La familia Franco anuncia al Gobierno que acude al TS para paralizar la exhumación

Los nietos de Franco han comunicado este jueves al Gobierno que pedirán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del acuerdo por el que el Consejo de Ministros acordó el pasado 15 de febrero la exhumación de los restos de su abuelo y que eluden designar un lugar alternativo para la inhumación, como les había instado el Ejecutivo.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, la familia anuncia la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal -cuya formalización tendrá lugar este viernes- y la petición de la suspensión cautelar del citado acuerdo, instando al Gobierno de Pedro Sánchez a no ejecutarlo hasta que resuelva el Supremo.

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El Ejecutivo le había dado dos semanas a los nietos de Franco para que se pusieran de acuerdo y designaran el emplazamiento que desean para que descansen los restos de su abuelo excluyendo la cripta de la catedral de la Almudena, trámite que la familia ha ignorado antes de que se agote el margen (éste expira a principios de la próxima semana).

Ahora el Supremo tendrá que resolver en primer lugar si suspende provisionalmente el traslado de los restos que pretende llevar a cabo el Gobierno, lo que se producirá previsiblemente coincidiendo con el inicio de la campaña electoral del 28 de abril. En caso de avenirse a la petición de la familia, tardará meses en pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Los nietos del dictador rechazan designar un emplazamiento alternativo para la inhumación, como le pedía el Gobierno

En el escrito enviado al Ejecutivo, los descendientes señalan que el hecho de no señalar un lugar alternativo no podrá ser interpretado como "renuncia o silencio" a designar el espacio para la reinhumación que "habilite al Gobierno a tomar esa decisión en su lugar" y se ratifican en que en el "hipotético caso" de que se lleve a cabo el traslado desde su sepultura actual en la basílica del Valle de los Caídos los restos se depositen en La Almudena "previas las honras fúnebres y oficios religiosos correspondientes con arreglo al rito de la Iglesia católica".

Los nietos consideran que el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se acuerda la exhumación -la medida 'estrella' de Pedro Sánchez- es "nulo de pleno derecho por ser claramente contrario a la ley y lesionar gravemente sus derechos fundamentales".

'Veto' e 'intimidación'

También juzgan como ilegal que se le "vete" la posibilidad de decidir dónde querrían que los restos de su familiar sean inhumanos si se consuma el traslado y que se le "intimide" a señalar "un lugar alternativo viable, es decir, al gusto del Ejecutivo". "No hay precedente en la historia de España respecto del cual el Gobierno imponga o condicione un lugar de inhumación a sus familiares, careciendo absolutamente de título legal para ello", observa.

En este sentido, los nietos aprecian también la nulidad de la medida gubernamental "no sólo por constituir una grave violación de los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad religiosa, a la intimidad personal y familiar" consagrados en la Constitución sino también por "contravenir frontalmente" la Ley de Memoria Histórica.

La familia argumenta que dicha norma les reconoce el derecho a disponer del destino de los restos de su abuelo "con la máxima dignidad y respeto y sin limitación alguna", al tiempo que califica de "gratuitas" y "carentes de rigor" las razones esgrimidas por el Ejecutivo de Sánchez para justificar la "insólita e ilegal privación" gubernamental de su derecho a enterrar a Franco donde deseen.

El Gobierno ha rechazado la posibilidad de que los restos del dictador se depositen en la cripta de la catedral de La Almudena, como la familia había planteado durante el trámite de alegaciones. El Ejecutivo ha esgrimido para ello un informe aportado al procedimiento administrativo instruido por el Ministerio de Justicia por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, que desaconsejaba dicho emplazamiento por razones de "orden público".

"No son bien de dominio público"

"Se recuerda al Consejo de Ministros que los restos mortales del Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde no son de su propiedad ni constituyen un bien de dominio público del que el Gobierno pueda disponer a su antojo, sino que la única capacidad de disposición de los mismos recae en sus familiares directos, por lo que, incluso en el caso de que el Tribunal Supremo reconociese el derecho del Gobierno a llevar a cabo su exhumación, deberá proceder a la entrega de los mismos a sus familiares, absteniéndose de disponer en forma alguna sobre su traslado e inhumación sin la expresa autorización de mis representados", razona el escrito, firmado por el abogado Luis Felipe Utrera-Molina.

Por todo ello, la familia pide al Ejecutivo que "se abstenga" de ejecutar el acuerdo de exhumación y de adoptar cualquier otra decisión sobre el eventual traslado del cuerpo embalsamado de Franco "hasta tanto no se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el recurso que se anuncia y sobre las medidas cautelares que se van a solicitar".

La familia pidió al Alto Tribunal a principios del pasado mes de diciembre que suspendiese el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre por el que se aprobó la continuación del procedimiento de exhumación de los restos mortales de Franco. El Supremo rechazó esa pretensión al entender que dicho acto administrativo no justificaba por sí mismo la exhumación ni producía una situación irreversible que hiciera perder su finalidad al recurso, por cuanto entonces la familia tenía aún disponible un plazo de alegaciones y el Consejo de Ministros no había resuelto.

Con todo, el Alto Tribunal ya advirtió al Gobierno de que el acuerdo para sacar la momia de Franco del Valle de los Caídos no podrá ejecutarse sin que previamente la familia “haya podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar”, en aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).