La familia Franco: "El Gobierno no puede entrar en la basílica; son fuegos artificiales"

El abogado que defiende a la familia Franco ha calificado este viernes de "fuegos artificiales" y de "propaganda el anuncio realizado este viernes por Carmen Calvo sobre la fecha para ejecutar la exhumación de los restos del dictador y su posterior reinhumación en el cementerio de El Pardo. "El Gobierno no puede entrar en la basílica", sentencia Luis Felipe Utrera-Molina.

El letrado dice no contemplar otro escenario que no sea la suspensión cautelar por parte del Tribunal Supremo tras la petición formalizada a finales de la semana pasada por los nietos y considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede consumar su pretensión porque carece la preceptiva autorización eclesiástica. El prior de la abadía del Valle de los Caídos ha denegado la preceptiva autorización solicitada por el Gobierno invocando la "oposición" de la familia.

Tampoco dispone ahora mismo el Ejecutivo de licencia urbanística para ejecutar las obras de retirada de la losa de una tonelada y media de granito y sacar el cuerpo embalsamado del dictador, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid la haya suspendido cautelarmente tras la petición formalizada por un particular.

Utrera-Molina considera que la vicepresidenta Calvo ha "mentido" cuando ha afirmado en su comparecencia informativa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros que la familia no ha querido hacerse cargo de los restos. El letrado ha precisado que la familia ya señaló la cripta de la catedral de La Almudena durante el trámite de alegaciones -emplazamiento denegado por el Gobierno invocando razones de seguridad- y que sólo señalará el lugar de sepultura una vez que se pronuncie el Tribunal Supremo.

El Gobierno no tiene ahora mismo ni licencia urbanística para ejecutar la obra ni autorización eclesiástica para actuar en la basílica

Los nietos de Franco comunicaron el pasado 7 de marzo al Gobierno que se disponían a solicitar de manera inmediata al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del acuerdo por el que el Consejo de Ministros acordó el pasado 15 de febrero la exhumación de los restos de su abuelo y a interponer un recurso contencioso-administrativo, formalizado a finales de la pasada semana.

El Alto Tribunal ha dado un plazo improrrogable de 20 días al Ejecutivo para que le entregue el expediente administrativo que ha instruido en los últimos meses y diez días a la Abogacía para que alegue sobre la petición de suspensión. El Supremo resolverá previsiblemente en unas dos semanas -en vísperas del inicio de la campaña del 28 de abril- si le da la razón a la familia.

En el escrito enviado al Ejecutivo, los descendientes señalan que el hecho de no señalar un lugar alternativo no podrá ser interpretado como “renuncia o silencio” a designar el espacio para la reinhumación que “habilite al Gobierno a tomar esa decisión en su lugar” y se ratifican en que en el “hipotético caso” de que se lleve a cabo el traslado desde su sepultura actual en la basílica del Valle de los Caídos los restos se depositen en La Almudena “previas las honras fúnebres y oficios religiosos correspondientes con arreglo al rito de la Iglesia católica".

La Fundación Franco dice que el anuncio es "una bomba mediática cara a las elecciones" y una "falta de respeto" al Tribunal Supremo

Los nietos consideran que el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se acuerda la exhumación -la medida ‘estrella’ de Pedro Sánchez- es “nulo de pleno derecho por ser claramente contrario a la ley y lesionar gravemente sus derechos fundamentales”.

También juzgan como ilegal que se le “vete” la posibilidad de decidir dónde querrían que los restos de su familiar sean inhumanos si se consuma el traslado y que se le “intimide” a señalar “un lugar alternativo viable, es decir, al gusto del Ejecutivo”. “No hay precedente en la historia de España respecto del cual el Gobierno imponga o condicione un lugar de inhumación a sus familiares, careciendo absolutamente de título legal para ello”, observa.

"Imposible" ejecución

Por su parte, el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, ha considerado que la decisión del Ejecutivo de poner fecha a la exhumación es una "bomba mediática cara a las elecciones" generales del próximo 28 de abril que será de "imposible" ejecución por la falta de autorización eclésiástica y de licencia urbanística. "Ahora mismo las posibilidades son cero", ha asegurado.

Chicharro ha considerado que el anuncio supone una "falta de respeto de gran calibre" al Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional que tendrá que resolver si suspende cautelarmente el traslado de los restos del dictador -como primera decisión- y posteriormente si declara nulo el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, una vez analice el fondo.