El Consejo de Estado avala que Marlaska incumpla la equiparación salarial

El Consejo de Estado allana el camino al Ministerio del Interior para desentenderse del acuerdo en materia de equiparación salarial que el Gobierno de Rajoy firmó con los representantes de los policías nacionales y de los guardias civiles en marzo de 2018. El documento, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no es "ni jurídicamente exigible ni vinculante".

Como ha desvelado El Independiente este jueves, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska pidió el pasado 28 de febrero un dictamen al supremo órgano consultivo del Gobierno para conocer el grado de compromiso jurídico que comporta el articulado rubricado hace un año por Juan Ignacio Zoido con cuatro sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil: AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y la Asociación Profesional de Cabos. La ejecución de ese acuerdo está en su ecuador.

Interior muestra abiertamente sus dudas por dos de las diez cláusulas que integran el texto. La primera detalla el compromiso de la Secretaría de Estado de Seguridad de contratar los servicios de una consultoría externa a fin de fijar “criterios objetivos de análisis” que garanticen si los 807 millones de euros prometidos para el trienio 2018-2020 garantizan la equiparación salarial “total y absoluta” o por el contrario hay que recalcular la cantidad, mientras que la octava expresa la voluntad de impulsar “las medidas legislativas que sean necesarias” para asegurar que la disfunción salarial que ahora trata de corregirse no vuelva a registrarse en el futuro.

El dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso este diario, avala el eventual incumplimiento de los compromisos que en la etapa del PP asumió Interior con los representantes de los policías nacionales y guardias civiles después de meses de movilizaciones. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el acuerdo carece de la eficacia que sindicatos y asociaciones profesionales le presuponen y, en consecuencia, el actual equipo ministerial no está obligado a materializar su ejecución en los términos aprobados.

El órgano consultivo del Gobierno concluye que el acuerdo firmado por Zoido hace un año “no vincula jurídicamente” al Ministerio del Interior

"La correcta interpretación del contenido del acuerdo de 12 de marzo de 2018 y la forma de su aplicación deben tener en cuenta, por una parte, los principios generales de la negociación colectiva y, por otra, los límites en que ésta se desenvuelve en las Administraciones públicas. En especial, la irrenunciabilidad e inderogabilidad de las potestades públicas. De esta premisa se desprende que, si bien todos los contenidos del acuerdo de 12 de marzo de 2018 deben ser aplicados de conformidad con el principio de buena fe negocial, no todos ellos tienen la misma eficacia directa, a tenor de lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el resto del grupo normativo aplicable al caso", detalla la primera de las seis conclusiones. El dictamen ocupa 41 páginas y está fechado el pasado 21 de marzo.

Delimitada la interpretación genérica del documento de equiparación salarial, el órgano consultivo -su trabajo no es vinculante, por lo que el Gobierno podría ignorarlo total o parcialmente- pasa a dar respuesta a aspectos concretos, como le había requerido el ministro. En relación con el informe encargado a la consultora externa (Ernst&Young Abogados), deja claro que los resultados que exponga la empresa privada no pueden sustituir en ningún caso "las decisiones que ha de tomar el Ministerio del Interior en ejercicio de las competencias y potestades que el ordenamiento le encomienda en cuanto a la organización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y apostilla: "En este mismo sentido debe interpretarse lo que afecta al seguimiento del acuerdo. No resulta, por tanto, ni jurídicamente exigible ni vinculante".

Este punto es especialmente relevante para el futuro de la equiparación, por cuanto sindicatos y asociaciones profesionales accedieron a firmar el acuerdo sobre la base de los 807 millones -los representantes de los agentes llegaron a levantarse de la mesa después de haber cifrado en 1.500 millones la cantidad necesaria para recortar la brecha salarial con las policías autonómicas- tras comprometerse el anterior equipo de la Secretaría de Estado de Seguridad a incluir una cláusula por la que se recurriría a una empresa especializada para que analizara las retribuciones y los puestos a fin de asegurar que la igualdad salarial con los Mossos fuera "total y absoluta". Fue la manera de desbloquear la negociación, que llegó a quedar en punto muerto por las diferencias abismales que existían en los cálculos de ambas partes.

Como viene informando este diario, la auditora entregó dicho informe a finales del pasado mes de febrero, si bien la Secretaría de Estado de Seguridad lo ha devuelto con el argumento de que no cumple los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Ernst&Young dispone de 45 días hábiles más -a contar desde el pasado 28 de marzo- para presentar un nuevo trabajo, con lo que previsiblemente se habrán celebrado ya las elecciones cuando la nueva versión llegue al organismo que se lo ha encargado.

