El tesón de una joven periodista va a acabar en quince días con una de los grandes secretos de Canal Sur: cuánto gasta en productoras y cuál ha sido el negocio de las 'pata negra', las empresas vinculadas a ex directivos de la cadena, durante sus 30 años de vida. La lucha burocrática durante un año de la periodista Ana Ordaz, ha tenido como resultado una resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que le da quince días al ente público para responder a su petición de información sobre los gastos en producción de la radiotelevisión pública de Andalucía.
De momento, en el Trabajo Fin de Máster que ha elaborado sobre el ente y sobre la situación irregular de su director general durante los últimos cinco años, la periodista desvela el desglose del gasto en producción externa del año 2017, liderado por la productora de Juan y Medio, IndaloyMedia S.L., que facturó 5.402.534 euros en ese ejercicio. La empresa responsable de contenidos como La tarde aquí y ahora, Yo soy del sur, o Menuda noche es la más beneficiada de unos encargos para realizar producción financiada, a la que Canal Sur destinó 23,7 millones de euros ese año.
El 7 de marzo de 2018, la periodista envió su solicitud de información al Portal de la Transparencia de Canal Sur como parte de su trabajo de investigación académica. Un año después, cuando el ente público se encuentra en el ojo del huracán por la imposibilidad del nuevo Gobierno andaluz de renovar su dirección, Canal Sur se ve obligada a desvelar esos gastos durante el periodo 2013-2017 en las diferentes modalidades existentes: producción propia interna, producción propia externa (incluyendo las subcategorías producción financiada mixta y la financiada) y ajena. Según el Consejo de Transparencia, la información solicitada responde "claramente al concepto de información pública recogido en el artículo 2 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA)".
Este TFM, dirigido por @ignaciocalle en @M_Investigacion, es el resultado de 6 meses de investigación con un único objetivo: el servicio público. Que tanto trabajo de sus frutos hace que los dolores de espalda y el aumento de la miopía hasta se disfruten https://t.co/Mk1E7NVbcL
— Ana Ordaz (@AnaOrdaz_) March 5, 2019
"Me ha sorprendido la de trabas que ha puesto un ente público para facilitar una información que debería ser pública, porque es dinero de todos los andaluces", explica la periodista, que destaca "que haya tenido que pasar un año" con la intervención del Consejo de Transparencia para poder acceder a esos datos. "Indica cuál era la voluntad de la dirección de Canal Sur", concluye. Esa ocultación "no tiene sentido si es cierto, como aseguran, que no hay contratación a dedo y que se trata de programas de calidad". "¿Por qué no facilitan esa información?", se pregunta.
Quizás la respuesta también la dé ella misma en su TFM: "Al analizar el listado de proveedores de Canal Sur puede comprobarse que, de los diez que más dinero recibieron de la RTVA, tres fueron productoras formadas por ex directivos de la empresa pública: Andalucía Digital Multimedia, Happy Ending y Producciones Cibeles". También apunta al hecho de que el director de Canal Sur no tenga que rendir cuentas sobre sus actividades, bienes o intereses al no ser considerado un alto cargo de la Administración.
En su investigación muestra que "el gasto en productoras es un pastel que la RTVA no reparte por igual: en 2017, cinco empresas acapararon más del 50% del total. Indaloymedia, Andalucía Digital Multimedia (ADM), Veralia Contenidos Audiovisuales, Happy Ending y Mettre fueron las grandes beneficiadas". Sus contratos abarcan desde encargos por 3.500 euros hasta por más de cuatro millones. "Sin embargo, los datos de 2017 evidencian que sólo 13 de las 95 empresas contratadas por la RTVA obtuvieron contratos por valores superiores al medio millón de euros", explica.
"El análisis de las cifras del año anterior arroja unos resultados prácticamente idénticos. En 2016, un gasto de algo más de 32 millones de euros a repartir entre 94 empresas de las cuales cinco se llevaron más del 50% y tan sólo solo 16 obtuvieron contratos por valor superior al medio millón de euros. De nuevo, Andalucía Digital Multimedia, Indaloymedia, Veralia Contenidos Audiovisuales y Happy Ending fueron las primeras en el ranking", revela.
