El ex diputado alemán Bernhard Félix von Grünberg ha sido el primer observador internacional en testificar en el juicio del ‘procés’. El dirigente germano, ha declarado durante dos horas en el Tribunal Supremo con traductor, y ha tratado de dar un discurso político sobre la situación que se vive en Cataluña. Sin embargo, se encontró de frente con el presidente de la Sala, Manuel Marchena, que le impidió dar sus opiniones políticas en la vista oral.
“Mi deseo es que se encuentre un consenso democrático para solucionar el problema", dijo Von Grünberg. Marchena frenó en seco la respuesta de la siguiente manera: "Pese a que su opinión es muy respetable, es prescindible".
El observador internacional explicó entonces que le interesaba “personalmente” la situación en Cataluña. El 1 de Octubre “no era la primera vez que viajaba allí. A título personal soy presidente de una asociación de arrendadores y he viajado allí antes en este contexto. También soy miembro de las Naciones Unidas para los Refugiados y en este contexto también he ido a Cataluña”.
Cuando llegó el turno del interrogatorio de la Fiscalía, la fiscal Consuelo Madrigal arremetió contra dicho testimonio que quiso, según sus propias palabras, “descalificar”. La ex fiscal general del Estado preguntó primero a Von Grünberg si sabía que el Tribunal Constitucional había anulado dicho referéndum por considerado ilegal. El testigo admitió que sí. Luego le intentó interpelar sobre si conocía que los miembros del Govern y la Mesa del Parlament habían sido apercibidos personalmente por el tribunal de garantías. Marchena cortó entonces a Madrigal y le pidió que se centrara en preguntar al testigo por lo que el vio cuando se desplazó a cinco centros de votación el 1-O.
Sin embargo, la fiscal, visiblemente molesta por las palabras del declarante, le preguntó directamente si también se interesó por conflictos similares al de Cataluña como los que tiene su propio país, por ejemplo, con Baviera. El presidente del tribunal anuló la cuestión por impertinente.
Ya sobre el fondo de su declaración, propuesta por las defensas, el alemán sostuvo que ni vio actos violentos por parte de los votantes el 1-O ni su estancia en Barcelona fue sufragada por el organismo dependiente de la Generalitat, Diplocat. Según su visión ni delito de rebelión ni malversación de caudales públicos.
“Dejé muy claro que para mí era muy importante pagarlos a título personal", dijo el testigo sobre los costes quye generó su desplazamiento a Cataluña. "Se planteó una solicitud de Diplocat; no obstante, la motivación para realizar ese viaje era sencillamente interés personal. Era asistir y poder hablar con todas las partes involucradas. Mi motivación era presenciar sin partidismo aquello que estaba ocurriendo en España", enfatizó el ex parlamentario alemán.
El observador internacional afirmó que se quedó “muy sorprendido por la tranquilidad y contención por parte de los allí presentes”, en referencia a los manifestantes del 1-O. “No percibí por parte de los votantes una actitud violenta o agresiva, sino una admirable tranquilidad”, recalcó.
Pagada por Diplocat
Por otro lado, en la sesión de esta tarde ha declarado en el Alto Tribunal la observadora internacional Helena Catt, que lideró el equipo expertos pagados por Diplocat. La testigo, que también compareció con intérprete, admitió haber cobrado 8.775 euros de este organismo vinculado a la Generalitat por sus trabajos realizados esos días en Cataluña.
Durante el interrogatorio ha explicado que dirigió un informe donde se recogió "con perspectiva histórica" la realidad político-social en Cataluña durante esos días. “Mi tarea particular era dirigir las actividades y el equipo y asegurarme de que entregábamos a tiempo el informe que nos encargaron, el resto del equipo tenía que investigar y recoger información para el informe", subrayó.
Sin embargo, de forma llamativa la observadora internacional no ha podido recordar en su declaración en el Supremo el asedio del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía del Govern, cuando la comitiva judicial que dirigió la entrada y registro del edificio permaneció encerrada durante 17 horas sin poder salir ante las protestas que había en el exterior.
"No sé lo que ocurrió el 20 de septiembre”, respondió la observadora a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. "Estuve casi todo el día en mi oficina coordinando la labor de otros miembros de mi equipo", ha reconocido la experta, de nacionalidad neozelandesa.
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