Equiparación salarial: las incógnitas que Interior sigue sin despejar

La cúpula del Ministerio del Interior ha descargado en la auditora externa contratada el pasado verano toda la responsabilidad respecto a que no se disponga ya de un informe fiable sobre las retribuciones y los puestos en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, herramienta imprescindible para poder determinar si la equiparación salarial pactada en marzo de 2018 es "total y absoluta" o por el contrario son insuficientes los 807 millones de euros comprometidos por el Gobierno de Rajoy.

El documento es un "bodrio" y la consultora ha sido una "incompetente" a la hora de ejecutar el trabajo. Así ha descalificado este viernes el trabajo realizado por los técnicos de Ernst&Young Abogados SLP durante los últimos seis meses la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, durante la reunión que ha mantenido con los representantes de los sindicatos policiales ante el incendio provocado a las puertas del inicio de la campaña de las elecciones generales del 28 de abril. El encuentro se producía después de que El Independiente desvelara que Interior ocultaba a policías y guardias civiles el informe clave sobre la equiparación salarial desde hace semanas y que había ejercido presiones sobre la consultora, que había llegado a plantarse.

Con adjetivos menos gruesos, el ministro Grande-Marlaska informó el miércoles a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil que habían decidido echar para atrás el informe y darle 45 días hábiles a la multinacional para que rehaga el trabajo, a la vista de que no ha realizado un análisis "puesto a puesto". De esta forma, el contratista presentará la nueva versión cuando ya se hayan celebrado los comicios que determinarán si Pedro Sánchez sigue en La Moncloa.

Los máximos responsables de Interior han cuestionado el rigor de las informaciones de este periódico al negar que hayan condicionado el trabajo de los consultores, han acusado al PP de estar detrás de filtraciones "interesadas" que -dicen- van a investigar y han anunciado que estudiarán acciones legales contra quien les difame y ponga en duda la voluntad del Gobierno en su compromiso de cumplir con el acuerdo para recortar la brecha en los sueldos de policías y guardias civiles con los mossos. Las explicaciones ofrecidas esta semana por el ministro del Interior y su número dos, con todo, siguen sin despejar algunas dudas de calado. Éstas son las claves:

• La fecha de entrega. Botella ha reconocido este viernes que Ernst&Young (EY) entregó a Interior el informe final el 27 de febrero, con lo que la consultora se ha atenido al plazo -éste terminaba el 4 de marzo- previsto en el pliego de condiciones. Es la primera vez que el equipo de Grande-Marlaska reconoce que dispone del trabajo -un 'primer borrador', en palabras de la secretaria de Estado- desde ese día, como desveló este diario. El 26 de febrero, durante la celebración de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial, la secretaria de Estado de Seguridad aseguró a policías y guardias civiles no sólo que no habían recibido el trabajo sino que se estaban planteando prorrogar el margen de tiempo al adjudicatario debido a la complejidad que entrañaba el estudio puesto a puesto en cada Cuerpo. Este diario se reitera en que EY envió por correo electrónico el informe el 25 de febrero a dos colaboradores de Ana Botella: los directores de gabinete y de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Pau López Ramos y José Antonio Rodríguez González (Lenin). Al no darlo por recibido es por lo que la multinacional optó por presentarlo en el Registro del Ministerio del Interior, a fin de que quedara rastro documental.
• Ampliación de plazo no prevista en el pliego. Interior intenta ganar tiempo concediéndole a la auditora un plazo adicional de 45 días hábiles para que rehaga el informe, dado que -según la versión ministerial- no ha realizado una comparativa puesto a puesto. De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez evita que, en plena campaña electoral, se pueda plantear el debate de que es necesario aumentar los fondos para que policías nacionales y guardias civiles cobren exactamente lo mismo que los Mossos d'Esquadra. EY tendrá hasta la segunda semana de junio para presentar la nueva versión, una vez celebradas las elecciones generales, municipales, europeas y autonómicas en varias comunidades. Ocurre que el pliego que reguló el procedimiento de contratación rechazaba expresamente la posibilidad de habilitar prórrogas y fijaba el plazo de realización del trabajo en seis meses, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato (3 de septiembre). Sorprende que Interior alegue ahora que el adjudicatario se ha desviado del encargo que se le había realizado cuando se habían establecidos hitos cronológicos con entregas de avances que deberían haber servido para que las alarmas se hubieran activado antes, no con el plazo ya vencido. Así, la empresa adjudicataria tenía que entregar a Interior un informe sobre las retribuciones y el diagnóstico de la situación tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil "dentro de la seis primeras semanas de vigencia del contrato" y, dentro de las 12 primeras semanas, un análisis sobre los puestos de trabajo y funciones generales en ambos Cuerpos y en la Policía de la Generalitat de Cataluña. Ernst&Young quedaba también obligada a aportar dentro de las primeras 16 semanas un documento con propuestas para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones en dos meses, así como "la propuesta de fijación de criterios objetivos de análisis para la aplicación de la equiparación salarial total y absoluta". ¿Nadie se dio cuenta hasta transcurridas las 24 semanas de que el adjudicatario no había realizado el análisis puesto a puesto que se requería? Si el trabajo es un "bodrio", ¿por qué no directamente se ha rechazado por manifiesto incumplimiento de contrato y se convoca un nuevo procedimiento de licitación? Realmente no hay urgencia, dado que las conclusiones servirán para definir el reparto del tramo correspondiente al año 2020, no el que se abonará en la nómina del inminente mes de abril.

