Guardias civiles ven la mano del comisario 'Lenin' en el tijeretazo de la equiparación

Entre los guardias civiles se extiende el convencimiento de que el tijeretazo que se les va a aplicar en el pago del tramo de equiparación salarial correspondiente a 2019 tiene un responsable con nombre y apellidos: el comisario de Policía José Antonio Rodríguez González, conocido como Lenin y alto cargo en el Ministerio del Interior desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras prosperar la moción de censura.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ingresará en abril 250 millones de euros extra en las nóminas de los agentes que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para avanzar en el recorte de la brecha salarial con los Mossos d'Esquadra, quedando pendiente -según el calendario pactado hace un año y a la espera de las conclusiones del informe realizado por una consultora externa (Ernst&Young Abogados SLP)- una partida de 247 millones para 2020. Estos 497 millones se suman a los 310 millones ya desembolsados en 2018, lo que totalizará los 807 millones comprometidos por Juan Ignacio Zoido.

Justo un año después de aquel histórico acuerdo, Interior ha logrado agrietar el frente común que durante meses han formado los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en su demanda de la equiparación salarial al imponer un nuevo porcentaje que ha soliviantado a los agentes del Instituto Armado. El 57,28 % del dinero (143,2 millones de euros) se destinará en 2019 a los guardias civiles y el 42,72 % (106,8 millones) a los policías, frente al 59-41 % que imperó el pasado año. En cifras absolutas, la mejora económica para los agentes del Cuerpo Nacional será de 4,32 millones.

Mientras los guardias civiles denuncian el "grave perjuicio" que el cambio de criterio les va a causar, fuentes policiales aseguran que el pasado año aceptaron el reparto del 59-41 % para desbloquear la situación y que se pudiera firmar el acuerdo –rubricado el 12 de marzo de 2018– con la promesa de que en 2019 se revisaría para que el porcentaje respondiera al peso real que cada Cuerpo tiene por número de agentes: en torno al 52,20% la Guardia Civil y el 47,80 % la Policía Nacional, según los últimos datos aportados por el Gobierno al Congreso de los Diputados.

'Lenin' ha asistido a todas las reuniones y fue quien ordenó a la consultora que no detalle conclusiones cuantitativas en su informe, sólo cualitativas

Frente a ese argumento, las asociaciones profesionales del Instituto Armado sostienen que lo pactado con los sindicatos policiales es que se recalcularían las cantidades inicialmente asignadas en función de "nuevos elementos objetivos", como se acordó en la reunión mantenida el pasado 23 de mayo. "Y no los hay porque no conocemos el informe de la consultora", resumen fuentes de la Guardia Civil.

El pasado 5 de octubre, cuando Grande-Marlaska se reunió por primera vez para abordar el seguimiento del acuerdo de equiparación que su antecesor en el cargo había firmado el 12 de marzo de 2018, los representantes de la Guardia Civil mostraron su sorpresa al comprobar que Interior reservaba una silla en torno a dicha mesa al comisario José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Entre otras tareas es el responsable del control de los fondos reservados tanto en ambos cuerpos policiales.

Semanas después de su llegada, el ministro del Interior relevó en dicho puesto al coronel de la Guardia Civil Juan Hernández Mosquera -éste había sustituido meses antes a Diego Pérez de los Cobos tras su nombramiento como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid)- y designó en su lugar a Lenin, que tras volver como consejero de Interior en la Embajada de España en China logró una liberación en el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

"Comisario político"

El desplazamiento de un guardia civil en favor de un policía para desempeñar este cargo clave en la estructura del Ministerio del Interior ya desató las críticas de asociaciones profesionales, que recordaron que dicho puesto había estado ocupado desde hacía más de tres décadas por un oficial del Instituto Armado "por ser ajeno e impermeable a los vaivenes políticos habituales en los altos mandos de la Policía". "Podemos aventurar, por nuestra experiencia profesional, que el hecho de que el Gabinete de Coordinación esté dirigido por un ‘comisario político’ no será bueno para nadie, tampoco para los propios altos cargos del Ministerio, pues más allá de la afinidad política se requiere una capacitación técnica adecuada para ocupar tan importante cargo”, advirtió la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc).

El comisario José Antonio Rodríguez, que este lunes ha cumplido 63 años, no sólo ha participado en todas las reuniones relativas al acuerdo de equiparación salarial. También es la persona que, el pasado mes de febrero, dio la orden a la consultora externa contratada el pasado verano por Interior para hacer un estudio más perfilado de las retribuciones y puestos en ambos cuerpos en relación con los Mossos de que no detallara conclusiones cuantitativas sino cualitativas, en contra del espíritu del encargo.

Se trata de un trabajo determinante que revelará si Interior ha de consignar una partida adicional para que el recorte en las nóminas con los funcionarios de la Policía de la Generalitat sea "absoluto", como se comprometió el anterior equipo de Interior. Como viene informando El Independiente, la Secretaría de Estado de Seguridad oculta a policías y guardias civiles el informe que Ernst&Young le entregó a finales de enero, entre ellos -vía correo electrónico- a Lenin.

"Cálculos reales"

"Desde el 5 de octubre, el comisario José Antonio Rodríguez ha liderado este asunto, ha participado en todas las reuniones sobre esta materia y ha sido quien ha dado las instrucciones a la consultora, a pesar de que la cara visible hacia la auditora ha sido el director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad: Pau López Ramos", sostienen fuentes de la Guardia Civil. Éstas censuran que el hoy alto cargo "haya puesto por delante los intereses sindicales sobre los intereses generales" por los que ha de "velar" en su calidad de director del Gabinete de Coordinación y Estudios.

Lejos de esa interpretación, fuentes policiales defienden que el cambio en el reparto de las cantidades obedece a los "cálculos reales" que los sindicatos expusieron en la última reunión con la secretaria de Estado de Seguridad y achacan que desde la Guardia Civil se señale a José Antonio Rodríguez por el hecho de que éste fuera el elegido para dirigir el Gabinete de Coordinación y Estudios después de que un oficial del Instituto Armado lo hubiera estado ocupando de forma ininterrumpida "desde hace 30 años". "Las críticas obedecen a razones que no guardan relación alguna con el reparto de la equiparación salarial", zanjan.

Divididos por la distribución que se va a hacer este año, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil sí comparten otra reivindicación: la exigencia a Interior de que les facilite el informe de la consultora externa, cuyas conclusiones deben determinar qué porcentaje se aplica en el reparto entre ambos cuerpos en el tercer tramo (2020) y si el Estado debe desembolsar más dinero para corregir el cálculo inicial.