El coronel 'señalado' por Zoido, testimonio clave para juzgar el 1-O

"He tenido por costumbre no entrar a diseñar ni valorar los dispositivos de seguridad. Y no conozco que haya habido muchos ministros que, salvo que tuvieran un conocimiento muy específico en la materia, pudieran atreverse a hacer eso". Juan Ignacio Zoido se sacudió de esta forma cualquier responsabilidad sobre el operativo desplegado el 1-O durante su declaración como testigo el pasado jueves en el juicio del procés y puso el foco sobre Diego Pérez de los Cobos, el coordinador de la actuación policial con la que se intentó abortar la celebración del referéndum de autodeterminación.

El 22 de septiembre de 2017, 48 horas después del asedio a la comitiva judicial que practicaba el registro en la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat y nueve días antes de la fecha elegida por el Govern para la consulta ilegal, el fiscal superior de Cataluña designó a dicho coronel de la Guardia Civil -diplomado de Estado Mayor y entonces director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad- como coordinador de las actuaciones que debían ejecutar la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra para impedir por todos los medios que se llevara a cabo el 1-O. La consulta había sido suspendida dos semanas antes por el Tribunal Constitucional.

¿Quién dirigió el dispositivo policial?, lanzó la defensa del ex conseller Joaquim Forn a Juan Ignacio Zoido en la recta final de su interrogatorio en el Tribunal Supremo. "El coordinador fue el señor Pérez de los Cobos por decisión primero del fiscal y después de la magistrada [Mercedes Armas, del TSJC]", contestó el ex ministro del Interior. Éste aseguró que el citado oficial de la Guardia civil "conocía los dispositivos que tendrían que tener cada uno de los Cuerpos".

Bajo obligación de decir verdad, Zoido descargó toda la responsabilidad de la planificación y de la ejecución de la actuación policial el 1 de octubre en lo que él denominó "los operativos". "Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer", respondió el ex ministro después de que el abogado Javier Melero le hubiera planteado que si mandar a 6.000 agentes (entre policías nacionales y guardias civiles) a cubrir 2.239 centros de votación repartidos por toda Cataluña no era sino enviarlos al "matadero".

Pérez de los Cobos declara este martes en el juicio del 'procés' tras señalarlo el ex ministro del Interior como máximo responsable de la coordinación policial el 1-O

En sus testificales, los miembros del Gobierno cuando sucedieron los hechos han proyectado la idea de que ellos delegaron en subordinados el control de lo que sucedió el día del referéndum. Rajoy sostuvo que era informado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y ésta a su vez por el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Por su parte, el entonces máximo responsable del Ministerio del Interior expuso que aquel día recibía la información del secretario de Estado de Seguridad (José Antonio Nieto) y que fueron los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil los que diseñaron los dispositivos policiales, quedando él completamente al margen.

El testimonio de Juan Ignacio Zoido confiere más relevancia aún a la declaración que este martes prestará Diego Pérez de los Cobos, un testigo clave para apuntalar la tesis de la violencia que defienden las acusaciones contra los líderes independentistas que se sientan en el banquillo de los acusados como presuntos autores de un delito de rebelión por el desafío al orden constitucional que supuso la celebración del referéndum. El mando de la Guardia Civil comparecerá un día después que José Antonio Nieto, el secretario de Estado de Seguridad el 1-O y mano derecha de Zoido en Interior.

Cuando el 1 de febrero de 2018 declaró durante cuatro horas ante el instructor de la causa del procés, el hoy coronel jefe de la Comandancia en Tres Cantos (Madrid) consideró que la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron el 1-O un uso "proporcionado" de la fuerza para vencer la resistencia de "grupos perfectamente organizados" que formaban "murallas humanas" en los puntos de votación.

"Hostigar, insultar, apedrear..."

Según relató al magistrado Pablo Llarena, los agentes se encontraron en los colegios electorales "una masa de ciudadanos ejerciendo mediante la fuerza física", llamando la atención sobre la existencia de grupos que "se dedicaban a hostigar, insultar y en algún caso apedrear y dificultar la labor de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

"Había personas avisando de los movimientos de la policía, había encapuchados. Había colas en sitios que no eran puntos de votación. En numerosos casos, los agentes fueron recibidos con violencia y con fuerza", enfatizó Pérez de los Cobos. Y añadió: "En algunos casos, cuando se vio que la actuación iba a requerir tal grado de uso de la fuerza que la situación violenta pudiera ser grave, se decidió no intervenir".

En la instrucción, el coordinador policial declaró que el plan de los Mossos estaba "dirigido a permitir el referéndum más que a cumplir las órdenes judiciales" para impedirlo

La testifical de Diego Pérez de los Cobos puede resultar especialmente comprometedora para Joaquim Forn, máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra en el otoño de 2017 y para quien la Fiscalía pide una pena de 16 años de prisión como autor de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Cuando declaró ante Llarena, el coronel de la Guardia Civil defendió que el ex conseller de Interior -y Josep Lluís Trapero, ex mayor de los Mossos d'Esquadra y procesado también por rebelión en el procedimiento instruido por la Audiencia Nacional- no estaba dispuesto a acatar la suspensión del referéndum que el Tribunal Constitucional acordó tras la aprobación en el Parlament de las leyes de desconexión y calificó como una "estafa" el operativo que la Policía de la Generalitat había diseñado para el 1-O.

"Todo iba en contra del cumplimiento de la decisión judicial. Era un plan dirigido a permitir el referéndum más que a cumplir las órdenes judiciales”, declaró Pérez de los Cobos, quien no dudó en señalar la existencia de un "concierto" entre la dirección de los Mossos, el Ejecutivo presidido entonces por Carles Puigdemont y organizaciones de la sociedad civil para facilitar la celebración del referéndum ilegal con el que pretendían demostrar que una mayoría de catalanes desea separarse de España.

En su comparecencia durante la fase de instrucción, el coordinador de los tres cuerpos policiales llamó la atención sobre el hecho de que, cuando se reunió el 28 de septiembre de 2017 con responsables de la Generalitat (Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn), estos hubieran puesto más el acento en el inciso que la magistrada Mercedes Armas hizo en su auto en el sentido de que el cumplimiento de su orden no perjudicara la normal convivencia ciudadana que en la decisión de la juez de que se clausuraran los centros de votación.

Patrullas de Mossos para vigilar... a la Policía

Como subrayó Pablo Llarena en su auto de procesamiento, Pérez de los Cobos destacó también que los representantes del Ejecutivo catalán trataron de justificar en aquel encuentro el incumplimiento de la orden judicial con la excusa de evitar enfrentamientos y defendían que la Policía Nacional y la Guardia Civil sólo actuaran el día de la consulta a petición de los Mossos y no por decisión propia. Según declaró el máximo responsable operativo del 1-O, el Cuerpo dependiente de la Generalitat pidió el apoyo en puntos no conflictivos y dispuso patrullas que vigilaban los movimientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y prevenían de su llegada a los centros de votación.

Delante de Junqueras y de Forn, dos de los interlocutores con los que se reunió tres días antes de la consulta ilegal, Diego Pérez de los Cobos tendrá ocasión el próximo martes en el salón de plenos del Tribunal Supremo de describir lo que percibió aquella jornada en la que el independentismo catalán desafió al Tribunal Constitucional y logró celebrar un remedo de referéndum.