Sánchez quiere exhumar 25.000 cadáveres y rehabilitar a un millón de presos de Franco

Un carga monumental de trabajo relativo a la reparación de la Memoria Histórica ha quedado perfilada para la siguiente legislatura, siempre que los votos y los escaños dan la mayoría al partido que actualmente ocupa el Gobierno (PSOE) y a sus aliados (Podemos, nacionalistas). Se trata del mayor avance en este terreno de toda la Democracia: mucho más que la Ley de Memoria Histórica de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero. De ponerse en marcha, por un lado un grupo de medio centenar de expertos trataría de exhumar entre 20.000 y 25.000 cuerpos de víctimas del Franquismo ("quizás solo sea posible identificar entre 5.000 y 7000 personas", conceden los impulsores de esta tarea) y, por otro lado, reconocer hasta donde se pueda a los centenares de miles de trabajadores forzosos y reos de campos de concentración de la Dictadura entre la Guerra Civil (1936-1939) y la posguerra. "La cifra exacta nunca se podrá saber, pero se acerca al millón", reza uno de los informes encargados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Y es que el actual Gobierno ha encargado y recibido ya dos informes para sentar las bases para tan ingente tarea, que pretende acometerse "en una legislatura y media", en opinión de Fernando Martínez, director general para la Memoria Histórica, un cargo que depende del Ministerio de Justicia. Martínez, profesor de universidad y ex alcalde de Almería, ha mantenido estos días una sonada polémica con el diputado popular y cabeza de lista por esta provincia, Rafael Hernando, sobre las labores de rehabilitación histórica.

El director general de Memoria Histórica se ha querellado contra Rafael Hernando

Hernando acusó el pasado fin de semana al director general de ganar 80.000 euros "por dos estudios que fabricó" en la Universidad de Almería (UAl) y "cuyos resultados no hemos conocido ni se han difundido". Este medio ha obtenido los dos estudios y ninguno se ha gestado en la UAl: el primero, Estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y dictadura franquista. Recomendaciones para el futuro, de 411 páginas, ha sido coordinado por el célebre forense Francisco Etxeberria, profesor titular de la Universidad del País Vasco; de sus muchas gestas, la más mediatizada fue el hallazgo de los cuerpos de los hijos asesinados de José Bretón en 2012.

El segundo informe Presos y trabajos forzados durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista: Estado de la cuestión y aproximación cuantitativa ha sido elaborado por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Gutmaro López Bravo. Martínez, que además es cabeza de lista por el PSOE en Almería para el Senado, ha anunciado ya en la prensa local que se querellará contra Rafael Hernando por sus acusaciones.

"Contando con un apoyo institucional insuficiente y la mayoría de las veces completamente ausente, desde el año 2000 y con el impulso de las
asociaciones de memoria histórica, se han llevado a cabo exhumaciones en toda la geografía española", constata el trabajo dirigido por Etxeberria, "interviniendo en 740 fosas comunes y recuperando más de 9.000 esqueletos". La mayor parte de estas exhumaciones se realizó durante el Gobierno de Zapatero porque el PP amputó las subvenciones a las asociaciones de familiares de víctimas.

El informe del forense Etxeberria dice que la mayoría sigue enterrada en lugares "clandestinos"

La mayoría de los muertos está enterrado en lo que el informe denomina "lugares clandestinos": "fosas comunes en cunetas, descampados, montes, pozos, minas y simas"; igualmente, en cementerios ("intramuros y extramuros") o de cualquier manera tras actos o acciones de guerra. La represión fue fue "generalizada en toda la geografía española, alcanzando a la población civil de ambos sexos y de todas las edades. Ochenta años después del final de la contienda militar, el informe encargado por Justicia afirma que "no existen hasta la actualidad, investigaciones oficiales al respecto y que acrediten o validen dichos resultados".

Así, el trabajo sobre exhumaciones recomienda "medidas de coordinación a nivel nacional" basadas en dos ejes: primero, desarrollar una "red de laboratorios de genética forense de la Memoria Histórica", y segundo, una "Base de datos nacional de ADN" coordinada entre todas las comunidades autónomas para que exista "un repositorio común de perfiles de ADN de víctimas y de familiares para poder realizar los distintos algoritmos de búsquedas".

El Mapa de Fosas del Ministerio de Justicia dista de ser fidedigno"

"No se conoce con exactitud cuántas fosas quedan por abrir y cuántas personas siguen desaparecidas", resalta un pasaje clave del informe. "Se estima que con una intervención oficial del Estado podrían recuperarse unos 20.000 a 25.000 individuos y de ellos quizás sea posible identificar entre 5.000 y 7.000 personas". Hay muchos problemas acumulados en los últimos decenios: "Existe una gran diversidad entre unas Comunidades Autónomas y otras", lamenta el trabajo.

"En clave estatal, las cifras que arroja el Mapa de Fosas del Ministerio de Justicia distan y mucho de ser fidedignas. El principal problema es que se ha constatado que faltan por registrarse muchas fosas intervenidas. En clave autonómica, no todos los gobiernos autonómicos han legislado en
materia de exhumaciones, por lo que la elaboración de un Mapa de Fosas específicamente autonómico es una tarea pendiente", valoran los autores, que hacen hincapié en recabar al máximo "testimonios orales".

