La Audiencia investiga el pago sistemático de 'mordidas' de OHL por obra pública en toda España

La Audiencia Nacional investiga el presunto pago sistemático de comisiones ilegales por parte de la constructora OHL a distintas administraciones municipales y autonómicas de España a cambio de obtener adjudicaciones de obra y edificaciones públicas.

Según informan fuentes de la investigación a El Independiente, las pesquisas están siendo dirigidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón; la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y forman la pieza separada número 8 del caso Lezo. El instructor levantó este miércoles el secreto de sumario y ha señalado declaraciones de investigados para los próximos 4 y 5 de abril.

La investigación arrancó a partir de un "hallazgo casual" intervenido en las entradas y registros en las oficinas de OHL en el marco del 'Lezo'

Se trata de una pieza que se abrió a partir de lo que fuentes de la investigación denominan como un “hallazgo casual” cuando en el marco de la macrocausa Lezo se llevaron a cabo entradas y registros en las oficinas de OHL . Entonces, los agentes de la UCO intervinieron conversaciones que habían sido grabadas por un empleado de la empresa sobre el presunto cobro de esas mordidas. Los investigadores sospechan que el trabajador de la multinacional conservaba esas cintas “para blindarse ante la propia compañía” en el caso de que las irregularidades fueran detectadas.

El informe de la UCO, clave

A partir de ahí, la Audiencia Nacional abrió unas diligencias previas que han permanecido bajo secreto en los últimos meses hasta que este miércoles se alzó el mismo. Aunque las pesquisas se encuentran en estado “embrionario” -según indican las fuentes consultadas-, la UCO ya entregó el pasado mes de octubre un extenso informe al juzgado donde relataba el pago “sistemático” de comisiones ilegales en distintas comunidades autónomas -tanto a ayuntamientos como a corporaciones autonómicas- por parte de la constructora de Juan Miguel Villar Mir. El denominador común es que OHL se beneficiaba supuestamente de amaños en contratos públicos a los que se daba apariencia de legalidad.

Los imputados en esta causa no superan en estos momentos la decena, si bien los investigadores creen que las pesquisas tienen entidad suficiente para ser por sí misma una sola macrocausa, más allá de Lezo. Los próximos 4 y 5 de abril han sido citados varios imputados en el procedimiento, la mayoría trabajadores de OHL. Los fiscales Anticorrupción asignados a la misma son Ana Cuenca (también fiscal de Lezo) y Juan Pavía.

Según avanzan fuentes del caso, "por ahora” se investiga el pago de esas mordidas en autonomías como Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid. Fuentes jurídicas apuntan a que algunas de estas comisiones ilegales fueron presuntamente abonadas durante los años 2013 y 2014 por parte de OHL siempre a cambio de amaños en concursos públicos en los que la compañía de Villar Mir se vio favorecida. Dentro del procedimiento se investigan delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas para funcionario público, entre otros.

Villar Mir, imputado en Lezo

La constructora OHL se encuentra el punto de mira de la Audiencia Nacional desde que se detectó que presuntamente pagó una comisión ilegal de 1,4 millones a cambio de la adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid de la concesión y construcción del tren de Móstoles a Navalcarnero, en Madrid. La mordida en cuestión habría sido cobrada a través del empresario Adrián de la Joya.

Aquellos hechos provocaron la imputación de Juan Miguel Villar Mir y su yerno Javier López Madrid por parte del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, donde permanecen en condición de investigados. El pago de esta comisión están siendo investigada en la pieza separada número 3 de la citada macrocausa.

Villar Mir declaró en la Audiencia Nacional que "jamás" ha inducido a ningún empleado de OHL a pagar 'mordidas'

En septiembre de 2017, Villar Mir declaró en la Audiencia Nacional y aseguró que “jamás” ha inducido a ningún directivo o empleado de OHL para que pagara ‘mordidas’. El empresario añadió que, por su condición de catedrático y de presidente del Colegio Nacional de Ingeniero de Caminos, Canales y Puentes, su figura ha sido “muy respetada” y que nadie “se ha atrevido” a sugerirle que pagara una comisión para que le adjudicaran una obra porque es conocida su "intolerancia" con la corrupción.

A preguntas de El Independiente, un portavoz de OHL ha mostrado el "absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia, las más exigentes prácticas de buen gobierno y el respeto a la ley en el desarrollo de su actividad" de la compañía. La constructora subraya que "mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción" y que, "desde su fundación en 1911 hasta hoy, ningún directivo ni empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción".