Juan Ignacio Zoido defenderá este jueves en su declaración como testigo en el juicio del procés que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada del 1-O en Cataluña fue legítima, profesional, proporcionada y ejemplar frente a la inacción y la pasividad demostrada por los Mossos d'Esquadra para hacer cumplir los requerimientos judiciales a fin de que se impidiera la celebración del referéndum ilegal.
El ex ministro del Interior comparece a petición de la defensa del ex conseller de Interior Joaquim Forn, para el que la Fiscalía pide una pena de 16 años de prisión como autor de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Su declaración, fijada para las 16 horas, se producirá tras las de otros tres miembros del anterior Gobierno: el presidente Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Cristóbal Montoro (Hacienda).
A preguntas de El Independiente, el abogado de Forn -el penalista Javier Melero- ha anticipado que no pondrá el foco en la actuación de los policías nacionales y guardias civiles que fueron movilizados el día del referéndum sino sobre sus "mandos". Cuando declaró el pasado 14 de febrero, el ex conseller de Interior mantuvo que el plan diseñado por los Mossos para el 1-O fue conocido previamente tanto por el coordinador de los tres cuerpos policiales -el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos- como por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que no se recibieron observaciones para que se modificara.
Durante los interrogatorios, todos los encausados han tratado de hacer al tribunal que los juzga que la única violencia -requisito indispensable para la perpetración del delito de rebelión- registrada en Cataluña con ocasión del desafío independentista fue la que desplegaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las puertas de los centros de votación en los que la ciudadanía quería "ejercer el derecho al voto".
Zoido, que comparece a petición de Forn, denunció en el Senado la "inacción" y la "absoluta pasividad" de los Mossos para frustrar el 1-O
Ese relato será refutado este jueves por Zoido, como ya hizo en la larga comparecencia a petición propia que realizó ante la comisión de Interior del Senado el 18 de enero de 2018. El entonces titular de Interior desveló aquel día el coste que había tenido para el Estado el operativo policial desplegado de manera extraordinaria por el 1-O -unos 87 millones de euros- y cifró en hasta 6.000 efectivos los policías nacionales y guardias civiles enviados como refuerzos a Cataluña en el marco de la Operación Copérnico. Estos se unían a los 6.000 destinados habitualmente en dicha comunidad.
Los calificativos que se enumeran al inicio de estas líneas fueron los empleados por Juan Ignacio Zoido cuando acudió a la Cámara Alta, donde hizo una encendida defensa de la actuación de los cuerpos policiales del Estado en su intento por cumplir las instrucciones judiciales y desde donde dirigió gruesas acusaciones contra el Ejecutivo de Puigdemont. La comparecencia se producía tras levantarse el artículo 155, una vez celebradas las últimas elecciones autonómicas (21 de diciembre de 2017).
"Gravísimo desafío"
Según Zoido, el Govern lanzó un "gravísimo desafío" y una "amenaza" a la democracia en España, que vivió "uno de los momentos más graves de su historia reciente". Ante un Gobierno "irresponsable", había que responder "con toda la firmeza que otorga el escrupuloso cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico".
El ex titular de Interior señaló que el contingente extraordinario de policías que se envió a Catalula no obedeció a un "capricho" del Ejecutivo sino que fue necesario para "cumplir" con las instrucciones que tras el asedio a la comitiva judicial que practicaba registros en la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 empezaron a dictar la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"Desde el primer momento se actúa con serenidad, rigor y en respuesta a unas diligencias y requerimientos judiciales. Por más que algunos se hayan encargado de intentar manchar la imagen de las fuerzas y cuerpos de seguridad hablando en ocasiones de fuerzas de ocupación, y a veces también de faltarles al respeto con descalificaciones e insultos, la misión que han tenido en Cataluña ha sido la que tienen encomendada y la que hacen siempre, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico, como habían sido requeridos por jueces y fiscales", justificó Zoido, que censuró la "clamorosa" desobediencia a la Justicia protagonizada por el Govern.
"Ejemplar" comportamiento de Policía y Guardia Civil
Frente al comportamiento "ejemplar" de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el ex ministro la "inacción" y la "absoluta pasividad" demostradas por los Mossos d'Esquadra el 1-O frente al requerimiento expreso de la magistrada del TSJC Mercedes Armas para que actuaran a fin de evitar que se pudiera consumar la votación, tras la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
A este respecto, Juan Ignacio Zoido explicó que, en todas las reuniones preparatorias, los mandos de la Policía de la Generalitat manifestaron "verbalmente" que habían preparado un "amplio dispositivo" para el día del referéndum, lo que incluía la movilización adicional de agentes para hacer frente a las necesidades de la jornada. "En cada una de las reuniones de coordinación, que también tenían lugar en la Fiscalía Superior, el mayor de los Mossos [Josep Lluís Trapero] hizo entrega de voluminosas carpetas en las que recogía las minutas correspondientes a todas las actuaciones que ese Cuerpo venía realizando hasta el momento y con las que supuestamente estaba dando cumplimiento al mandato de la Fiscalía", recordó.
Más votos que vecinos
El ex ministro del PP desacreditó abiertamente los datos que habían ofrecido los Mossos, quienes se arrogaron el mérito de haber conseguido que no llegaran a abrir sus puertas 297 puntos y de evitar la votación en otros 29 locales. Frente a esta actividad, Zoido precisó que en 149 de los 948 municipios catalanes se contabilizaron más votos que personas había censado, poniendo como ejemplo el caso de la localidad barcelonesa de Polinyá: 5.910 personas censadas y 10.215 sufragios.
Tampoco faltarán preguntas en el interrogatorio al que será sometido este jueves Juan Ignacio Zoido sobre los heridos que se registraron aquella jornada de octubre, situación que, lejos de achacarla a la actuación de la Policía y la Guardia Civil, la atribuyó en su comparecencia en el Senado al "comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal" de los independentistas al promover un “clima de crispación y desobediencia”.
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