El estudio de Ordaz explica que Andalucía Digital Multimedia es una productora privada participada por la RTVA que en 2017 recibió de la Agencia Pública contratos por valor de más de 4.700.000 euros; un millón menos que en 2016, cuando llegó a superar los 5.800.000 euros. "El director de Andalucía Digital Multimedia es Ricardo Llorca González, quien desempeñó puestos de responsabilidad en Canal Sur en diferentes etapas. Llorca fue Jefe de Producción Ajena y Coproducciones de Canal Sur Televisión entre febrero de 2008 y julio de 2013, y previamente, entre 2006 y 2008 había sido Director de Andalucía Televisión Producciones", explica.
Para mi TFM batallé durante meses con @canalsur para que me facilitara el desglose del gasto en productoras. No lo hizo. Ahora, a raíz de la reclamación que interpuse, el @ctpdandalucia exige a la RTVA que haga pública esta información. Feliz. https://t.co/TmB2N6gqeY
— Ana Ordaz (@AnaOrdaz_) March 5, 2019
También Happy Ending, que en 2017 facturó más de 2.200.000 euros, está administrada por tres ex directivos de la cadena pública: José Leopoldo Flores Caballero, Jefe de Producción Propia de Canal Sur Televisión de 1990 a 1993; José Miguel Fernández Cuadrado ‘Lepo’, ex director de Producción; y Francisco Romacho, Jefe de Programación de Informativos de Canal Sur Televisión entre 1990 y 1993, director de Canal Sur Radio de 1993 a 1995 y subdirector general de Desarrollo y Operaciones de RTVA de 1996 a 1999.
"Tanto Flores Caballero como Fernández Cuadrado tienen vinculación con otras productoras: Producciones Cibeles y Lepo Producciones, respectivamente. Producciones Cibeles ocupa el décimo puesto en el ‘top 10’ de productoras más beneficiadas por la RTVA el pasado año, obteniendo más de 800.000 euros de la Agencia Pública", expone el trabajo de la periodista.
Otro ex directivo de Canal Sur que administra su propia productora y es proveedor de Canal Sur es Paco Lobatón. "Red Acción 7, la productora de quien fuera director de los servicios informativos de Canal Sur Televisión entre 1989 y 1990 obtuvo en 2017 contratos de RTVA por valor de 47.500 euros, 2.500 más que el año anterior".
La situación irregular del director general
El Trabajo Final del Máster (TFM) en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de Unidad Editorial y la Universidad Rey Juan Carlos también aborda la situación irregular del máximo responsable de Canal Sur, Joaquín Durán, subdirector general de la RTVA, que ejerce de director de manera interina marzo de 2013. La investigación señala que Durán estaría incumpliendo la Ley de Altos Cargos de la Junta de Andalucía al no ser considerado como tal pese a desempeñar esa responsabilidad.
Al no aparecer como alto cargo, el director de Canal Sur no tiene que rendir cuentas de sus actividades, bienes, intereses y retribuciones. La RTVA lleva casi seis años sin un director general elegido por el Parlamento. El 12 de marzo de 2013, el entonces director general de Canal Sur Pablo Carrasco, anunció su dimisión, creó el cargo de subdirector general y propuso a Durán para ocuparlo. Pocos días después, el Consejo de Administración delegaba en él las competencias y funciones de la dirección general con la aprobación de un Decreto-Ley que modificaba la Ley de RTVA.
No sólo la dirección general. Canal Sur también tiene pendiente la conformación del nuevo consejo de administración, con el mandato vencido desde mayo de 2014 y cuya composición sigue reflejando los resultados que depararon las elecciones autonómicas de 2008. Ello explica que ni Ciudadanos ni Podemos tengan representación en el órgano de gobierno de esta agencia pública empresarial y que PSOE y PP tengan sobrerrepresentación.
El 22 de octubre de 2015, el pleno del Parlamento andaluz aprobó una moción de Ciudadanos para reformar la Ley de la RTVA a fin de reducir los miembros del consejo de administración de 15 a 7, entre otras medidas. La propuesta del grupo liderado por Juan Marín también buscaba la disminución de las retribuciones que los representantes de los partidos perciben en este órgano, sin que más de tres años después se haya avanzado en la materialización de aquella moción de “obligado cumplimiento” aprobada por la Cámara autonómica y que no apoyó el PP.
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