Pedro Sánchez condiciona la exhumación de Franco a ganar las elecciones del 28-A

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este viernes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el nuevo Ejecutivo saliente de las elecciones del 28 de abril o el Gobierno de Pedro Sánchez si sigue en funciones tendrá que sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos el próximo 10 de junio. Los restos del dictador serán trasladados al panteón de Mingorrubio, en el cementerio de El Pardo, según Calvo, que ha asegurado que esta decisión "la tiene que cumplir cualquier gobierno porque es de obligado cumplimiento".

El Ejecutivo mete así en campaña electoral la exhumación de Franco, una de las primeras medidas que anunció nada más tomar posesión en el mes de junio. Las nuevas Cortes se conformarán el 21 de mayo y sólo cinco días después, el 26, se celebrarán las elecciones autonómicas, europeas y municipales. "Hemos decidido esta fecha para que no esté en los procedimientos electorales, sino al margen, después de que la familia Franco haya decidido que no se hace cargo de los restos y de que la Catedral de la Almudena haya quedado descartada por motivos de seguridad", ha explicado la vicepresidenta, que ha insistido en la "urgencia" de la medida para evitar que los restos del dictador convivan con los de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura enterrados en ese monumento.

En el caso de que el 10 de junio se haya constituido un Gobierno contrario a la medida, tendría que aprobar una nueva norma que inhabilite el decreto y el expediente de exhumación, como un nuevo real decreto. De esta manera, Pedro Sánchez condiciona el cumplimiento de esta promesa, avalada por el Congreso de los Diputados, a seguir en la Moncloa tras las elecciones generales. Esas intenciones también pueden verse frenadas si el Tribunal Supremo decreta  la suspensión cautelar del traslado de los restos en el marco del procedimiento contencioso administrativo abierto con la familia.

Carmen Calvo ha minimizado cualquier resistencia por parte de la Iglesia al insistir en su posición de "no oponerse a la exhumación» y del rechazo del prior de El Valle de los Caídos, ya que el Gobierno tiene «instrumentos más que suficientes para ejecutar los acuerdos del Consejo de Ministros».

El Ejecutivo también considera salvable la decisión del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, que ha acordado medidas cautelarísimas para suspender el informe por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid) declaraba admisible las obras urbanísticas en el interior de la basílica del Valle de los Caídos para exhumar los restos de Franco. El Gobierno asegura que no necesita licencia de obra para la exhumación, por lo que sólo unas medidas cautelares del Tribunal Supremo o la modificación de la Ley de Memoria Histórica por parte de un nuevo Ejecutivo podrían frenar la salida de Franco del Valle de los Caídos.

Para el Ejecutivo, el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde ya se encuentra inhumada la esposa de Franco, Carmen Polo, permite garantizar tanto las condiciones de "dignidad y respeto" como la "diga sepultura exigidas" y garantizando la "intimidad" de los familiares.

El Gobierno también ha contemplado la posibilidad de que la familia, "si quiere y decide", celebre una "íntima" ceremonia en el lugar de la reinhumación acorde a sus preferencias religiosas y de estricto carácter familiar. Para evitar cualquier concentración de nostálgicos del régimen con motivo de la exhumación ,"no habrá comunicación ni convocatoria pública" y se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido, ya que el fin es poder "preservar la intimidad" de la participación de la familia y "de los restos del dictador".