El presidente del grupo Zeta tenía la tarjeta del móvil robado a la asesora de Iglesias

El líder de Podemos Pablo Iglesias acudió el pasado miércoles a la Audiencia Nacional para personarse como perjudicado directo en la pieza separada 10 del caso Tándem, también conocido como el caso Villarejo, ya que el principal investigado en el procedimiento es el comisario vinculado a las cloacas del Estado, José Manuel Villarejo.

Según informan fuentes de la investigación a El Independiente, Iglesias declaró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 Manuel García Castellón y los fiscales Anticorrupción y les entregó la tarjeta del móvil robado a su ex asesora. Contó que un periodista se la dio tras informarle de que esa documentación había llegado a sus manos pero que no la iba a publicar.

En concreto, el secretario general de Podemos explicó que dicha tarjeta SIM del móvil de la que fuera su asistente en el Parlamento Europeo Dina Bousselham se la había dado el periodista Antonio Asensio, presidente del grupo Zeta. En aquella tarjeta que, según su versión Asensio le entregó, se almacenaba el contenido del teléfono móvil de su ex asesora. El presidente de Zeta podría ser llamado próximamente a declarar en la Audiencia Nacional como testigo, según indican las fuentes consultadas.

Además, los investigadores analizarán ahora el material proporcionado por Iglesias y cotejarán si es el mismo que le fue incautado a comisario investigado en noviembre de 2017.

En el año 2016, Bousselham denunció el hurto de su teléfono móvil. Un año y pico después un volcado del mismo fue hallado en las entradas y registros que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía practicó en las viviendas que Villarejo tiene en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

No obstante, el nombre de Asensio no es el del único periodista que ha salido en una historia que va camino de convertirse en el guion de una serie de ficción. Un día después de la comparecencia de Pablo Iglesias, declaró sobre este asunto en la Audiencia Nacional el comisario José Manuel Villarejo. Y también explicó que la información de tipo íntimo que contenía ese teléfono de la asesora de Podemos le llegó de manos de otro periodista. El agente preso contó que la copia con los datos de ese móvil llegó en un pendrive a la redacción de la revista Interviú, que también consideró que el contenido no era publicable –había fotografías comprometedoras para determinadas personas- y su entonces director, Alberto Pozas, se lo hizo llegar a Villarejo. Pozas trabaja ahora en la secretaria de Estado de Comunicación para el presidente Pedro Sánchez.

Villarejo niega robar el móvil

Del móvil de Dina Bousselham, por ejemplo, salieron los pantallazos de un chat privado donde Iglesias decía que "azotaría hasta que sangrase" a la presentadora de televisión Mariló Montero. Estas conversaciones fueron publicadas por el digital Okdiario.

Durante el interrogatorio, el comisario negó “haber participado en ninguna campaña” contra el líder de Podemos ni haber robado ningún móvil, documento o un lápiz de memoria con información de Iglesias. El agente sí admitió que analizó esa documentación proporcionada por Interviú pero dijo que llegó a la conclusión de que no había “interés policial” en las mismas llegando a informar en este sentido a sus superiores.

Sin embargo, la tesis que manejan los investigadores de la operación Tándem es otra. Que Villarejo sustrajo presuntamente ese móvil -de forma directa o indirecta- y entregó esta información a la denominada 'policía patriótica' de la Policía para hacer una guerra sucia contra Podemos cuando la formación de Iglesias estaba en pleno auge electoral. El comisario se encuentra imputado actualmente en la pieza número diez por un delito de revelación de secretos.

Asimismo, tal y informó este medio, otra de las líneas de investigación que mantiene abierta la Audiencia en esta pieza separada es el origen del famoso informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que relataba la supuesta financiación irregular de Podemos a través de dinero de origen iraní y venezolano y que fue utilizado por la oposición para cargar contra la formación morada. Aquel informe sirvió como base para que se presentaran varias querellas contra el líder de la formación de izquierdas. Sin embargo, la Justicia nunca dio crédito al mismo y rechazó abrir cualquier procedimiento a raíz del citado informe.