Cinco asociaciones profesionales de la Guardia Civil han pedido al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska que active los órganos de negociación para conocer su grado de compromiso con la equiparación salarial, después de que el Consejo de Estado haya cuestionado la vinculación jurídica del acuerdo pactado en marzo de 2018.
En un comunicado, las asociaciones AUGC, UO, ASES-GC, AEGC y UniónGC se refieren al informe que publica este viernes El Independiente en el que el Consejo de Estado dictamina, tras ser consultado por Marlaska, que el acuerdo de equiparación no es "ni jurídicamente exigible ni vinculante".
En concreto, las organizaciones quieren que se celebre con carácter de urgencia un encuentro de la comisión general de seguimiento en el ámbito del Ministerio del Interior y un pleno extraordinario en la Dirección General de la Guardia Civil, tras conocerse la petición de dictamen que Grande-Marlaska hizo el pasado 28 de febrero al supremo órgano consultivo del Estado. "Y todo ello a espaldas de los guardias civiles y sin dar ninguna explicación", censuran.
"De confirmarse estos hechos nos encontraríamos con una maniobra impropia de un Gobierno democrático, que ha actuado a espaldas de las asociaciones profesionales para buscar quebrantar un compromiso firmado y publicado en el BOE. Durante estas semanas, además, habría ocultado sus movimientos a los representantes de los miembros de la Guardia Civil, a quienes precisamente, y para mayor sonrojo, había pedido lealtad y actuar de buena fe", añaden.
Este jueves, el ministro del Interior aseguró desde Jaca (Huesca) que este en abril se comenzará a realizar el pago del "segundo tramo" de la equiparación salarial, cumpliendo "íntegramente" con los compromisos adquiridos con la Policía y la Guardia Civil en tres años, entre 2018 y 2020. El acuerdo, dijo, se mantiene independientemente de que no haya Presupuestos Generales del Estado porque existe "un compromiso que se está cumpliendo y que se va a cumplir".
Críticas por el informe de una consultora
Los guardias civiles, por su parte, reclaman una nueva reunión urgente del Consejo de la Guardia Civil, después de la celebrada el pasado 27 de marzo en la que plantaron al director del Instituto Armado, Félix Azón, por cambiar "unilateralmente" el reparto de los 250 millones de 2019 entre policías y guardias civiles.
Tras aquella cita a la que se incorporó Marlaska al final de la mañana, las asociaciones presentaron una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por supuestas irregularidades.
Las asociaciones están molestas por el hecho de que el Consejo de Estado cuestione la contratación y entrega de los trabajos de una consultoría externa para conocer la cantidad final destinada a la equiparación.
El acuerdo actual contempla 807 millones de euros a repartir en tres años y que se impulsen las medidas legislativas que sean necesarias para que la brecha salarial no vuelva a reaparecer en un futuro, algo que también cuestiona el Consejo de Estado en una resolución que no es vinculante.
Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de la Policía recelan de que Interior no haya mostrado el informe de la consultoría externa de Ernst & Young. Desde este departamento se ha informado de que se ha dado un plazo de 45 días para que incluyan en su trabajo la relación salarial puesto a puesto.
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