El fiscal ha calificado hoy en el juicio de "paranoia" la tesis de Sandro Rosell de que es perseguido por haber presidido el F.C. Barcelona y ha mantenido que es juzgado por blanquear y repartirse comisiones recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ricardo Teixeira. La Audiencia Nacional ha reanudado la vista con el informe del fiscal José Javier Polo que ha pedido seis años de prisión para Rosell, cinco para su socio, el abogado andorrano Joan Besolí; un año y once meses para su esposa, Marta Pineda, para Pedro Andrés Ramos González y para Shahe Ohanessian y un año y seis meses para José Colomer Esteruelas, estos últimos como presuntos testaferros.
Para el fiscal en el juicio se ha probado que cometieron delitos de blanqueo de capitales y grupo criminal, si bien ha rebajado las penas que pedía de entre seis y once años de cárcel para los acusados al apreciar inicialmente delito continuado de blanqueo y organización criminal. "No se ha perseguido a ningún acusado por sus circunstancias personales, esto solo sirve para alimentar una paranoia. No ha habido persecución contra Rosell de ninguna clase y menos por el hecho de que haya sido presidente de un club de fútbol", ha asegurado el fiscal.
José Javier Polo ha indicado que los acusados formaron al menos desde 2006 una agrupación delictiva dedicada al lavado de capitales a gran escala a sabiendas de su ilícita procedencia. Ha añadido que actuaban bajo la iniciativa y coordinación de Sandro Rosell, que presidió el Fútbol Club Barcelona entre 2010 y 2014, y conforme a las capacidades que cada uno aportaba, con especial relevancia Joan Besolí, gestor de profesión y titular de un importante número de sociedades y cuentas bancarias en Andorra.
Sus sociedades eran tapaderas, puramente instrumentales, carecían de infraestructura y estaban radicadas en paraísos fiscales"
Según el fiscal los acusados facilitaban sus relaciones personales y profesionales, sus conocimientos sobre operativa bancaria, la creación y uso de denominaciones sociales de las que eran titulares, sus identidades y sus cuentas para permitir a otras personas operaciones para incorporar al tráfico legal los beneficios de actividades ilícitas. Muchas de sus sociedades eran "tapaderas", puramente instrumentales, carecían de infraestructura y estaban radicadas en paraísos fiscales, ha abundado el representante de la Fiscalía.
El fiscal ha concretado que ocultaron las comisiones ilícitas obtenidas por Ricardo Teixeira, que fue presidente de la CBF entre 1989 y 2012, y ha recordado que este ha sido objeto de investigaciones en Brasil, Estados Unidos, Andorra y Suiza.
Ha añadido que dichas comisiones procedían de un contrato de compraventa en 2006 de derechos audiovisuales de la selección nacional de fútbol de Brasil realizada a través de la CBF en favor de la sociedad International Sports Events para que una televisión de Arabia Saudí retransmitiera 24 partidos amistosos de euros, y otro de 2008 de esponsorización firmado con Nike.
El fiscal ha aclarado que la CBF es una asociación de derecho privado de carácter deportivo y sin ánimo de lucro pero de interés colectivo. Ha recordado que los dos antecesores de Teixeira en la Confederación Brasileña de Fútbol están condenados y por ello ha comentado: "Cómo va a contestar la CBF que ha sido perjudicada en sus intereses cuando ha sido dirigida por este tipo de personas".
Según el fiscal, Sandro Rosell articuló con el resto de acusados una serie de mecanismos para ocultar los beneficios de Ricardo Teixeira con los que consiguió blanquear casi veinte millones de euros (en concreto 19.972.612), de los que se habría quedado supuestamente con al menos 6,5 millones. Ha especificado que blanquearon 8.392.612 a través de una sociedad instrumental, Uptrend Developments LLC, y un entramado societario complejo con cuentas en bancos de Andorra para hacer llegar el dinero a Ricardo Teixeira, alejándolo de su origen, fragmentándolo y oscureciendo su trazabilidad.
Igualmente hicieron con 6.580.000 euros a través de la venta simulada de la empresa Bonus Sport Marketing (BSM), propiedad de Sandro Rosell y de su esposa, en la que participó como comprador el también acusado Shahe Ohannessian. Finalmente el fiscal ha mencionado el blanqueo de 5 millones de euros para ocultar comisiones ilegales por el patrocinio de Nike a la CBF
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