Una comisión del Colegio de Abogados de Barcelona pone en duda la imparcialidad de Marchena

La Comisión de Defensa del Ilustre Colegio  de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha denunciado la vulneración de una serie de derechos en el juicio del 'procés', así como el "rol de acusador" y la "dudable imparcialidad" del juez Manuel Marchena durante la declaración del mayor Trapero.

Según ha comentado este miércoles la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía sostiene que durante la declaración del mayor Josep Lluís Trapero ante el Tribunal Supremo en el juicio contra los líderes independentistas, el presidente de la sala, Manuel Marchena, asumió el "rol de acusador que le es impropio", perdiendo su "condición de imparcialidad".

Durante el interrogatorio al exjefe de los Mossos d'Esquadra, el Ministerio Fiscal le preguntó acerca de unas intervenciones previas a la declaración unilateral de independencia, algo que la acusación popular de Vox, que había propuesto a Trapero como testigo, no había formulado.

Uno de los abogados de la defensa impugnó la pertinencia de la pregunta y el presidente de la sala, que en un primer momento aceptó la alegación, acabó "ante la sorpresa de todos" preguntando al testigo "la misma pregunta que había declarado impertinente al fiscal".

Esto "ilustra perfectamente el conjunto de absurdidades y disfunciones procesales que concurren en el procedimiento", añade el comunicado.

Con relación a los interrogatorios de los testigos por parte de las acusaciones, la comisión del ICAB critica que se esté utilizado "sistemáticamente" la técnica de enunciar la pregunta "induciendo la respuesta".

La comisión también considera que la prohibición de exhibir vídeos en el interrogatorio de los testigos "atenta contra el derecho de defensa" y denuncia que el calendario de la prueba testifical confeccionado por el presidente de la sala es "arbitrario" y "altera por completo el orden de los testigos preestablecido legalmente".

Asimismo, el horario y el incremento de hasta cuatro días de sesión a la semana suponen una "sobrecarga para la resistencia física y psicológica de los acusados, en especial para los que continúan en situación de prisión preventiva", ha concretado.

A principios de marzo, en otro comunicado, la misma comisión del ICAB exigió la expulsión de la acusación particular de Vox de la causa, al considerar que su objetivo era "visualizar su programa político".