Vox está utilizando el caso del policía sevillano Casimiro Villegas, para quien la Fiscalía pide 20 años de cárcel por disparar a los asaltantes que irrumpieron en su vivienda y le agredieron a él y a su esposa en 2011, para impulsar su agenda sobre la regulación de la autodefensa. En sus 100 medidas básicas presentadas en octubre en Vistalegre, el partido ya habla de "ampliar el concepto de legítima defensa" y propone que "los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar". Sin embargo, Santiago Abascal ha entrado en más detalle en una reciente entrevista con el portal Armas.es en la que desarrolla esa intención genérica.

"Hace falta un cambio radical urgente en la ley, no solo para que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa, sino para que puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron", defiende Abascal en la entrevista, preguntado por la posibilidad de ampliar el acceso a armas de fuego.

El líder de Vox aplaudió recientemente una medida similar impulsada por el gobierno italiano

Abascal hace referencia directa al caso de Casimiro Villegas, cuyo juicio ha arrancado esta semana. "La ley está tratando a estas personas como villanos, y a sus asaltantes como víctimas, cosa que también ocurre con los okupas, por cierto. A nosotros esto nos parece dramático", defiende el líder de Vox.

El pasado 7 de marzo, el presidente de la formación conservadora aplaudía la reciente decisión del gobierno de Italia que autoriza a disparar contra un ladrón en defensa propia. "La dictadura progre que pretende que la gente se deje robar, violar y matar dentro de sus propias casas se derrumba", defendía Abascal en un mensaje publicado en Twitter. "Es puro sentido común reconocer el derecho a defender nuestro hogar, y a defendernos en nuestro hogar. Un acierto político", analizaba el dirigente. En la entrevista con la revista Armas, el propio Abascal recuerda que él tiene la Licencia B, que permite la tenencia y uso de armas cortas como pistolas y revólveres a personas que acrediten su situación de necesidad o riesgo.

Abascal confirma ahora que la intención de Vox es seguir el ejemplo impulsado en Italia por Matteo Salvini, líder de la Liga Norte. Actualmente, en España ya existe la figura de la legítima defensa, aunque su aplicación está sometida a parámetros estrictos. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la legítima defensa sólo es de aplicación en casos en los que se produzca una agresión ilegítima inminente, imprevista, directa, real e inmotivada. Además, se tiene en cuenta la "racionalidad" del medio de defensa empleado, la proporcionalidad con el medio de ataque y la ausencia de provocación previa.

Ex compañeros del policía Casimiro Villegas piden su absolución antes del inicio del juicio.

En el caso de Casimiro Villegas, juzgado durante estos días en Sevilla, la Fiscalía entiende en su petición que no concurren todas estas circunstancias. Según el relato del ex policía, la noche de los hechos escuchó un ruido en la cocina de su casa cerca de las tres de la mañana y cuando bajó a comprobar de qué se trataba fue atacado y agredido "ferozmente" por dos encapuchados.

Tras escapar, el agente se dirigió a por su arma reglamentaria y asegura haber escuchado a los atacantes hablar sobre su intención de dispararle a matar. En ese momento, Casimiro Villegas abrió fuego y profirió varios disparos por los que ahora se le solicitan 20 años de cárcel y 300.000 euros de indemnización para los asaltantes, que presentaron heridas de distinta consideración.

Pese a haberse enfrentado a un robo calificado de "violencia extrema" por la policía científica y haber actuado, según esgrime la víctima, en defensa propia y la de su mujer, la Fiscalía y el juez piensan que no fue necesario disparar en ese momento y que podría haber recurrido a medidas de protección o defensa menos extremas. Entienden, por tanto, que no se trató de una defensa legítima ante una agresión "inminente" o que estuviera sucediendo, sino una venganza por una agresión previa. Para los ladrones, la justicia pide penas de entre tres y cinco años de cárcel.