El presidente de Cs, Albert Rivera, ha anunciado este viernes que presentará con carácter inmediato un recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo contra la ley de Abusos Policiales, aprobada ayer por el Parlamento vasco, con los votos del PSOE y PNV y la abstención de Bildu y Podemos.
Ciudadanos se dirige al Defensor del Pueblo porque para presentar un recurso ante el Constitucional se requieren cincuenta diputados, y ellos tienen 32.
En un acto informativo organizado por ABC-Deloitte, Rivera se ha referido a la "mal llamada" ley de abusos policiales que los socialistas le han "regalado" al PNV y Bildu y se ha preguntado si acaso estos son sus socios para la investidura: "¿estos son los hombres de paz?".
Rivera ha insistido en que no quiere "que estos señores manden en España" y ha reivindicado que "la ley de Víctimas nos proteja de lo homenajes a los terroristas".
El líder de Cs ha considerado que el posicionamiento de los socialistas con el PNV hace pensar que Sánchez "está perpetrando un pacto con los nacionalistas" dando el aval a una ley que "mancha y denigra la imagen de la Guardia Civil y la Policía".
Rivera ha añadido que en democracia son los jueces quienes deben determinar qué es abuso policial, "y no una mayoría política de PNV y Bildu".
Rechazo de las víctimas del terrorismo
Una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo han expresado también este viernes su "total rechazo" a la ley aprobada ayer en el Parlamento Vasco y que permitirá reconocer a las personas que se considere que sufrieron vulneraciones de derechos por parte de las fuerzas de seguridad entre 1978 y 1999.
Las 21 asociaciones, integradas en la Fundación de Víctimas del Terrorismo, han considerado en un comunicado que la aprobación de este texto legal, que modifica parcialmente otra ley de 2016 que no pudo aplicarse tras ser recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP, sigue "invadiendo competencias exclusivas del Estado".
A su juicio, esta nueva ley vasca "ampara la vulneración de derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante la creación de una comisión 'ad hoc'" que será la encargada de dilucidar si se ha producido o no una vulneración de derechos humanos.
Para estas asociaciones de víctimas del terrorismo esta comisión tendría competencia para "investigar y enjuiciar determinadas conductas presuntamente delictivas a los efectos de reconocer o no la condición de víctima de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política", una atribución que según recalcan "corresponde, en exclusiva, a los jueces".
"Desde la Fundación seguimos considerando que, como ya hicimos público con motivo de la retirada del recurso de inconstitucionalidad" por parte del Gobierno del PSOE, que "declarar víctimas y verdugos sin las más elementales garantías reconocidas por nuestro derecho penal y procesal, no solo atenta contra el honor de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino contra todo el colectivo de víctimas del terrorismo, al favorecer un relato falaz de toda la actividad terrorista desarrollada durante décadas por ETA", señalan.
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