La pregunta clave que Marchena formuló a Trapero y desató su 'traca final'

El mayor de los Mossos d’Esquadra José Luis Trapero declaró este jueves durante casi cinco horas en el Tribunal Supremo para tratar de salvarse del delito de rebelión por el que está acusado en la Audiencia Nacional. El testigo, que prometió decir la verdad, defendió con uñas y dientes la actuación de la Policía Autonómica catalana en las jornadas del 20-S y el 1-O.

Trapero contó ante la atenta mirada de la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena que trasladó al Govern la profunda preocupación de los Mossos por el desafío independentista y la deriva que estaba tomando la política llevada a cabo por la Generalitat que encabezaba Carles Puigdemont.

Lo cierto es que toda la decimoséptima sesión de la vista oral estuvo condicionada por la respuesta que daría el mayor de los Mossos cuando fuera interrogado por las dos reuniones que mantuvo con el Govern en los días previos a la celebración del referéndum ilegal, concretamente el 26 y el 28 de septiembre de 2017.

Sin embargo, la pregunta se hizo esperar. Fue la penúltima de la tarde. Primero porque la acusación popular que ejerce Vox –parte proponente del testimonio de Trapero- no la formuló, lo que acarreó que la Sala tuviera incluso que retirarse a deliberar sobre si el Ministerio Fiscal podía formularla.

Pasadas las 16 horas, tras el receso para el almuerzo, el magistrado Manuel Marchena comunicó que el tribunal consideraba por unanimidad que la pregunta formulada por el fiscal Javier Zaragoza no era pertinente atendiendo del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). La razón es que Vox no interrogó a Trapero por las reuniones que mantuvo con Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex conseller de Interior Joaquim Forn con motivo de la celebración inminente del 1-O. Al no tomar esa iniciativa Vox, el resto de partes tampoco pueden interrogar al testigo sobre dicho extremo.

"No íbamos a incumplir la Ley"

La jugada había sido exitosa para la defensa de Forn, ejercida por el letrado Javier Melero, quien planteó la impertinencia de la pregunta. Sin embargo, se notaba por sus respuestas que Trapero quería hablar en el Salón de Plenos del Supremo del mensaje que transmitió al Govern en el Palau de la Generalitat el 28 de septiembre de 2017.

Y finalmente la respuesta de la jornada llegó a las 18:49 minutos, cuando el presidente Marchena explicó al testigo la potestad que le otorga la ley para interrogarlo por esos encuentros. Trapero se explayó y dijo que en aquella reunión con Puigdemont, Junqueras y Forn "emplazó" al Govern "al cumplimiento de la legalidad" y que les avisó de que los Mossos "no íbamos a dejar de cumplir la Constitución y que no acompañábamos el proyecto independentista".

Sin pronunciar la palabra 'maldita' para los acusados –violenci–, Trapero relató que trasladó a los máximos responsables de la Generalitat la gran preocupación que tenían por  lo que pudiera pasar en las calles de Cataluña el 1-O.  "Les trasladamos que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando y que eso iba a causar conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Les emplazamos al cumplimiento de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros”, recalcó.

La versión de Trapero coincide en gran medida con lo que declaró en el juicio este lunes el jefe de Planificación de los Mossos el 1-O, Emili Quevedo, quien ya desveló que el mayor pidió personalmente al ex presidente Carles Puigdemont que desconvocara el 26 de septiembre la cita con las urnas. Dos días después se produjo otra reunión, ésta en el Palau de la Generalitat, donde el que fuera jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra Manuel Castellví también instó a Puigdemont, al ex vicepresidente Oriol Junqueras y al ex conseller Joaquim Forn a no celebrar el referéndum del 1 de octubre.

Castellvì sostuvo que en aquella reunión desde el Cuerpo de Mossos d’Esquadra se transmitió a los máximos responsables del Govern que la jornada del 1-O podía acabar con una “escalada de violencia”. La respuesta de Puigdemont fue que la Generalitat debía seguir adelante con el mandato del pueblo.