Joan Pinyol y su abuelo, Joan Colom, son la cara B de la batalla política en torno a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Es la historia de un nieto que en 2008 descubrió casualmente que los restos de su abuelo republicano no yacían en la fosa común de Lleida, sino el en mausoleo franquista. Desde entonces, los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han jugado con sus ilusiones, el Gobierno del PP le cerró directamente la puerta y la Generalitat ha hecho oídos sordos a sus peticiones de apoyo. "No es una cuestión política, es una cuestión de humanidad" se lamenta. Ahora presenta libro sobre su lucha: "Avi, et treuré d'aqui" (Abuelo, te sacaré de aquí) y se prepara para llamar a una nueva puerta, la del Vaticano, después de que el Papa Francisco apoyara en Salvados la devolución de los restos de las víctimas del franquismo a sus familias.

El Valle de los Caídos alberga los restos de 60.000 personas, de los que 33.847 están identificados y unos 6.000 son catalanes, según el trabajo de la historiadora Queralt Soler. Precisamente gracias al libro de Queralt Soler, Pinyol descubrió hace once años que su abuelo estaba enterrado en el Valle de los Caídos, junto a los restos de otros 500 combatientes republicanos que habían sido inhumados en 1965 de la fosa común de Lleida para ser trasladados al Valle delos Caídos.

Hacía seis años que el mausoleo había sido inaugurado, pero las autoridades franquistas fracasaron en su intento de convencer a las familias de los "caídos por Dios y por España" para que aceptaran trasladar los restos de sus difuntos, así que optaron por enterrar allí a los muertos "del otro bando". La única condición de esa Operación Caídos, que vació fosas comunes de media España desde 1960 hasta 1965, era que los fallecidos fueran de religión católica. "Tuvieron la macabra idea de tirar de fosas comunes, porque estaban apunto de hacer un ridículo monumental" relata Pinyol. "Como no tenían cuerpos suyos abrieron el abanico a las fosas comunes, pero en este caso sin consentimiento".

La inhumación masiva se hizo con exquisito cuidado en documentar identidad y lugares de procedencia de todos los cadáveres que habían sido identificados previamente al ser enterrados en las fosas comunes, y esa información se trasladó a los gobernadores civiles y se consignó también en el Valle. Pero nunca llegó a las familias. "Ellos tenían el acceso a la identidad, pero no les interesaba esa identidad, solo les interesaba físicamente la materia, que hubiera cuerpos allá". De hecho, recuerda Pinyol, existe un caso de una persona que consta enterrada en el Valle de los Caídos y estaba viva. El resultado: los hijos y nietos de Joan Colom siguieron llevando flores a la fosa común de Lleida hasta que en 2008 su nieto descubrió que los restos de su abuelo hacía años que no estaban allí.

La primera y única exhumación

En 1980 se produjo la única exhumación hasta ahora del Valle de los Caídos. Varias familias de Navarra reclamaron los restos de muertos trasladados en la Operación Caídos, y en plena transición el traslado se acordó sin ruido y pudieron ser enterrados en sus localidades de origen. Eso sí, sin pruebas de identificación para garantizar que efectivamente se trataba de los restos reclamados. Desde entonces, se han tramitado 25 peticiones de exhumación de combatientes republicanos que fueron trasladados al Valle por el franquismo, pero ni el grupo de Pinyol ni el que lidera Fausto Canales desde Pajares de Adaja (Ávila) han conseguido llevarse a sus familiares de allí.

"Es la continuación de las malas maneras del franquismo" se lamenta Pinyol, que recuerda que ese mismo 2008 ya se aprobó en el Parlament una proposición no de ley sobre la memoria histórica a propuesta de ICV. La proposición mencionaba el caso Colom y pedía su traslado, pero "se quedó en nada". En 2010 el Gobierno Zapatero denegó a su agrupación una subvención para la búsqueda de sus familiares, pero les invitó a presenciar un estudio sobre la situación de los restos enterrados en el Valle, junto a Canales y otras familias del País Vasco, Asturias y Aragón que también habían reclamado los restos de sus familiares, dentro de la operación de recuperación de la memoria del franquismo impulsada por el Ejecutivo socialista.

"Parecía que se ponían de nuestro lado, pero después se produce un relevo en Gobierno, entra Jáuregui y crea una comisión de expertos que empieza a decir que no es posible identificarlos". A esas alturas, además de las peticiones al Gobierno ya habían presentado una demanda ante el Juzgado de El Escorial, habían llamado a la puerta del juez Baltasar Garzón,  a las de Amnistía Internacional e incluso la ONU. "Todo son negativas diferentes, que no existe un protocolo, que hay que aprobar una ley, todo son impedimentos y trabas".

Sentencia a favor

El Gobierno del PP bloqueó el proceso. "No querían saber nada" y reconoce que "la oposición de la comunidad benedictina pesó mucho". Pinyol habla de un "tabú" que pesa sobre el Valle de los Caídos, "tiene un poder esencial la comunidad benedictina del Valle, nadie quiere saber nada y parece que todo sea intocable". Fue entonces cuando otra familia abrió una nueva brecha en el muro levantado por los responsables del Valle. En 2016, el juzgado de El Escorial falla a favor de los hermanos Lapeña y dictamina que tienen derecho a recuperar los restos e sus familiares. "Pero el prior se opuso y el ministro Catalá cerró esa vía con un cambio exprés de la ley para evitar que nos acogiéramos a ella" relata Pinyol. "El prior es tan celoso del cuerpo de Franco como de todo el resto, es uno de los principales obstáculos para que allá no se toque nada".

Y en este contexto, estalla contra la campaña de propaganda en la que en su opinión ha convertido el Gobierno la exhumación de los restos de Franco. "Es indignante que el día que se convocan las elecciones el segundo punto de la rueda de prensa sea decir que sacarán a Franco, como si quisieran vendernos una sensibilidad que durante años no ha aparecido" apunta, recordando que en el caso Lapeña, hace tres años que tienen una sentencia a su favor sin que se haya avanzado más allá de un informe toxicológico que avala la exhumación.

"Los joans coloms no han importado nunca, si realmente existiera una sensibilidad en contra de ese monumento franquista ya debería haber aparecido durante todos estos años. Es un insulto hacia nosotros" se lamenta Pinyol, para quien el Gobierno de Sánchez "ahora busca un rédito electoral, no obedece a una sensibilidad real hacia lo que representa el Valle y esos cuerpos que no deberían haberse depositado nunca allí".

La segunda profanación, en 1990

Recuerda, en ese sentido, que de hecho el cuerpo de su abuelo, junto a los restos de los 502 cuerpos de Lleida, ya fue inhumado en 1990. Entonces gobernaba también el PSOE, y unas filtraciones en la sacristía de la basílica obligaron a trasladar los cuerpos a la Capilla del Pilar. "De nuevo sin avisar a las familias, los movieron durante el Gobierno de Felipe González. En ese momento se podrían haber solucionado algunos agravios, pero no, se profanaron de nuevo los cuerpos sin avisar".

Tampoco ha recibido apoyo de la Generalitat. "Me he sentido muy solo, y es una labor titánica" reconoce, señalando que el Gobierno vasco sí ha hecho una propuesta para que sean retornados los restos de los vascos enterrados en el Valle; "aquí nada". El programa de apertura de fosas comunes impulsado por Raül Romeva ha dejado de lado absolutamente a las víctimas de la Operación Caídos. Tampoco han reaccionado las familias del resto de víctimas de Lleida, reconoce. La próxima puerta: el Vaticano.