El dictamen sostiene que al departamento de Marlaska no se le puede exigir siquiera el pago del segundo tramo, previsto para este mes

Tampoco entiende el Consejo de Estado que resulte "jurídicamente exigible" al Ministerio del Interior el compromiso de "impulsar las medidas legislativas" que sean necesarias para evitar que, una vez igualadas las nóminas con las de las policías autonómicas, vuelva a producirse en el futuro otra brecha salarial. Dichas acciones "no están al alcance de las competencias y potestades del Ministerio".

El órgano consultivo que preside la socialista María Teresa Fernández de la Vega va mucho más allá y concluye que al departamento de Grande-Marlaska tampoco se le puede exigir que "ponga en marcha la subida retributiva prevista para el segundo tramo de la equiparación salarial". Razón: "Ni se encuentra dentro de las competencias de este ministerio la potestad de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos, ni puede aprobar una norma con rango de ley con esta finalidad".

807 millones en tres años

En virtud del acuerdo firmado hace un año, Interior abonó en 2018 a policías nacionales y guardias civiles una cantidad adicional de 310 millones de euros, teniendo previsto realizar el segundo pago (250 millones) este mismo mes. La tercera anualidad (2020) se fijó en 247 millones, lo que totaliza los 807 millones de euros que se repartirán ambos Cuerpos.

Grande-Marlaska ha reiterado este jueves en Jaca (Huesca), donde ha asistido a la presentación del ejercicio conjunto coordinado de simulación de catástrofes 'Aragón 2019' de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que en abril se abonará el segundo tramo de la equiparación con independencia de que "no hayan salido adelante" los Presupuestos Generales del Estado. "[El Gobierno] tiene un compromiso que está cumpliendo y que va a cumplir", ha declarado.

La petición de dictamen al Consejo de Estado está fechada el pasado 28 de febrero, dos días después de que la número dos de Interior (Ana Botella) se reuniera con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial. La secretaria de Estado de Seguridad no sólo negó que hubiera recibido ya el informe de la consultora -ésta lo había remitido dos días antes por correo electrónicos a dos de sus asesores- sino que se estaban planteando ampliarle al contratista el plazo de ejecución del trabajo por la complejidad del encargo, posibilidad que el pliego de condiciones no contemplaba. Botella no anticipó en aquella reunión la intención de solicitar el parecer del Consejo de Estado para conocer el grado de vinculación jurídica del acuerdo.

El ministro dice que el Gobierno tiene un compromiso que "está cumpliendo y va a cumplir" ante las airadas críticas de los agentes

Tampoco hizo mención a dicha petición Marlaska cuando el pasado 27 de marzo tuvo que dar explicaciones en el pleno del Consejo de la Guardia Civil sobre los motivos por los que su equipo había decidido rechazar el trabajo de Ernst&Young y por qué no se les había proporcionado copia a las asociaciones profesionales ni del informe final ni de los desplegables preliminares que se preveían en el pliego. Esa reunión se producía seis días después de que el Consejo de Estado hubiera emitido ya su dictamen (21 de marzo).

Botella perdió otra oportunidad para informar sobre este extremo el pasado 29 de marzo, cuando convocó a una reunión extraordinaria a los sindicatos de la Policía Nacional para reproducir las explicaciones que el ministro había dado 48 horas antes debido al malestar que ha generado en los agentes no sólo que no se les haya dado la posibilidad de participar en la elaboración de la auditoría -derecho que les brindaba el acuerdo- sino que tampoco se les haya entregado una copia del documento final.

El hecho de haber ocultado también esta petición de dictamen ha hecho estallar a sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que han pedido al ministro -cabeza de lista del PSOE por Cádiz en las elecciones del 28-A- que "dé la cara" y despeje a la mayor brevedad posible todas las dudas que planean sobre la materialización de la equiparación salarial.

Primera denuncia en los tribunales

A la espera de que el equipo de Interior atienda el requerimiento o mueva ficha, los juzgados de Madrid han recibido esta semana la primera denuncia por la negativa del equipo ministerial a facilitarles copia de los trabajos de la consultora y para que investigue si los técnicos de Ernst&Young sufrieron "presiones" para que sus conclusiones se ciñeran a los 807 millones de euros.

La petición de informe al órgano consultivo del Gobierno ha generado más incertidumbre entre los agentes y ha aumentado la "desconfianza" de sindicatos y asociaciones profesionales hacia Grande-Marlaska, al que censuran la opacidad con la que está actuando pese a las promesas de "transparencia" que hizo cuando llegó al cargo.