El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido "mantener de momento" la pancarta en defensa de los líderes del 1-O, según ha anunciado la portavoz Elsa Artadi. Torra entiende que con esta decisión "preserva la libertad de expresión" ha añadido Artadi, quien ha señalado que el president "no comparte la resolucion de la JEC, integrada por dos jueces" miembros del Tribunal Supremo que están juzgando a los líderes del procés.
Durante la deliberación que ha centrado buena parte de la reunión del gobierno catalán de esta mañana Torra "ha dado libertad" a los consellers, altos cargos y funcionarios para adoptar la decisión que consideren respecto a los lazos amarillos. "No ha dado ninguna orden" ha asegurado Artadi, quien ha aclarado sin embargo que los miembros del Govern han acordado mantener los símbolos independentistas en sus sedes.
El Govern no retirará los lazos amarillos de la Generalitat https://t.co/T22JP51UOC pic.twitter.com/I3cGPR69Om
— Europa Press TV (@europapress_tv) March 19, 2019
"Las trece sedes de los departamentos actuarán de la misma manera porque todos compartimos la complejidad de la situación" ha explicado Artadi, "no queremos que la Junta Electoral actúe contra unos y otros no, y que esto parezca que hay disparidad de criterios o no unanimidad dentro del govern".
Torra no acta el mandato de la JEC pero sí el del Síndic de Greuges en funciones
En este contexto, Artadi ha explicado que la Generalitat ha trasladado al Síndic de Greuges (defensor del pueblo) -que ya ha agotado su mandato y está en funciones- para que dictamine si debe retirarse o no los símbolos políticos y que símbolos de los edificios públicos y que Torra y el conjunto del Govern se han comprometido a seguir su recomendación.
Ha sido el president Torra quien a recurrido a Rafael Ribó, ha explicado Artadi, porque "el Síndic de Greuges es la institución propia de Cataluña, para valorar si se tiene que actuar" respecto a los símbolos partidistas en campaña electoral y "sobre qué símbolos" deben actuar. En paralelo, el Gabinete Jurídico está elaborando un escrito de respuesta a la Junta Electoral.
El president ha dejado en manos de cada uno de los miembros de su ejecutivo la decisión de retirar los lazos en cumplimiento del dictamen de la Junta Electoral Central. Aunque, de momento, el único requerimiento de la JEC ha llegado al consejo escolar del Vallés Oriental, no quiere cargar con la responsabilidad de una desobediencia a la Junta Electoral a ningún funcionario o alto cargo, ha argumentado Aratdi.
La portavoz catalana ha argumentado además que es "la misma JEC que dice que no hay presos políticos y que quiso eliminar pancartas con la palabra libertad" en las últimas elecciones autonómicas.
En su respuesta a las alegaciones de la Generalitat, la JEC rechazó los argumentos de Torra y dio al Gobierno catalán 24 horas para cumplir el requerimiento y retirar lazos y esteladas de los edificios públicos.
La Junta Electoral requiere además a la delega del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, sobre un eventual incumplimiento de este mandato. Además, el órgano encargado de velar por la neutralidad en los comicios apercibió al dirigente catalán “de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediencia a estos acuerdos”.
En materia de responsabilidades administrativas, Torra se enfrenta a de entre 300 y 3.000 euros. Y en el terreno penal, a una imputación por desobediencia, que podría implicar su inhabilitación para cargo público.
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