Josep Lluis Trapero se convirtió durante los meses de septiembre y octubre de 2017 en pieza esencial del independentismo para llevar a cabo sus objetivos, que pasaban por la celebración del referéndum ilegal de 1-O como paso previo a la declaración unilateral de independencia (DUI).

En junio de ese mismo año, el comisario Trapero fue ascendido al cargo de major de los Mossos d'Esquadra, un puesto al que aspiraba sin disimulo y que llevaba sin cubrirse ocho años. A mediados de 2017 el procés estaba ya lanzado. Justamente fue el 9 de junio de 2017 cuando el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció la fecha del referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre. La coincidencia temporal no es casual. Para llevar a cabo la estrategia independentista era fundamental que el puesto de mando de los Mossos (cuerpo que cuenta con 17.000 agentes) estuviera alineado con sus objetivos o, al menos, que no pusiera trabas a la consecución de los mismos. Trapero no era un soberanista declarado, ni siquiera un nacionalista, pero sí un policía ambicioso que sabía que, para alcanzar su añorada meta, tenía que ofrecer algo a cambio.

Trapero se convirtió, a partir de entonces, en el hombre de confianza de Puigdemont para que los Mossos siguieran al pie de la letra el guión marcado por la Generalitat y que consistía en convertir a Cataluña en una república independiente de España.

Como ha declarado el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ante el Tribunal Supremo, Trapero se resistió verbalmente y por escrito a admitir la figura de un "cooordinador" de las fuerzas de seguridad, decisión adoptada por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada. El 27 de septiembre de 2017 Trapero presentó un escrito al Fiscal Jefe en el que le informaba del despliegue de los Mossos para el 1-O y en el que reiteraba que dicho cuerpo tenía efectivos suficientes como para garantizar la seguridad el día del referéndum sin necesidad de colaboración o apoyo de Policía y Guardia Civil.

Al día siguiente, el 28 de septiembre, tuvo lugar una reunión muy importante en la el Palau de la Generalitat a instancias de Puigdemont en la que estuvieron presentes el vicepresidente, Oriol Junqueras; el conseller de Interior, Joaquim Forn, y, por parte de los Mossos, el major Trapero y el comisario jefe de Información del cuerpo, Manuel Castellví.

Dicha reunión ha cobrado un relevancia extraordinaria tras declarar Castellví ante el Supremo que en el curso de la misma se le dio a conocer al president un informe de Inteligencia en el que se vaticinaba una "escalada de violencia" durante la jornada del referéndum. Forn no habló, mientras que Puigdemont manifestó su decisión de seguir adelante con el referéndum porque se había "comprometido con el pueblo de Cataluña". Castellví reconoció ante el Tribunal su "frustración" tras aquella reunión. Porque, a sabiendas de lo que podía ocurrir, los máximos responsables de la Generalitat decidieron continuar con su hoja de ruta. Hay que tener en cuenta que la línea de defensa de los procesados (entre los que se encuentran Junqueras y Forn) consiste en demostrar que, en los días previos al 1-O, no había un clima de violencia de Cataluña. La tesis de la Fiscalía es justo la contraria y en ella sustenta el delito de rebelión.

El cambio de estrategia de Castellví coloca a Trapero entre la espada y la pared: o ratifica su versión y deja sin argumentos a Forn y Junqueras, o deja por mentiroso a su subordinado

Un dato relevante. La reunión del día 28 de septiembre ni siquiera fue mencionada por Trapero en su declaración durante la instrucción en la Audiencia Nacional. Después, en la instrucción de la causa en el Supremo, Castellví habló de ella, pero no de su contenido, que ha permanecido oculto hasta su testimonio del jueves día 7 de marzo. Por supuesto, ni en la declaración de Junqueras, ni en la de Forn se hizo referencia ni a la reunión, ni obviamente al contenido de la misma.

Hay por tanto un cambio de estrategia en el planteamiento del que fuera comisario jefe de Información de los Mossos (que seguirá declarando ante el Supremo este lunes 11 de marzo). Falta saber ahora qué hará Trapero, llamado a declarar el próximo jueves 14 de marzo. Su testimonio se ha convertido en el más importante de cara a determinar los posibles delitos que se cometieron. Si ratifica la declaración de Castellví, dejará a los pies de los caballos a sus jefes políticos, que siempre han negado que el 1-O pudiera derivar en actos violentos o que, en las semanas previas, se hubieran producido actos violentos en Cataluña por parte de los grupos independentistas. Pero si Trapero se apuntara a la tesis de que no hubo violencia, dejaría por mentiroso a su subordinado, cosa que, según las fuentes consultadas, parece poco probable.

Trapero no mencionó en la Audiencia Nacional la reunión del día 28 en la Generalitat en la que se advirtió de que el 1-O podía generar una "espiral de violencia"

Trapero cumplió con su papel y el 1-O hizo todo lo posible para que el referéndum se llevara a cabo. Estableció un "binomio" (una pareja) de agentes en cada colegio, como si se tratara de unas elecciones legales e incluso destinó unidades del cuerpo para que informaran de las posiciones que adoptaban la Policía y la Guardia Civil a los organizadores del referéndum.

Cuando se conozcan en el juicio los correos que se cruzaron los máximos responsables de Interior de la Generalitat en los días previos al 1-O se podrá comprobar que Trapero informaba puntualmente a sus jefes políticos de todo lo que estaba ocurriendo. Tras cada reunión, trasmitía su contenido vía e-mail a tres personas: Forn, Cesar Puig (secretario general de Interior de la Generalitat) y Pere Soler (director de los Mossos).

La fidelidad de Trapero fue total a Puigdemont. Hasta que se aplicó el 155, fue destituido de su cargo y, posteriormente, procesado por un delito de sedición durante los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017.  Recordemos que durante aquella jornada, en la que miles de manifestantes cercaron la consellería de Hacienda de la Generalitat, los Mossos permanecieron pasivos y delegaron la responsabilidad del mantenimiento del orden en Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cruixart (Òmnium), que, según el testimonio de Castellví, fueron los "organizadores" de aquella concentración que se produjo para impedir un registro judicial. Los Mossos no practicaron detenciones y ni siquiera tomaron declaración a Sánchez y Cruixart, según reconoció Castellví ante el Supremo.

Una vez que el 2 de junio de 2018 se dejó de aplicar el 155 en Cataluña, el ya president Joaquím Torra intentó repescar a Trapero como máximo responsable de los Mossos, pero éste se negó a aceptar el cargo.

La situación del ex major de los Mossos es ahora muy complicada, ya que tiene que optar entre salvarse a sí mismo o salvar a sus jefes políticos.

Lo ocurrido durante los meses de septiembre y octubre de 2017 ha dañado seriamente el prestigio de los Mossos, cuerpo ahora dividido, como la propia sociedad catalana, entre los que defienden el camino emprendido por el independentismo y los que creen que ellos precisamente no pueden vulnerar la ley. Pero la división no es sólo interna. Una parte de la sociedad catalana les mira con desconfianza. No digamos ya lo que piensan de dicho cuerpo jueces y fiscales.

Decir la verdad resulta arriesgado cuando se vive en una sociedad tan polarizada como la catalana. No hay más que repasar lo que han dicho de Castellví algunos medios y voceros independentistas en los días posteriores a su declaración, que dejó fuera de juego a los abogados de la defensa. Trapero tiene la oportunidad de dignificar al cuerpo de los Mossos, asumiendo la responsabilidad de lo que ocurrió apuntando a sus jefes políticos; o bien mantener una ficción que ha comenzado a derrumbarse estrepitosamente tras la declaración del comisario jefe de Información.