Se propone un Consejo General de la MMHH con medio centenar de profesionales dedicados

¿Qué equipo trabajaría en las labores de exhumación? En el informe se detalla que el Gobierno precisa de medio centenar de profesionales: "Proponemos crear un Consejo General de Memoria Histórica que, con carácter técnico, dirija los procedimientos de exhumación y posteriores análisis", arranca un párrafo del capítulo de conclusiones. "Este Consejo  necesitaría para todo el país siete Equipos Forenses de Intervención para resolver en unos 4 o 5 años el problema de los desaparecidos de la Guerra Civil. En total, se estima que sería necesario contar con unos 40-50 profesionales durante estos años".

Presos y trabajos forzados

Menos avanzado parece el trabajo sobre reos y trabajos forzados en las prisiones o campos de concentración del Régimen, elaborado por el profesor Gutmaro Gómez. "Este informe no puede ser un análisis pormenorizado sobre un tema tan complejo como el de los trabajos forzados durante la Guerra Civil y el franquismo", avisa la introducción. Fernando Martínez defiende que se trata de una primera piedra: "Con la finalidad de hacer un estado de la cuestión sobre presos y trabajos forzados, se encargó un informe que recopilara 29 años de estudios académicos sobre el sistema concentracionario y el presidiario".

Al censo de campos de concentración todavía le queda mucho para ser un "análisis pormenorizado"

El ex alcalde de Almería entre 1991 y 1995 asegura que de esta manera "se han puesto las bases para poder abordar el censo de edificaciones que nos exige la Le" y de Memoria Histórica de 2007 y aún no se ha abordado. Dicho censo recabará, en palabras de Martínez, los "casos de mano de obra forzada o cautiva, cuya expresión máxima fue El Valle de los Caídos, de la misma manera que las obras en el sistema ferroviario". La represión en el sector ferroviario está siendo abordada por los historiadores Miguel Muñoz y Francisco Polo.

Sí se arrojan estimaciones sobre el volumen de presos y prisioneros de guerra. Un ejemplo: según uno de los momentos estudiados, que viene a ser el que más reos identifica ya que coincide con el final de la Guerra Civil (abril de 1939: justo ahora se cumplen 80 años), entraban en esta categoría: "Medio millón de prisioneros de guerra en campos de concentración al acabar la guerra, 90.000 en Batallones de Trabajadores a la altura de 1940 y al menos 47.000 en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores para esa misma fecha". Otros trabajos recopilados por este segundo informe rebajan la cifra a 300.000 en total al final de la guerra.

Hasta que no avanzó la II Guerra Mundial, España era el país con más reos en campos de concentración

"La cifra exacta nunca se podrá saber", reconoce el trabajo, "pero se acerca al millón y es, con mucho, la más elevada en la historia de nuestro país y hasta que avance la II Guerra Mundial destaca igualmente en el ámbito europeo". El equipo designado trabajará en el censo a lo largo de 2019 y verá facilitada su labor gracias a la apertura de los fondos de los Archivos Militares en septiembre de 2018, celebran los redactores del trabajo.

El texto distingue campos de concentración de batallones de trabajo forzosos: los primeros totalizan hasta 190, de acuerdo con los documentos extraídos del Archivo de Salamanca; con la inclusión de los segundos, los batallones de trabajo, el número se elevaría "hasta 230 lugares identificados como campos de prisioneros". La mayoría eran "provisionales" y se habilitaron en la "retaguardia": Asturias, La Coruña, Santander, Burgos, Cáceres, Badajoz o Córdoba. Después pasaron a las zonas conquistadas, aunque su nombre oficial cambió por el más suave "campos de vanguardia". Madrid tuvo 17 campos de prisioneros.

El Franquismo empleó decenas de nombres eufemísticos para los campos de trabajo forzados

Estas eran las decenas de denominaciones, a veces eufemísticas, que el Franquismo empleó para los campos: "campo de concentración de prisioneros de guerra, campo de evacuación de prisioneros, campo de clasificación de prisioneros y presentados, campo de concentración de evadidos y prisioneros, campo de concentración de prisioneros de guerra y presentados...". Así hasta 20 nombres distintos.

El informe destaca "la importancia que tuvo la mano de obra cautiva en la reconstrucción civil especialmente durante la guerra civil y la inmediata posguerra". "En estos años el trabajo fue realizado fundamentalmente por Batallones de prisioneros de guerra en el marco de la estructura de Campos de Concentración", aunque el trabajo cautivo se mantuvo hasta 1957 "a través del uso masivo de población encarcelada y del sistema de Redención de penas por el Trabajo". El mejor ejemplo es el Valle de los Caídos, la mayor intervención en Memoria Histórica labrada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Si vuelve a ser presidente del Gobierno tras el 28-A, las labores de reparación de memoria irán mucho más allá.