Extracto del pliego de condiciones en el que se detalla que "no se contemplan" prórrogas.

• ¿Y la "participación" de sindicatos y asociaciones profesionales? La cláusula primera del acuerdo de equiparación salarial que Juan Ignacio Zoido firmó el 12 de marzo de 2018 con cuatro sindicatos de Policía (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) establecía que el estudio que se encargaría a una consultora externa para disponer de criterios objetivos de análisis sobre la cantidad realmente necesaria para garantizar la equiparación salarial tendría que contar con la "participación" de los representantes de los agentes. Interior ha hurtado ese derecho a sindicatos y asociaciones profesionales, sin que hasta el momento haya ofrecido una explicación convincente. En la reunión de este viernes, cuando los representantes del SUP le han afeado el incumplimiento de dicha cláusula, Botella ha salido por la tangente y ha asegurado que los sindicatos y asociaciones podrían haber alegado sobre las discrepancias observadas si el informe entregado por la consultora hubiera incluido las exigencias mínimas. La explicación en modo alguno respondía a la pregunta. No se trata de aportar una opinión a posteriori sino de participar durante todo el desarrollo del trabajo. Ése y no otro era el espíritu de la citada cláusula.
• Cambio en el porcentaje del reparto entre los Cuerpos. Existe otra duda que Interior no ha resuelto todavía. Si no dispone de las conclusiones de la consultora externa, ¿en qué criterios objetivos se ha basado para modificar el porcentaje de reparto de los 250 millones comprometidos para 2019 entre Policía Nacional y Guardia Civil? Ésta es la pregunta que lanzan las asociaciones profesionales y que sigue sin obtener respuesta. A finales de febrero, el Ministerio que dirige Grande-Marlaska anunció que este año el 57,28 % del dinero sería para la Guardia Civil y el 42,72 % para la Policía Nacional. Ello supone una ligera modificación respecto al criterio aplicado en 2018, cuando el reparto fue del 59-41 %. En cifras absolutas, la variación es de 4,3 millones. Los hechos dejan en mal lugar al director general de la Guardia Civil, Félix Azón, que en la comisión técnica de seguimiento del acuerdo celebrada el pasado 27 de febrero defendió que "no es razonable" variar el porcentaje de distribución "salvo que circunstancias excepcionales le obligaran a ello", como detalla el acta de aquella sesión. En todo caso, mantuvo Azón, podría aceptarse "como máximo" una reducción de un 1%. El recorte ha sido finalmente del 1,72 %. ¿Cuáles son esas "circunstancias excepcionales"? Ni el ministro ni su número dos han sido capaces de justificarlo, lo que ha llevado a algunas asociaciones profesionales de la Guardia Civil a encargar a sus estudios jurídicos que estudien si hay base para denunciar penalmente a responsables de Interior por posible prevaricación y malversación de caudales públicos.
• Requisa de móviles antes de las reuniones. Interior ha tomado por costumbre impedir que los representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil accedan a las salas en las que se celebran las reuniones con sus móviles. En cambio, los altos cargos del Ministerio sí pueden hacer uso de sus terminales mientras se llevan a cabo los encuentros. "Se les recuerda que, en aplicación del protocolo de seguridad establecido, en la antesala del salón donde se celebrará la reunión contarán con un espacio para depositar teléfonos y dispositivos electrónicos", advertía el director de gabinete de la secretaria de Estado de Seguridad en la convocatoria de la cita de este viernes. ¿Teme acaso Interior que se grabe y difunda posteriormente alguna manifestación que les comprometa en el futuro?