al margen de la Ley y la Constitución y en los meses de octubre y septiembre de 2017 hubo “choques violentos” todos los días en dicha autonomía. La Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que aprobó el Parlament el 27 de octubre de 2017 “no fue simbólica” y por eso el Ejecutivo de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155. Había que garantizar la “convivencia” en aquella región de España.

Así ha defendido la que fuera número dos del Gobierno la actuación del Estado para hacer frente a quienes trataron de fracturar la unidad del país. La ex vicepresidenta, respondió con solvencia y seguridad apabullante a las preguntas que le formularon tanto Vox como la Fiscalía y las defensas. Sáenz de Santamaría recalcó en distintas ocasiones que nunca se negoció con el Govern la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. “Ni con Oriol Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación. El Gobierno nunca se prestó a eso. Si se quiere hacer eso, se tiene que reformar la Constitución", enfatizó. "Quienes no valoraron que debían ir por una modificación de la Constitución están sentados en el banquillo", dijo alto y claro la testigo.

Igualmente señaló que “no se puede hablar de aquello que uno no tiene capacidad de disponer. Los gobiernos tienen que saber lo que pueden y no pueden hacer y ningún gobierno puede disponer de la soberanía nacional", subrayó de forma rotunda.

Además, la ex vicepresidenta del Gobierno fue preguntada si hubo violencia en el asalto a la Consejería de Economía de la Generalitat del 20 de septiembre de 2017 y el referéndum del 1-O. Sobre esta pregunta, Santamaría ha respondido que los actos violentos se produjeron en Cataluña se produjeron a diario “ante cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo, como registros en domicilios o naves, se producían aglomeraciones con imágenes de naturaleza violenta”.

La violencia se vio en televisión

"Lo veíamos en televisión como toda España. Cuando hay alteración del orden público, el ministro del Interior comunica con el resto de ministros”, explicó la ex vicepresidenta que denunció los "acosos violentos" que sufrieron los policías nacionales y guardias civiles desplegados en Cataluña con motivo del 1-O.

La ex dirigente del Partido Popular ha explicado que desde el Gobierno les advirtieron “una y otra vez” para que los líderes independentistas “no siguieran por ahí” ya “que incumplían la Constitución” y “fracturaban la convivencia” entre los ciudadanos. "Yo creo que era una estrategia absolutamente concertada" para lograr la independencia, recalcó la testigo que ha jurado decir la verdad que aseguró que en las tres reuniones que mantuvo con el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, lo único que le importaba a este era la autodeterminación de Cataluña.

Saénz de Santamaría, no obstante, también fue acorralada por alguna  de las defensas que le recordó que, como ella misma había manifestado minutos antes, las resoluciones que no se publican oficialmente -como ocurrió con la DUI- no tienen validez, a lo que ha respondido: "Puigdemont podría haber dicho que no la había declarado o haberla revocado", cuando le preguntó por carta el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En la recta final del interrogatorio, Sáenz de Santamaría no ha sido capaz de ofrecer una explicación convincente al hecho de que, si el Gobierno acordó el 22 de septiembre de 2017 movilizar a varios millares de agentes policiales tras el asedio sufrido a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda dos días antes por qué el 19 de septiembre se había formalizado solicitud para que atracara en el puerto de Palamós el barco –el Moby Dada, conocido coloquialomente como ‘Piolín’– en el que se iban a alojar los policías nacionales y guardias civiles.

La ex vicepresidenta del Gobierno ha tratado de zafarse de la pregunta del abogado Jordi Pina diciendo que, desde que dimitió Jordi Jané como conceller de Interior por sus discrepancias con el proceso independentista, el Ministerio del Interior tenía que tener “capacidad de anticiparse” ante lo que podía suceder y prever “diferentes escenarios”.

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