La reforma de la 'ley mordaza', al cajón por el adelanto electoral

La inminente disolución de las Cortes por el adelanto electoral dejará en un cajón la ponencia encargada de estudiar la reforma de la Ley de protección de la seguridad ciudadana -aprobada en solitario por el PP en 2015 y rebautizada por sus detractores como ley mordaza- después de casi dos años de tramitación y de que se hubiera revisado en torno al 60 % del articulado. El nuevo Parlamento que salga de los comicios del próximo 28 de abril tendrá que determinar si recupera el trabajo realizado.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 21 de marzo de 2017 la toma en consideración de una proposición de ley del grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) para reformar en profundidad la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, en vigor desde el 1 de julio de 2015. La norma salió adelante con los votos del PP -entonces gobernaba Mariano Rajoy con mayoría absoluta- y con las críticas de la oposición al considerar que recortaba derechos y libertades a los ciudadanos.

Cuando Pedro Sánchez anunció el pasado 15 de febrero que daba por terminada de forma anticipada la legislatura y convocaba a los españoles a ir a las urnas el próximo 28 de abril, la ley se encontraba en ponencia y se habían revisado ya unos 40 de los 54 artículos que la integran. Aún le quedaba trayecto: votación en comisión al nuevo texto en su globalidad, aprobación en el pleno del Congreso, envío al Senado, incorporación de enmiendas que pudieran hacerse en la Cámara Alta...

El trabajo ha sido intenso en los últimos meses, desfilando por la comisión numerosos expertos en seguridad -como los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil- y habilitándose el pasado mes de enero -inhábil en el calendario parlamentario- a fin de agilizar la presentación del informe de la ponencia.

La inminente disolución de las Cortes por el 28-A hace decaer el trabajo para la reforma de la ley cuando se había consensuado ya en torno al 60 % del articulado

Los trabajos han decaído con la disolución de las Cortes, si bien los diputados se despidieron hace dos semanas tras pedirle a la letrada una copia de los acuerdos alcanzados ante la posibilidad de que se pueda retomar lo avanzado cuando se constituya el Parlamento a finales de mayo. La continuidad dependerá de la correlación de fuerzas que salga de la cita con las urnas del 28-A.

"Si hay consensos se puede intentar mantener. Sería lógico aprovechar ese trabajo, pero eso nunca se sabe. Ahora mismo el resultado práctico es que la ley sigue vigente en los términos en los que se aprobó", resume José Alberto Martín Toledano, diputado por Ciudad Real y portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso. Éste asegura que, pese a las críticas de la oposición, la mayoría de los artículos "se mantienen sin cambios" o se han incorporado "modificaciones leves".

Su homólogo en el PSOE, David Serrada, destaca el "importante grado de acuerdo" alcanzado por los grupos políticos y cree que ese consenso -con posiciones de partida muy distantes- debe "servir de arranque" cuando vuelvan a constituirse las Cortes y se plantee nuevamente la tramitación de la ley. "Más que el texto como tal debe servir el acuerdo", enfatiza el parlamentario por Salamanca.

"Modificaciones leves"

Tumbar los aspectos "más virulentos" de la ley mordaza fue una de las promesas incluidas por Pedro Sánchez en el discurso con el que defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy a finales del pasado mes de mayo. "Me comprometo a impulsar la derogación urgente de aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y por los grupos parlamentarios de la oposición. Me refiero a los artículos que limitan desproporcionadamente, a nuestro juicio, el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión, a los artículos que restringen la libertad de información de los profesionales del periodismo o a la disposición final que permite la expulsión de extranjeros en frontera de forma arbitraria y sin derecho a la tutela judicial efectiva", anunció el líder socialista.

Entre los artículos que se han consensuado en estos últimos meses figura uno de los aludidos por Sánchez y de los que más críticas ha generado: el que tipifica como infracción grave (el 36) "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

La nueva redacción que se ha acordado para este punto es la siguiente: "El uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas, o ponga en riesgo el éxito de una operación. La situación de peligro o riesgo cierto generada deberá reflejarse en el acta o denuncia con el mayor detalle que sea posible. No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones".

El "veto" del PP y Cs

Martín Toledano cree que el hecho de que no haya habido "una modificación radical" en ninguno de los artículos demuestra que "no era cierto que fuera una ley represora", como sostenía la oposición al PP. "Lo que se ha constatado después de este análisis es que era falso el apelativo de ‘mordaza’. Si hubiera sido así, ¿por qué todos los grupos que se califican de progresistas están aceptando que se mantenga? Ha habido más artículos que no se han modificado y los que se han tocado han sido para retoques muy pequeños, algunos técnicos, por dejarlo más claro. El espíritu sigue siendo el mismo", proclama el diputado popular, que recuerda que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil demostró con datos objetivos que el número de sanciones por infracciones de la Ley de protección de la seguridad ciudadana ha disminuido desde que ésta entró en vigor.

Por su parte, Serrada lamenta que el "veto" que mantuvieron el PP y Ciudadanos en el Congreso a la hora de la constitución de la ponencia 0bligó a que el proyecto de reforma se llevara "dos años en un cajón". De lo contrario, sostiene, el nuevo texto tal vez hubiera llegado a tiempo antes de que el presidente del Gobierno acordara adelantar las elecciones generales tras no sacar adelante su proyecto de Presupuestos para 2019.

El diputado socialista no tiene dudas de que el texto -aún incompleto- consensuado por los partidos con representación parlamentaria desde que se pusieron en marcha los trabajos el pasado mes de octubre es "mucho mejor del que hay". "Emana de un acuerdo amplio de los grupos parlamentarios y no de una mayoría absoluta y permitiría un avance en derechos y libertades de todos los ciudadanos", apostilla.