El día que Cifuentes escribió (sin saberlo) su final: fuera de la política y a la espera de juicio

El 20 de marzo de 2018, Cristina Cifuentes era una valorada gestora pública y uno de los grandes valores de futuro del PP a nivel nacional junto con el gallego Alberto Núñez Feijóo. El 21 de marzo de 2018, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid empezó a escribir -sin saberlo y muy a su pesar- su despedida de la política tras trascender que había obtenido un título de máster en una universidad pública con dos calificaciones falsificadas.

Un año después de que estallara el caso tras la revelación de eldiario.es, Cifuentes no ocupa ya la Presidencia del Gobierno autonómico, se ha dado de baja como militante temporalmente del PP y está a la espera de sentarse en el banquillo de los acusados como presunta autora de una falsificación de documento público, delito que le atribuye la Fiscalía y por el que le pide una condena de tres años.

"Desde luego, si alguien piensa que intentando deteriorarme con falsedades, mentiras o medias verdades van a conseguir que yo dé un paso atrás están equivocados. Yo sigo adelante, voy a continuar", proclamó Cristina Cifuentes aquel 21 de marzo desde su despacho oficial en un vídeo difundido a través de la aplicación para transmisiones en tiempo real Periscope.

Aquella noche, 14 horas después de la revelación periodística, la entonces dirigente del PP pensó que apagaría el incendio enseñando un acta que supuestamente acreditaba que defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM) -una de las dos asignaturas que pasó de 'No presentada' a 'Notable'- el 2 de julio de 2012. Entonces estaba al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid y ese día la selección española celebraba en la capital el triunfo en la Eurocopa 2012.

Cifuentes está a la espera de juicio, el director del máster está siendo investigado por desviar fondos y la URJC aplica medidas para evitar nuevos casos en el futuro

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en el marco del procedimiento dirigido por el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha puesto de manifiesto que aquel documento que Cifuentes exhibía como prueba de la legalidad de su máster se elaboró después de que trascendiera la noticia. La propia profesora (Cecilia Rosado) que se encargó de rellenar el acta por indicación del director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que impartió el curso de posgrado -el Instituto de Derecho Público (IDP), dirigido entonces por el catedrático Enrique Álvarez Conde- ha reconocido que simuló las firmas de las otras dos docentes que teóricamente integraron el tribunal que evaluó a la política del PP: Alicia López de los Mozos y Clara Souto.

"Hay indicios de que doña Cristina Cifuentes no defendió el trabajo fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada”, expone la juez Carmen Rodríguez-Medel en el auto -fechado el pasado 28 de noviembre- por el que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado después de seis meses de pesquisas. La magistrada no ha enviado aún las actuaciones a los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento, a falta -entre otros trámites- de que la defensa presente su escrito de conclusiones.

"Me voy a quedar"

"A los que queréis que me vaya, no me voy. Me quedo, me voy a quedar", añadió Cifuentes en aquella intervención desde la Puerta del Sol en la noche del 21 de marzo de 2018. Abrasada por el escándalo, la presidenta madrileña terminó convocando a la prensa en la mañana del 25 de abril para anunciar su dimisión y denunciar la existencia de una"campaña personal de acoso y derribo" que iba -en su opinión- "más allá de la política". Fue después de que Okdiario difundiera un vídeo en el que se le veía hablando con un vigilante de seguridad en un supermercado después de haber sido sorprendida hurtando dos botes de crema facial.

Un año después, ¿qué más ha cambiado tras el estallido del escándalo que supuso la retirada anticipada de la política de la ex presidenta madrileña? El Independiente expone las principales claves.

• Retirada de los títulos regalados. La URJC tiene decidido solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que retire el título a los alumnos que, durante la instrucción del caso Máster, reconocieron en sede judicial que obtuvieron el diploma acreditativo del curso de posgrado sin haber elaborado los trabajos ni haber asistido a las clases. Es el caso de María Dolores Cancio, que el 2 de agosto reconoció en sede judicial que obtuvo el título de posgrado sin hacer trabajos y sin asistir a clase. No fue la única. Álvarez Conde, doblemente imputado. El catedrático de Derecho Constitucional que dirigió el IDP desde su creación hasta que estalló el escándalo tiene un doble frente judicial abierto. De un lado, se enfrenta a una petición de pena de tres años y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía -ligeramente inferior a los cuatro años que le pide la URJC, acusación particular en el caso- como coautor indirecto del delito de falsificación de documento público. De otro, Enrique Álvarez Conde está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid por presunta malversación, derivada del desvío de fondos del organismo público que dirigía para sufragar gastos particulares sin justificación académica. Como viene informando este diario, el profesor cargó a la tarjeta de la Universidad miles de euros en comidas navideñas, compras en pescadería, repostaje de gasolina, entre otros gastos. También hizo traspasos a sus dos hijos desde la cuenta del IDP e invirtió fondos del organismo en productos financieros -algunos de riesgo- contratados con el banco en el que trabaja su yerno.

• Auditoría económica forense, en su recta final. El pasado 8 de noviembre, la URJC encargó a la consultora Grant Thornton -por 261.791,97 euros- la realización de una auditoría forense y una auditoría económico-financiera de tres organismos propios: el Instituto de Derecho Público, el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales y el Centro Integral de Formación Permanente. Con un plazo de ejecución de cinco meses, la ejecución de dicho trabajo está en su recta final y sus conclusiones podrían apuntalar los indicios de presunta malversación en la gestión económica por parte de Álvarez Conde. La incógnita es si aflorarán también irregularidades en los otros dos centros analizados cuando los auditores le hayan puesto la lupa.
• El IDP, cerrado. El pasado 26 de febrero, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó la supresión del IDP, último trámite formal para el desmantelamiento del organismo que impartió el máster en el que se matricularon Cristina Cifuentes y Pablo Casado, entre otros alumnos. En la práctica, carecía de actividad desde el inicio del presente curso escolar, integrándose la formación de posgrado que ha 'salvado' -como un título en Enfermería- en el resto de la oferta de la Universidad.
• Medidas para reforzar los controles. La URJC ha puesto en marcha diversas medidas procedimentales y ha llevado a cabo modificaciones reglamentarias a fin de evitar que, en el futuro, pueda registrarse una situación similar a la que conocida por el máster de Cifuentes. El centro lleva a cabo una auditoría de procedimientos académicos con la intención de aplicar las conclusiones que arroje el trabajo y "ser más eficaces en el control y la calidad" de los procesos. "¿Se podría repetir el caso en el futuro? Lo va a hacer muy complicado. El objeto es que tengamos más capacidad predictiva, es decir, que cuando detectemos que hay algo anómalo podamos intervenir cuando no haya provocado aún efectos administrativos", explica a este diario el vicerrector de Calidad, Ética y Buen Gobierno de la URJC, Manuel Gértrudix. La creación de este Vicerrectorado fue una de las medidas adoptadas tras el escándalo, junto a mejoras en materia de transparencia, modificaciones reglamentarias y la redacción de un código ético, entre otras. El caso Máster deterioró la imagen de esta universidad pública madrileña y ha hecho planear la sombra de la moción de censura contra el equipo rectoral que dirige Javier Ramos, sin que el grupo opositor haya logrado reunir hasta el momento los apoyos que le permitan presentarla.