El president Quim Torra podría enfrentarse a un delito de desobediencia si en las próximas horas no retira los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat.
Tal y como avanzó El Independiente, la Junta Electoral Central dio este lunes un plazo de 24 horas a Torra para que ordene la retirada de las esteladas y los lazos amarillos “que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat de Cataluña”. Además, el órgano encargado de velar por la neutralidad en los comicios apercibió al dirigente catalán “de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediencia a estos acuerdos”.
Según ha podido saber este medio, el máximo intérprete de la legislación electoral deducirá testimonio contra Torra ante la Fiscalía en las próximas horas si el molt honorable vuelve a desoír su dictamen sobre los lazos amarillos. Es decir, remitirá el expediente al Ministerio Público para que abra una investigación penal al líder del Govern.
Asimismo, fuentes de este órgano consultadas explican que es previsible que la Junta Electoral vuelva a reunirse este jueves para abordar la situación, una vez que la Delegación del Gobierno en Cataluña les haya informado sobre si se desde la Generalitat se ha cumplido o desobedecido su último dictamen. Por su parte, Quim Torra tiene la posibilidad de remitir un nuevo escrito a dicho organismo.
Se da la circunstancia de que el presidente de la Generalitat se encuentra aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de forma que una vez que la JEC, inste a la Fiscalía a abrir un procedimiento penal por desobediencia contra el gobernante independentista, corresponde a dicho tribunal decidir si investiga al president. La desobediencia está penada con la inhabilitación para cargo público y multa. En el desvarío independentista ya fueron condenados por este delito el ex presidente Artur Mas y su ex consejero de presidencia Fransecs Homs por la consulta del 9-N. Con esas sentencias condenatorias finalizaron sus carreras políticas.
En el acuerdo notificado este lunes, el máximo intérprete de la legislación electoral explica que la exhibición de lazos amarillos “pretende recordar que dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones se encuentran en situación de prisión preventiva” y que si bien “dicho símbolo puede utilizarse legítimamente por determinadas formaciones políticas no por las autoridades públicas que deben respetar la neutralidad política durante los procesos electorales”.
Hasta ahora, Torra ha remitido un primer escrito a la Junta Electoral en el que argumentaba, por un lado, que los lazos amarillos son “concordantes con la neutralidad prevista” en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y, por otro, que se debía tener en cuenta la “situación especial” que se está produciendo “en el presente periodo electoral” con la celebración del juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo. El Partido Popular y Ciudadanos ya han denunciado a presidente catalán ante la Fiscalía Superior de Cataluña.
Los jueces del 'procés' en la JEC
Se da la circunstancia de que dos de los siete magistrados que están juzgando en estos momentos a los líderes del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Luciano Varela y Ana Ferrer, forman actualmente parte de la Junta Electoral Central.
Sin embargo, tal y como reflejan las actas de las deliberaciones, ninguno de los dos togados que forman parte de la Sala del ‘procés’ ha intervenido en los procedimientos que afectan al desafío independentista catalán.
De hecho, Varela y Ferrer decidieron voluntariamente la semana pasada apartarse de las deliberaciones sobre la retirada de los lazos amarillos por parte de la Generalitat para garantizar la máxima imparcialidad de este órgano.
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